Las hijas de Galdeano se querellan contra quienes vincularon a su padre con ETA

Begoña y Carmen Galdeano Prieto, hijas de Xabier Galdeano -cuyo asesinato el pasado 30 de marzo se lo atribuyeron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)-, han presentado una querella criminal por calumnias contra los responsables de haber acusado a su padre de implicación con ETA. La querella ha correspondido, por reparto, al titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Madrid, Joaquín Navarro Estevan, quien decidirá la próxima semana sobre su admisión y, en su caso, sobre las diligencias solicitadas, entre ellas la declaración del ministro del Interior, José Barrionuevo, y altos cargos de su departamento.

Las querellantes, asesoradas jurídicamente por el abogado Iñaki Esnaola, acusan de calumnias a quienes elaboraran y pusieran en circulación la información que, procedente de "fuentes policiales", se emitió y publicó en numerosos medios de comunicación social los días 31 de marzo y 1 de abril de 1985, en la que se contienen, afirman, "falsas imputaciones de delitos contra Xabier Galdeano". Según los recortes de prensa que se adjuntan a la querella, la gran mayoría de los periódicos atribuyen las acusaciones a Galdeano de implicación con ETA a fuentes o medios policiales, con excepción de EL PAIS que concretó más la fuente, al referirse a "fuentes policíales especializadas en la lucha antiterrorista".La querella recoge que las informaciones distribuídas por las agencias Efe y Europa Press imputaban a Galdeano ser miembro de la dirección de ETA, concretamente de su comité ejecutivo; ser responsable de finanzas de ETA, encargado de blanquear el dinero obtenido del impuesto revolucionario, o ejercer el control de las empresas de apoyo financiero a ETA. Las querellantes estiman que tales acusaciones constituyen el delito de calumnias tipificado en los artículos 453 y 454 del Código Penal, por cuanto implican imputar a Galdeano su pertenencia a banda armada, delito tipificado en el artículo 174 del mismo código.

Las hijas de Galdeano señalan que su padre fue condenado por la Audiencia Nacional el 30 de abril de 1980 a un año de prisión -que no cumplió, por remisión condicional de la condena- por colaboración con grupo armado. Aparte de esta sentencia, referida a hechos ocurridos en 1979, no existen posteriormente antecedentes judiciales ni policiales contra Galdeano. Las querellantes recuerdan que su padre fue detenido en enero de 1982 por la Guardia Civil durante cinco días, e incomunicado, en aplicación de la ley Antiterrorista, y seguidamente puesto en libertad sin cargos.

Delegado en San Juan de Luz

Sin embargo, la intranquilidad "por las detenciones arbitrarias que se producen en el País Vasco", dicen las querellantes, movió a ORAIN, SA, empresa editora de Egin, de la que su padre era consejero, a enviarle de delegado a San Juan de Luz, en donde el 30 de marzo de 1985 encontró la muerte, en un asesinato reivindicado por los GAL. La querella recoge un comentario de José Oneto en el número 698 de Cambio 16, correspondiente a la semana del 15 al 22 de abril de 1985, en el que se refería al "intento de la policía española de presentar a Galdeano como miembro del comité de finanzas de ETA" y a una información del mismo número que recogía de "un alto cargo del Ministerio del Interior" que la policía sospechaba que Galdeano era un correo o un enlace de ETA.Las hijas de Galdeano proponen al juez la declaración del ministro del Interior, José Barrionuevo; director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; director general de la Policía, Rafael del Río; director general de la Guardia Civil, teniente general José Antonio Sáenz de Santamaría, así como de los responsables respectivos de las áreas de información nacional de las agencias Efe y Europa Press.

La querella es de 5 de julio de 1985, dos días después de que se publicara que la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó la querella interpuesta por la familia de Galdeano contra el ministro del Interior, José Barrionuevo, por las informaciones de procedencia policial que vinculaban con ETA al asesinado. Según Efe, fuentes del Tribunal Supremo indicaron que no se había acreditado que Barrionuevo ordenase la divulgación de tales informaciones.