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Editorial:

La locura como amenaza

ESTA SOCIEDAD no sabe qué hacer con sus enfermos mentales. El suceso de Alcalá de Henares (Madrid) -ver EL PAIS de 28 de junio-, donde un diagnosticado de oligofrenia ha matado a tres personas de su familia, -es la muestra aguda de una carencia que sobrepasa la de los medios materiales y entra en el terreno de una filosofía social confusa. Se ha salido de una etapa en la que los manicomios eran casas de terror y se practicaba una medicina punitiva, en la que el internamiento, en muchos casos, era injustificado, para entrar en otra en la que se abusa del concepto de libertad y respeto a la conciencia del otro. A partir de la gran oleada de la antipsiquiatría de los años sesenta y de la difusión de terapias blandas -los grupos, el psicoanálisis-, una corriente de pensamiento se ha manifestado en el sentido de que la acusación de locura es una forma de represión política y social sobre formas libres de pensamiento ajeno a las instituciones; la práctica psiquiátrica que se ha denunciado en la Unión Soviética ha ayudado a esta concepcion.Hoy, en España, predomina la teoría del tratamiento en régimen abierto y el derecho a la libertad del enfermo mental. Falta una verdadera definición de lo que es el enfermo mental y un raya que determine hasta qué punto la enfermedad es peligrosa para quien la tiene y para sus próximos, y hasta qué otro es una manifestación exagerada de criterios inusuales. En muchos establecimientos se aplican tratamientos a enfermos con horarios de salida, los cuales pueden mezclar perfectamente ese tratamiento con el uso de alcohol, aun en pequeñas cantidades, con resultados que la farmacología y la medicina consideran imprevisibles. Hay casos en los que enfermos recuperables carecen de tratamiento necesario porque lo rechazan, y médicos y familiares respetan su voluntad. Los jueces vacilan hoy mucho en determinar un internamiento, e incluso en privar de derechos civiles a los enfermos, aun con diagnósticos claros, precisamente como reacción a épocas anteriores en las que estas medidas se tomaban como castigo a una conducta reprobable por la sociedad o al escamoteo de bienes y propiedades. La policía no suele intervenir si no hay sangre; muchas veces incluso defiende la libertad del enfermo frente al deseo de retención expresado por las familias.

La Seguridad Social no suele reconocer los trastornos mentales como verdaderas enfermedades, y lo mismo pasa con entidades privadas de seguros médicos. Una tendencia a abaratar los gastos influye en estas medidas. Por otra parte, muchos sanitarios tienden a cargar la conciencia de los familiares acerca de la necesidad de mantener consigo al enfermo mental, lo cual puede bloquear familias y hogares con una vigilancia para la que no están preparados, y obligarles a suspender tratamientos que son imprescindibles. Es lógico que en torno a esta situación crezca una picaresca de supuestos psiquiatras, de prácticas dudosas, y de enfermeros y sanitarios a los que no se puede confundir con los especialistas de conciencia limpia.

Una mezcla de ideologías libertarías, pasados aterradores, burocracia sanitaria, pudores sociales, intereses, miedo a la toma de decisiones, mezcla de ideas mal divulgadas en torno a la droga o al alcohol, juicios políticos y de la sociedad con respecto a comportamientos atípicos, está falseando la situación. Como en tantas cosas, el paso de una sociedad represiva a una sociedad tolerante y abierta, tan deseable, está creando equívocos que se convierten en peligrosos. La triple muerte de Alcalá de Henares, en la que parece mezclarse un tratamiento, un internamiento terminado prematuramente y el uso del alcohol, llama la atención sobre la necesidad de que psiquiatras, legisladores, autoridades sanitarias y familiares de enfermos mentales lleguen a unas definiciones suficientes y a la adopción de unas medidas de protección de los enfermos y de la sociedad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de junio de 1985