Pesimismo sobre la posibilidad de acuerdos en el cálculo de las futuras pensiones
Las reuniones que hasta ahora han mantenido miembros de UGT y el PSOE no han logrado desbloquear el punto relativo al cálculo de las futuras pensiones. El consenso en este tema parece especialmente dificil, lo que invalidaría cualquier acuerdo global entre ambas organizaciones, y representantes de las mismas no han ocultado un cierto pesimismo sobre las posibilidades de entendimiento. Sin embargo, hoy o mañana se celebrará un nuevo encuentro entre el partido y el sindicato, del que se espera que salga una decisión definitiva.
Las divergencias entre el PSOE y UGT para alcanzar un mínimo consenso en el proyecto de pensiones siguen centradas en el sistema de cálculo para establecer la cuantía de las futuras prestaciones. El proyecto recoge que se tengan en cuenta las cotizaciones de los últimos ocho años, revalorizando los seis primeros años y dejando en su valor nominal los dos últimos. UGT exige que se establezca una fórmula que evite el recorte inicial en la pensión, no perjudique a los futuros pensionistas y sea en sus resultados igual a la actual, en la que se toman los dos años que elija el trabajador.En los encuentros -oficiales o no- se han barajado fórmulas intermedias que tampoco convencen a una y otra parte. Así, se ha estudiado que fueran seis años y medio los revalorizados, aunque ello reduciría considerablemente el ahorro en el gasto. Y se ha analizado también la posibilidad, que parece consolidarse cada vez más, de ofrecer la ampliación de otros puntos en litigio para compensar la falta de acuerdo en el sistema de cálculo.
Se trataría de rebajar considerablemente las condiciones para poder acceder a las pensiones asistenciales a aquellos trabajadores que con los nuevos requisitos se vieran privados de pensión de la Seguridad Social. Actualmente se exige que los posibles beneficiarios tengan 69 años cumplidos y carezcan de otros ingresos -lo que se llamaba ser pobre de solemnidad
Rebajar la edad
Las propuesta en debate han tratado la posibilidad de reducir los 69 años a los 65, con el fin de poder acceder directamente a este tipo de pensión. Sin embargo, este punto plantea serias dificultades al tratarse de pensiones cuya concesión está transferida a las autonomías.El tercero de los puntos -sobre el que apenas existen discrepancias- es el de la revalorización automática de las futuras prestaciones. La modificación, que ya ha sido asumida por ambas partes, garantizaría la revisión automática de todas las futuras pensiones de acuerdo con las previsiones de inflación, y una segunda revisión adicional sólo para las pensiones más bajas en el caso de que hubiera desviaciones en los cálculos de inflación.
Otro de los puntos objeto de discusión está en estos momentos en el período transitorio establecido en las pensiones de invalidez. En este caso podría flexibilizarse el texto original.
Las dificultades de entendimiento, sin embargo, subsisten, y fuentes de ambas organizaciones no han negado que pueden cerrarse las negociaciones sin acuerdos completos. El propio ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, admitía ayer en Salamanca, según informa María del Mar Rosell, que, aunque, en su conjunto, los resultados del Acuerdo Económico y Social (AES) eran positivos, había que exceptuar el aspecto referido a la reforma de la Seguridad Social.
El ministro, que participó en uno de los cursos internacionales en el que hoy intervendrá Marcelino Camacho, dijo que aunque aún no hay datos, sí se sabe que en 1986 van a invertirse 30.000 millones de pesetas por efecto inducido de los fondos de inversión
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