La Europa que nos espera

tiene mayores ayudas y créditos más abultados.En el fondo, lo que está en juego para Gobierno y empresas es conseguir una parte importante de la tarta presupuestaria de la CEE, que asciende el año próximo a 3,5 billones de pesetas. De ellos hay que descontar los 170.000 millones que consumen los gastos de funcionamiento, pero hay que añadir más de 700.000 millones de créditos privilegiados que otorgará en conjunto el Banco Europeo de Inversiones aparte de otros recursos extraordinarios que la CEE arbitra en caso de urgente necesidad. Para pertenecer a la Comunidad hay que contribuir, pero el aliciente lo constituyen los fondos que pueden revertir en nuestro beneficio directo.

Todavía es pronto para concretar los profundos cambios que la condición comunitaria va a ocasionar a la sociedad española. La vida subirá, pero mejorará de calidad. La economía española, protegida y subvencionada, tendrá que aprender a apañarse por sí sola. La competencia será brutal y vamos a asistir a un proceso muy dinámico de aparición y desaparición de empresas. Un técnico con bastante experiencia comunitaria opina que "el Gobierno ha negociado el tratado y algo ha aprendido, pero la empresa española no sabe lo que le espera".

En el mundo de los negocios del Mercado Común, la obsesión es comerciar. Y a esa actividad tendrán que dedicarse agricultores y empresarios, colocados ahora ante el reto del descubrimiento de Europa. Porque en medio de la crisis, aquí más aguda, con una tecnología atrasada, unas estructuras de producción menos eficaces, unas explotaciones agrarias con los problemas crónicos del mini y latifundio, lo que España principalmente aporta es un mercado apetitoso de 38 millones de consumidores para una Europa excedentaria.

Matrimonios de empresas

Los empresarios holandeses, alemanes, belgas, italianos o franceses ya han empezado a moverse. Cada día las oficinas comerciales españolas en el exterior, la Misión en Bruselas, el Ministerio de Economía y hasta la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE reciben decenas de consultas sobre cómo conseguir licencias para invadir España de bienes de equipo, leche, mantequilla, carne, trigo e incluso zapatos, que nos sobran. La solución está en pactar, dicen los expertos, porque han cambiado fundamentalmente las reglas del juego. Para la empresa española, ha llegado la hora de la colaboración, del do ut des, del 'hagámoslo juntos'. Es el momento de la subcontratación, de buscarse socios que distribuyan y complementen el producto. Pero para eso hay que organizarse.

La propia Comunidad ha entendido esa necesidad y tiene en marcha una Oficina de Matrimonios de Empresas, dirigida por un italiano, Luigi Morosi, que ahora se dedica en un 90% a España y Portugal. Su función es poner en contacto a empresas de distintos países que puedan complementar su actividad y establecer contratos de colaboración.

La CEE también promueve y concede ayudas a organizaciones agrarias, incentiva las agrupaciones de cornercialización. Todos los sectores productivos cuentan con representación en Bruselas y defienden sus intereses ante los múltiples comités consultivos, de los que sólo para la agricultura existen 26, organizados por productos. Pero con el derecho comunitario en la mano las asociaciones empresariales españolas tendrán que cambiar de naturaleza y perderán gran parte de sus actuales competencias, no podrán decidir ya sobre condiciones comerciales y fijación de precios.

Hasta ahora la economía española tiene cuatro representantes en Bruselas: dos por CEOE y dos por las cámaras de comercio. Antes de un año tendrán que ser centenares, que se sumarán a los 7.000 representantes europeos que integran los numerosísimos lobbies sectoriales ante la CEE. En el Mercado Común, la política de pasillos ha perdido su significado peyorativo. Se trata de la justificada defensa de intereses, de conseguir influencia y obtener información.

