El Gobierno ultima los nombramientos y la estructuración de la política española para las nuevas relaciones con la CEE

El titular de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, y el secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, Manuel Marín, han estado ultimando en estos días la reestructuración de la política española con respecto a la CEE. El nuevo diseño de la política comunitaria implica una reorganización de la Secretaría de Estado, el nombramiento de un segundo comisario -que puede ser consensuado con la oposición- y el reforzamiento de la representación permanente en Bruselas. Aunque las decisiones últimas corresponden a Felipe González, fuentes del Gobierno han insistido en la urgencia de los nombramientos, que se han "retrasado excesivamente por la crisis del Gabinete".

El Gobierno, como consecuencia del ingreso efectivo de España en la CEE el próximo 1 de enero, tiene que llevar a cabo una profunda remodelación de la política comunitaria para asumir la enorme actividad derivada de la adhesión. Los cambios y modificaciones se producirán a tres niveles. En primer lugar, la reestructuración de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE y la adecuación de los ministerios afectados a la política comunitaria. Por otro, el reforzamiento de la Representación Permanente ante la CEE, que sucederá a la actual Misión Española y que garantizará una parte importante de las tareas de participación española en las decisiones comunitarias. Y, por último, la elección de los dos comisarios que corresponden a España, así como la selección de los funcionarios de alto nivel y de los representantes españoles en instituciones comunitarias.Los reorganización de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE es el tema que más preocupa porque éste será el organismo encargado de coordinar la política de los diferentes ministerios con respecto a la Comunidad. La sustitución de Manuel Marín, que pasará a ocupar el cargo de comisario europeo, es el mayor problema. Para sustituirle se han barajado nombres como los de Carlos Westendorp, uno de los coordinadores del grupo negociador, que también suena como futuro representante español en Bruselas, y Manuel Medina, diputado socialista y catedrático de Derecho Internacional, aunque otras fuentes argumentan las preferencias de Felipe González a que el responsable máximo sea un político antes que un técnico.

La ubicación orgánica de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE era otro de los problemas a resolver para evitar las fricciones que se produjeron en algún momento de la negociación, cuando se hacía difícil al secretario de Estado imponer su criterio a un ministro sectorial más preocupado por los intereses concretos de su departamento que por el equilibrio global de la negociación. La opción parece ser mantenerla integrada en Asuntos Exteriores, aunque es necesario, según una fuente de este ministerio, "que a la vez esté directamente vinculada al presidente del Gobierno o al vicepresidente para asegurar su funcionamiento y evitar los problemas de competencias".

Coordinación ministerial

La coordinación interministerial para el desarrollo y aplicación de la política comunitaria se realizará aprovechando el núcleo de la task force, el equipo técnico que negoció el tratado de adhesión. A partir de enero, los ministerios afectados, fundamentalmente Exteriores y Agricultura, tendrán que dedicar la mayor parte de sus efectivos de alto nivel a las relaciones con el Mercado Común. El titular de Exteriores tendrá que asistir a un Consejo de Ministros comunitario cada tres semanas, sin contar las reuniones extraordinarias. Según el actual embajador ante la CEE, aproximadamente la mitad de los viajes del ministro tendrán como destino Bruselas.Actualmente España asiste como observador a las reuniones comunitarias y participa ya, con voz pero sin voto, en más de un centenar de comités. Incluso cuenta con un plazo de ocho días para poner objeciones a cualquier decisión comunitaria que pueda afectarle tras el ingreso.

Para la Representación Permanente en Bruselas, el proyecto es pasar de los actuales 16 diplomáticos a 40, lo que hará un total de 90 personas, incluido el personal auxiliar y administrativo. El representante permanente asiste a las reuniones preparatorias de los Consejos de Ministros de la CEE. El Estado ya ha adquirido un solar próximo al edificio de la Comisión Europea para establecer una nueva sede más amplia que la actual Misión Española, que albergará también en el futuro a la Embajada de España en Bélgica. Pero el problema más urgente es el de las comunicaciones. En la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE se insiste en que la necesidad de conocer las resoluciones y de adoptar decisiones con urgencia exige sustituir la actual comunicación por valija por un sistema de telecopiadora moderno que envíe copias simultáneas a los departamentos afectados.

Para cubrir una de las dos plazas de comisario europeo parece segura la designación de Manuel Marín, pendiente de la confirmación oficial por el presidente del Gobierno, Felipe González. El otro, cuyo perfil y características puede ser consensuado con la oposición, podría recaer en el ex vicepresidente Fernando Abril Martorell, aunque el propio interesado lo desmiente, quizá para que su nombre no se vea quemado. También aspira al puesto Eduardo Punset, que recientemente visitó Bruselas, acompañado de Adolfo Suárez, para entrevistarse con el comisario Lorenzo Natali.

El primer comisario, Marín, ocuparía una de las vicepresidencias de la Comisión Europea y la cartera de Asuntos Sociales. El segundo comisario se hará cargo, casi con seguridad, de la titularidad de Transportes. Estas dos responsabilidades, de peso menor, pueden verse compensadas con alguna dirección general fuerte, aunque no es fácil que se nos conceda la de Agricultura. España contará con dos direcciones generales dentro de la Comisión Europea, y una de ellas, según algunas fuentes en Bruselas, puede ser la de Información, que goza de bastante prestigio.

Aparte de estos nombramientos, a nuestro país le corresponden más de un centenar de funcionarios de alto nivel, cuya importancia es decisiva, a pesar de que trabajen para la CEE. España tiene derecho a representantes en otras instituciones comunitarias, como el Tribunal de Justicia (un juez) y el Banco Europeo de Inversiones (un vicepresidente, cargo que deberá ceder a Portugal en uno de cada tres turnos).