Las elecciones generales bolivianas se realizarán definitivamente el próximo domingo

Las elecciones generales en Bolivia se realizarán definitivamente el próximo domingo, día 14 de julio. Por falta de quórum no pudo reunirse ayer el Congreso boliviano, como deseaba el Gobierno, para atrasar las elecciones del domingo hasta el 15 de septiembre, por lo cual los comicios se celebrarán en la fecha prevista.

Sólo 47 diputados se presentaron en el Congreso, de un total de 130, y cinco de los 27 senadores, razón por la cual el presidente de la Cámara de Diputados, Samuel Gallardo, ordenó suspender la sesión extraordinaria del Congreso.El Gobierno, la Central Obrera Boliviana, y casi toda la izquierda querían retrasar tres meses las elecciones, mientras la derecha y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) estaban a favor de celebrarlas este domingo.

El Congreso extraordinario de Diputados (130)- y Senadores (27) que debía estudiar la petición presidencial de aplazar las elecciones generales del domingo en Bolivia hasta el próximo 15 de septiembre estaba citado para las tres de la tarde de ayer, hora boliviana (nueve de la noche en Madrid), en La Paz.

Ante la falta de quórum -la mitad más uno de los congresistas- era improbable que el Congreso pudiera decidirse sobre el aplazamiento.

Sólo albergando veladas dosis de insensatez se podían hacer pronósticos políticos en esta República, pero estaba en el ambiente que las elecciones generales del domingo se celebrarían y que el congreso de ayer no habría reunido el quórum necesario. La casi totalidad de los congresistas se encontraba en campaña electoral y la mayoría de los partidos no deseaba que regresasen a tiempo a La Paz para la cita extraordinaria del poder ejecutivo.

Para ello y sin incurrir en desacato tenían dos excusas: el Gobierno había de proveerles de fondos y transporte para regresar con urgencia a la capital política -la histórica y judicial es Sucre-, y las comunicaciones interiores son absolutamente imprevisibles; las intrincadas redes ferroviarias y camineras pueden ser cortadas durante horas y hasta durante semanas por cualquiera de las innumerables huelgas activas que padece el país o hasta por el cruce y autoestabulación entre las filas o en el camino de un altivo rebaño de llamas.

Pero todo eran disquisiciones sobre el sexo de los ángeles constitucionales ante la realidad de que una mayoría de la opinión pública, la oposición de derecha y centro-derecha que se sabe triunfante, las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y la embajada de los Estados Unidos deseaban que se cumpliese el compromiso electoral de pasado mañana. Sólo el partido del Gobierno -Movimiento Nacional Revolucionario de Izquierdas-, seguro derrotado en los comicios, la extrema izquierda que propugna el rechazo a las elecciones y los poderes fácticos de la Central Obrera Boliviana y los sindicatos, pretendían el aplazamiento.

Graves irregularidades

Sobre unos siete millones de votantes, se han inscrito en los censos algo más de dos millones de ciudadanos, sólo el 70% de los supuestos electores, y se estima que de éstos al menos un 20% se abstendrá de ejercer su derecho. Por otra parte, se han detectado graves irregularidades en la confección de los censos en las zonas cantoneras sujetas a una rápida emigración hacia los centros urbanos. Bajo estas premisas, el Gobierno y los sindicatos querían hacer valer el retraso electoral.La oposición democrática, al margen de la Alianza Democrática Nacional del general Hugo Bánzer, que no duda de su triunfo, aduce que el país puede darse con un canto en los dientes si vota la mitad del censo y que tal porcentaje es admisible e incluso excelente en cualquier democracia parlamentaria; en las elecciones que habrían de repetirse en caso de comprobación de un solo fraude y que en los distritos en los que no se haya tenido tiempo de elaborar censos fiables los comicios pueden celebrarse el domingo siguiente al de la elección.

La realidad es otra y los errores y hasta violaciones del censo son una excusa que empaña el problema general. Una inflacción que economistas igualmente competentes puntuan entre el 8.000% y el 12.000% anual, más la acumulación de fallos estructurales congénitos -economía de la cocaína y contrabando institucionalizado-, el entreguismo de Siles a las continuas reivindicaciones salariales de los sindicatos, han propiciado un giro a la derecha del país.

El dinero ha quedado destruido; la habitación de un hotel cuesta 24 millones de pesos bolivianos diarios, más el 20% de impuestos, y el precio se alza por semanas. Un diario cuesta 100.000 pesos y el dólar negro, en continua trepada, se cotizaba ayer a 750.000 pesos bolivianos. No hay suficientes bolsillos para guardar los billetes.

Como en Argentina, los políticos especulan con la necesidad de dar muerte al peso inflacionado y cambiar el signo de la moneda, pero no pueden, como el Gobierno de Alfonsín, congelar salarios que en Bolivia alcanzan los 12 dólares mensuales.

En este contexto es en el que se ha nutrido la propaganda electoral del ex dictador Hugo Bánzer -a quien los sindicatos acusan de estar financiados por el Partido Republicano estadounidense- que permita un Gobierno fuerte.

En estas extrañas vísperas electorales convocadas anticipadamente por el Gobierno y que el Gobierno quería retrasar, los sindicatos están realizando una prueba de fuerza que, pese a su magnitud, no es ni mucho menos la más grave de las sufridas en los últimos años por el Gobierno constitucional: huelgas en el Banco Central de Bolivia, entre los maestros, los mineros y los zafreros; serias posibilidades de que se interrumpan coactivamente las comunicaciones terrestres y aéreas el día de la votación; 200 cartuchos de dinamita decomisados en las últimas 48 horas y sólo en La Paz, por la policía de manos de extremistas...

Por lo demás, La Paz -raro nombre para una ciudad donde durante el golpe del general García Meza contra la presidenta Lidia Gueiler en julio de 1980 se produjeron 1.500 muertos y 2.500 detenciones- vive una calma bastante completa y se confía no sea el calmón que precede a las tempestades. Pese a todo la campaña es apreciablemente correcta y, salvo excepciones, los candidatos no se agreden desaforadamente como en elecciones anteriores.