La hora de los 'consultings'

Para una empresa puede ser decisivo conocer antes que nadie la posibilidad de importar una partida de camisetas o de cualquier otro producto con arancel cero, porque siempre se trata de un contingente limitado. Saber a dónde exportar, cómo y cuándo, resuelve los resultados de un ejercicio y significa sembrar para asegurarse un futuro. "Lo importante es lo que no está en el tratado de adhesión", afirma un asesor, de empresas acostumbrado a bucear en los recovecos de las normativas. El derecho comunitario tiene a veces fisuras y, como asegura un empresario, "los países comunitarios, sin arancel, han creado otros mecanismos muy sutiles para proteger sus mercados. Tienen una. experiencia de 20 años, mientras nosotros, protegidos por un arancel alto, no nos hemos preocupado y ahora hay que empezar de cero". A dar información se dedican los consulting, que proliferan como hongos, dispuestos a asesorar a bajo precio. Uno de ellos, Irelco, que heredó en su día asuntos de otra empresa -APROCE- en la que colaboró Joaquín Almunia, el actual titular de Trabajo, en sus años de Bruselas, tiene su punto de mira puesto en nuestro país. Irelco lleva siete años asesorando a El Corte Inglés (legislación comparada sobre grandes almacenes, horarios comerciales, etcétera), ha hecho un estudio sobre el sector de vinos de jerez, gestiona un contrato para asesorar a la Xunta de Galicia y organiza el primer lobby español de los productores de aceituna de mesa, que exportan cada año por valor de 23.000 millones de pesetas.

También el ex ministro Fernando Morán piensa dedicar parte de su experiencia adquirida al frente de la negociación como titular de Exteriores en asesorar a las empresas de cara a la CEE, desde su puesto de presidente de la sociedad Servicios Integrados de Asesoramiento y Gestión. El gabinete jurídico Pombo abrirá próximamente una oficina en Bruselas, muy cerca del edificio Berlaymont, sede de la Comisión de la CEE. Otros prefieren concertar acuerdos de colaboración con gabinetes ya establecidos en la capital europea.

Con el nuevo año, el derecho español se verá engrosado por 35.000 páginas del Boletín Oficial de las Comunidades -100.000 folios Dina-4 escritos a doble espacio-, donde se recopilarán las normas del derecho derivado comunitario. Se trata de algo más de 900 directivas y otros muchos regiamentos y decisiones que desde el 1 de enero serán ley. Las normas comunitarias serán de aplicación directa sin necesidad de su publicación en el BOE, a pesar de que el artículo 1.5 del Código Civil así lo dispone. El Tratado de Adhesión recoge la cesión de soberanía para la aplicación de un derecho supranacional.Para su versión en español han trabajado -y todavía continúan- 13 equipos de traductores en España, 30 lingüistas y juristas traductores españoles en la Comisión Europea y otros nueve en el Consejo de Ministros. La CEE mete prisa porque el 1 de enero todo ello ha de estar publicado para su plena puesta en vigor, y existe el serio peligro de que las normas relativas al sector agrario no estén traducidas a tiempo. En caso de conflicto, es la propia Comisión la que correría con las compensaciones derivadas de algún incumplimiento.

El derecho comunitario tendrá que ser aplicado por los jueces españoles, lo cual acentuará gravemente la lentitud con que se mueve la justicia española. Todavía nadie ha previsto de qué forma van a adquirir el conocimiento de ese cuerpo de derecho, ni siquiera si van a recibir cada día el Boletín Oficial de las Comunidades.

Entre los abogados españoles se tiene la impresión de que, para salir del paso, los jueces van a optar por someter muchos de los temas a consulta (decisión prejudicial) del Tribunal de Justicia de la CEE, lo que alargará entre uno y tres años los procesos. Si Bruselas es la capital de la CEE, para España, un país con gusto por el litigio, lo será sobre todo Luxemburgo, sede del tribunal comunitario. El principal problema, según el jurista Rodrigo Uría, es que "se trata del primer caso de un país importante, económicamente hablando, que se adhiere a la CEE con un sistema jurídico obsoleto".