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La vista oral sobre la muerte del 'grapo' Martín Luna arroja mas confusión sobre el caso

Milagros Pérez Oliva

La vista oral del proceso que se sigue contra tres inspectores del Cuerpo Superior de Policía de Barcelona, David León, Ángel Adame y Valentín Martín, por un supuesto delito de homicidio en la persona del dirigente de los GRAPO, Juan Martín Luna, ocurrida la mañana del 5 de diciembre de 1982, no sólo no aclaró lo sucedido el día de autos, sino que arrojó aún más confusión. A lo largo de la vista, que se prolongó hasta las 21.30, predominaron las frases de "no recuerdo" y "no me consta". Tanto el fiscal como la defensa pidieron la libre absolución, mientras que la acusación particular mantuvo que se había producido un homicidio.

El juicio dejó claro que el día de autos nueve o diez policías de la Brigada de Información del Cuerpo Superior de Policía de Barcelona montaron una operación especial de máxima seguridad en la calle de Cartagena esquina con la de Valencia para detener a un alto dirigente de los GRAPO sometido a vigilancia.Los tres acusados declararon que cuando aquella mañana dieron el alto a Martín Luna, éste sacó con su mano derecha una pistola y disparó contra ellos, iniciándose un tiroteo a una distancia de algo más de dos metros que no alcanzó a ninguno de los agentes y sí en cambio al agresor, que recibió 7 impactos de bala, cuatro de ellos en el pecho y uno mortal de necesidad, pues le atravesó el corazón por los dos lados. Los acusados declararon que en aquél momento creyeron que Martín Luna no estaba muerto, por lo que lo trasladaron al hospital después de llamar por teléfono a Jefatura para que enviara un vehículo.

La acusación particular, a cargo de Ignasi Doñate, trató de arrancar a los acusados y policías testigos la afirmación de que Martín Luna estaba muerto cuando lo trasladaron, pero no lo consiguió. El detalle tenía suma importancia, pues de admitir que estuviera muerto, hubieran tenido que explicar por qué no habían avisado al juez de guardia para que levantara el cadáver. Al no intervenir el juez, no existen fotografías de cómo quedó la víctima, ni otras pruebas, por lo que la única versión que queda es la de los propios acusados y sus compañeros de operación, en cuyas declaraciones se basaron los abogados defensores, Gonzalo Quintero y Francesc Jofresa, para sostener que hubo legítima defensa.

Por otra parte, la principal prueba pericial aportada al juicio, la de balística, era un informe efectuado por técnicos de la propia Jefatura de Policía sobre la pistola que supuestamente utilizó Martín Luna y sobre dos casquillos que, según los acusados, había encontrado en el lugar uno de los policías. Pero ninguna de las dos pruebas pudo aportarse a la vista oral porque han desaparecido. Según declaró en el juicio el que entonces era comisario-jefe del grupo de Investigación, José María Escudero, la pistola y los casquillos habían sido enviados a Madrid para su análisis. No aclaró, sin embargo, por qué no había entregado estas pruebas al juez, como es legalmente preceptivo, si cuando se enviaron a Madrid ya se habían iniciado las diligencias.

La existencia de estos casquillos y la identidad del policía que los recogió no fue mencionada por uno de los acusados en sus declaraciones al juez, aunque lo sabía, según dijo ayer, "para no entremezclar a un compañero más".

La versión de los acusados no quedó nada clara, a pesar del esfuerzo del presidente del tribunal, por las continuas vaguedades y frecuentes contradicciones en que incurrieron. El fiscal justificó las contradicciones indicando que, en un hecho tan lejano, "es posible que los recuerdos no coincidan".

Tampoco la acusación particular pudo probar nítidamente sus postulados. Sostuvo que Martín Luna era zurdo, que, por tanto, difícilmente podía haber disparado con la derecha, y que los acusados dispararon repetidamente sobre él para asegurar el resultado. Tras un largo interrogatorio, sólo obtuvo de los médicos forenses que al menos uno de los disparos pudo haber sido recibido por la víctima cuando ya se encontraba en el suelo.

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