La Caja Rural de Santander se niega a entregar documentación de la entidad al Gobierno cántabro

Funcionarios de la Diputación Regional de Cantabria no pudieron obtener, a últimas horas de la mañana de ayer, diversa documentación en la oficina principal de la Caja Rural de Santander, ante la negativa del presidente de la entidad, Ciriaco Díaz Porras. Entre' los documentos solicitados se encontraba el libro de socios, las remuneraciones de los consejeros y la relación de cuentas bancarias que mantiene la caja en otras entidades regionales y nacionales.Los funcionarios regionales invocaron en su acción el decreto promulgado por el Gobierno regional el pasado martes, por el que se regulan las cooperativas de crédito, y que fue impugnado en el último Consejo de Ministros por considerar que invadía competencias exclusivas de la Administración central. Dicha impugnación conlleva la suspensión inmediata del decreto hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el conflicto de competencias entre ambas administraciones.

Paralelamente al intento de intervención de la caja rural, el Consejo de Gobierno de Cantabria hacía público, tras la reunión mantenida con carácter deliberante, un comunicado oficial en el que afirma no tener confirmación oficial del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, si bien añade que su opinión es de que el decreto "en su conjunto no es inconstitucional". Para el Gobierno cántabro, habrá que esperar a recibir la comunicación oficial para adoptar las decisiones oportunas.

Sin embargo, el secretario general de la delegación del Gobierno en Cantabria venía a desmentir la referencia oficial del Consejo de Gobierno al confirmar que, a últimas horas de la mañana de ayer, fue enviado a la diputación cántabra un duplicado del acuerdo tomado anteayer por el Consejo de Ministros. Aquél tuvo entrada en el registro de la diputación regional con una hora al menos de antelación a la conclusión del Consejo de Gobierno.

El Gobierno central basa su decisión en el artículo 161.2 de la Constitución que permite impugnar acuerdos y resoluciones de las comunidades autónomas con efectos inmediatos suspensorios, si bien en un plazo no superior a cinco meses la decisión debe ser confirmada o rectificada por el Tribunal Constitucional. La rapidez con que se ha producido la decisión del Gobierno viene determinada por la convocatoria de la asamblea general de la caja rural para renovar su junta rectora, que tendrá lugar mañana, sábado. Dos listas se enfrentan para ocupar los órganos directivos de la caja dos listas: la del actual presidente Díaz Porras y la de Valeriano Hermosa, quien encabezó el grupo de cooperativas socias de la caja que más directamente estaban vinculadas a la gestión anterior, impugnada por el Banco de España.