Una propuesta González-Thatcher

CON MOTIVO de una reciente reunión en Londres de la American Bar Association -que concita a lo más granado del mundo del derecho-, la primera ministra Margaret Thatcher hizo un llamamiento a la autolimitación de la Prensa para la publicación de informaciones y reportajes sobre el terrorismo. La petición de Margaret Thatcher es equivalente a la realizada hace aproximadamente un mes por Felipe González y coincide con declaraciones similares de otros gobernantes de Europa occidental y Estados Unidos. Aunque los representantes de algunos medios de prensa han hecho oír ya su protesta, prevalece la impresión de que estas sugerencias de autocensura realizadas por los poderes públicos podrían ser seguidas por limitaciones legales a la información en el caso de que los periodistas no atendieran voluntariamente el ruego.En el caso de España las limitaciones legales existen ya de hecho, aunque no hayan sido todavía plenamente utilizadas en la práctica. La ley antiterrorista de 26 de diciembre de 1984, contra cuyo sospechoso articulado el Defensor del Pueblo no quiso en su día presentar el recurso de inconsticonstitucional que eminentes juristas recomendaban, prevé el cierre provisional de los medios de comunicación y la ocupación material de sus instalaciones y maquinarias sin mas trámite que la admisión por el juez de la querella presentada por el ministerio fiscal contra supuestos delitos comprendidos en esa norma que hubiesen sido cometidos por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio que facilitase su publicidad. La gravedad de ese cheque en blanco extendido a favor del fiscal para clausurar periódicos, revistas o emisoras de radio adquiere todo su relieve cuando se recuerda que uno de los delitos perseguidos por la legislación antiterrorista es la imprecisa apología de los delitos terroristas. La imposición de esta pena -pues tal es la auténtica naturaleza jurídica de esa pretendida medida cautelar- sin previa sentencia firme no sólo contradice los principios de legalidad y seguridad jurídica sino que también resucita las prácticas de censura previa que el artículo 20 de la Constitución prohibe taxativamente. Así pues, la sugerencia del presidente del Gobierno no necesita -en el caso español- de la amenaza de cambiar la legislación, sobradamente eficaz ya para aplicar la censura de prensa sin más requisito..que la interposición de una querella por el ministerio fiscal (dependendiente del Fiscal del Estado designado directamente por el Gobierno), y su aceptación por el magistrado.

Las razones esgrimidas, por lo demás, para justificar la petición de autocensura no resisten un análisis serio, sea cual sea el punto de vista que se adópte. La restrición de la información para evitar la publicidad buscada por los terroristás con sus crímenes contradice el ejercicio de las libertades que han dado históricamente origen a las democracias. La experiencia ha demostrado sobradamente que el silencio, la ocultación y el misterio constituyen el mejor caldo de cultivo para toda clase de ilegalidades, delitos y abusos. Cuando los Gobiernos hacen hincapié en lo negativo de la publicidad que los terroristas obtienen con las noticias de sus hechos sangrientos olvidan que el derecho a conocer por parte de los ciudadanos es fundamental en toda democracia. La sociedad tiene derecho a saber sobre ella misma, y de manera fundamental sobre los aspectos aberrantes o que llevan consigo un disentimiento respecto a las normas establecidas. Desde este punto devista no existen razones mayores para silenciar las informaciones sobre actos terroristas y no hacerlo, por ejemplo, sobre la delincuencia común.

Cuando se esgrime además la suposición de que el terrorismo causa alarma entre la población, y por eso deben limitarse las informaciones sobre.sus actuaciones, cabe añadir que si se censuraran todas las informaciones que causan alarma entre los ciudadanos prácticamente no se podrían publicar los periódicos. La mejor manera de alarmar a una sociedad madura y democrática es, de otra parte, dejarla sometida al bulo y al rumor, que parece inmediatamente cuando la información fiable es escamoteada por los periódicos y por los servicios informativos de radio y televisión. La existencia de una nutrida red de comunicaciones alternativas -el teléfono, la fotocopiadora, los modernos sistemas de transporte- favorece además este crecimiento del bulo cuando no existen referencias fiables o seguras que den credibilidad a la información.

Y este último punto nos permite meditar también sobre la inutilidad práctica de la medida propuesta. Habida cuenta de que los terroristas buscan publicidad -pero no sólo publicidad- con sus actos, si ésta les fuera negada cuando cometen atentados individuales, tratarán de elevar la gravedad y el dramatismo de sus acciones criminales a fin de conseguir esa atención que se les escamotea. Si el asesinato por la espalda de un guardia civil o de un general no obtiene la repercusión social que buscan, ensayarán técnicas de terrorismo indiscriminado -como las empleadas en la estación de Bolonia- y tratarán de provocar sucesos de magnitud tal que ante ellos cualquier autolimitación resulte imposible.

Las protestas de Thatcher y González parecen partir de una distorsión seria del entendimiento de la democracia por parte de los poderes públicos. Y no difieren mucho, en lo profundo de su razonamiento, de las actitudes de los regímenes que impiden la libre prensa. También son una especie de confesión flagrante de la incapacidad de sus Gobiernos para.poner coto al fenómeno terrorista. No negamos la dificultad del empeño, pero criticamos que se pretenda abordar a costa del ejercicio de las libertades de los ciudadanos. La Prensa occidental tiene una larga tradición de cooperación con las autoridades en la lucha contra el bandidaje político. Pero lo que estos jefes de Gobierno democráticos nos están sugiriendo ahora, simple y llanamente, es la implantación de la censura para determinados aspectos de la convivencia social. El hecho de que lo hagan casi al unísono no debe de ser casual. Es como si los líderes de Occidente se hubieran puesto de acuerdo para acumular límites, controles y amenazas sobre el ejercicio de la libertad de información. La sospecha de que esa actitud compartida nace de entrevistas bilaterales o multilaterales entre los Gobiernos hace más ominosa la amenaza.

Demasiadas veces se ha dicho que la responsabilidad de los diarios no estriba en callar las noticias, sino precisamente en publicarlas. Y ante sugerencias tan claramente regresivas como las de González-Thatcher sólo cabe recordar las palabras del ex presidente Jefferson de E stados Unidos cuando desempeñaba la Embajada en París: "Puesto que nuestra nación esta basada en la opinión pública, entre tener un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, me quedo con esto último". .