Denunciado por soborno un empleado de la Audiencia Territorial
Enrique de Castro, sacerdote de una parroquia de Vallecas, denunció el pasado lunes en el juzgado de guardia a un funcionario de la sección séptima de la Audiencia Provincial por un presunto delito de soborno y falsificación de documento. Según la denuncia, el funcionario, cuyo nombre es Carlos, recibió 50.000 pesetas de la madre de un recluso que desde el pasado martes cumple condena por robo en la prisión de Meco (Madrid), para evitar que se aplicara una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.
Un magistrado de la Sala Séptima afirmó ayer que en ese departamento no existe ningún funcionario que se llame Carlos y que no existe conocimiento oficial de la denuncia, por lo que se investigará cuando ésta sea comunicada. El texto de la denuncia asegura que una mujer, cuyo nombre corresponde a las iniciales S. S., entregó las pasadas navidades 50.000 pesetas a un funcionario de la sala séptima de la Audiencia Territorial que le había prometido que no se llevaría a efecto la sentencia del Tribunal Supremo condenatoria para su hijo, que entonces estaba en prisión preventiva.
Dos años de condena
La entrega del dinero se efectuó, de acuerdo con la denuncia, en una cafetería, en presencia de una amiga de la mujer y de un médico, llamado Alberto Alemán, que trabaja en el Hospital Militar Gómez Ulla.En el pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años dictada por la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid contra el hijo de la mujer, G. V., por un delito de robo. Ratificada la sentencia, la madre del recluso visitó de nuevo al funcionario, que le facilitó una fotocopia de una orden de libertad de su hijo correspondiente a una condena anterior, ya cumplida, para que transcribiera el texto de la fotocopia en unos papeles en blanco con el membrete del juzgado y sellados por la oficina ejecutora de la Audiencia Provincial, pero sin firma alguna de magistrado.
La mujer debía enviar por correo a la prisión de Carabanchel, donde estaba detenido su hijo, la orden de libertad falsificada.
S. S. llamó el pasado martes al funcionario, en presencia de testigos, y le aseguró que no podría conseguir la libertad de su hijo si en el papel no figuraba la firma de un magistrado. La mujer alegó también que cuando la prisión de Carabanchel enviara a la Audiencia el telegrama en el que se notificaba la puesta en libertad del muchacho volverían a encarcelarlo. El funcionario, afirmó entonces que durante el mes de agosto las salas están de vacaciones y que se encargaría de recoger el telegrama de la prisión en la Sección Tercera de la Audiencia, que condenó al recluso.
Tras finalizar la conversación telefónica, Enrique de Castro, acompañado de un abogado, presentó la denuncia en el juzgado de guardia, el número 33, que instruye las diligencias.
