El Tribunal Constitucional admite un recurso sobre la Caja Rural de Cantabria

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado miércoles el recurso positivo de competencia presentado por el Gobierno central contra el decreto del Ejecutivo cántabro que pretendía intervenir en las cooperativas de crédito, y especialmente en la Caja Rural de Cantabria. Esta, pese a los intentos del Gobierno regional por impedir o demorar el proceso de normalización, celebró el pasado fin de semana una asamblea general, en cuyo transcurso fue reelegido como presidente del consejo rector Ciriaco Díaz Porras.

VÍCTOR GIJÓN El citado decreto queda ahora suspendido por cinco meses, plazo durante el cual el alto tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión de la normativa dictada por la comunidad autónoma.El Gobierno regional, según manifestó su portavoz, no ha recibido confirmación oficial de la suspensión del decreto sobre cooperativas de crédito aprobado por el consejo de gobierno de la diputación regional el pasado 4 de julio. Sobre dicha aprobación existe cierta polémica, ya que pese a que en la referencia oficial de la reunión del Ejecutivo se afirmaba que su aprobación se produjo a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, éste se encontraba fuera de Santander desde días antes de la toma en consideración del decreto.

El consejero de Economía, Serafín Fernández Escalante, respondió con un "no tengo nada que comentar" al ser preguntado sobre los hechos anteriormente referidos. Asimismo, se ha podido saber que ningún alto cargo de la citada consejería participó en la redacción del decreto que fue encargado a dos abogados ajenos a los servicios jurídicos de la Administración autónoma.

La asamblea general de la Caja Rural de Cantabria, a la que asistieron 39 de las 140 cooperativas socias, reeligió por 28 votos contra nueve obtenidos por el otro candidato, a Ciriaco Díaz Porras, que desde 1983 viene presidiendo la entidad. Díaz Porras sustituyó a los gestores provisionales nombrados por la Caja Rural Nacional, después de que el Ministerio de Economía cesase, a petición del Banco de España, a los anteriores gestores, algunos de los cuales se encuentran actualmente incursos en distintas causas judiciales.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha remitido a la Audiencia Provincial de Jaén la auditoría que sobre Uteco, Cooperativa Provincial Agrícola y Caja Rural de Jaén, elaboró en 1983 la Intervención del Estado sobre el ejercicio económico de 1982, cuando Domingo Solís ocupaba la presidencia de Uteco y Caja Rural, por considerar que pueden existir hecho constitutivos de delito, informa desde Jaén Javier Fuentes.

Auditoría de Uteco

La auditoría de Uteco fue remitida a primeros de este año a la Fiscalía General del Estado, puesto que la Audiencia de Jaén se declaró incompetente para investigar las presuntas irregularidades económicas cometidas. La de Uteco formaba parte de un paquete de 300 auditorías que fueron remitidas para su estudio al Parlamento y que el propio presidente del Gobierno, Felipe González, calificó como "auditorías de infarto". De las 300 auditorías, 70 -incluida la de UTECO- fueron enviadas a la fiscalía por si fueran constitutivas de delito.

Ahora, la fiscalía ha enviado la auditoría a la Audiencia de Jaén por considerar que ésta es totalmente competente para investigar las presuntas responsabilidades derivadas de las actuaciones llevadas a cabo en Uteco, Caja Rural y Cooperativa Provincial Agrícola.

Una vez que la auditoría sea recibida en la Audiencia, el fiscal jefe deberá abrir las investigación es que considere oportunas para su esclarecimiento. De esta forma, es probable que Domingo Solís y otras personas vinculadas en su día a las citadas entidades financieras tengan que volver a prestar declaración ante la Audiencia Provincial de Jaén.