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La Asociacion Contra la Tortura denunciará a los jueces, forenses y fiscales que actúen con negligencia

Tres abogados, dos profesores universitarios, dos periodistas, un sacerdote, un médico y un economista constituyeron el pasado viernes en Madrid la Asociación Contra la Tortura (ACT), cuya finalidad principal es denunciar ante la opinión pública y los tribunales de justicia todos los casos de tortura conocidos y estimular la conciencia ciudadana en favor del derecho a la vida y a la integridad física y moral. Entre otros procedimientos para luchar contra la tortura y ayudar a los torturados, la ACT anunció el ejercicio de la acción popular y la denuncia inmediata de profesionales de la justicia, como los fiscales, los médicos forenses y los jueces, que se comporten con negligencia en los casos en los que exista evidencia de tortura.

Fernando Salas, presidente provisional de la nueva asociación calificó de "inaudita" la actitud del Gobierno socialista que, según dijo, "se niega a admitir la existencia sitemática de la tortura al mismo tiempo que la institucionaliza". Explicó que esta postura es la que ha llevado a la Comisión permanente contra la tortura, surgida de las jornadas organizadas hace un año por el grupo de abogados jóvenes, a intentar una actuación más profunda mediante la creación de la asociación.El filósofo Carlos París manifestó que, frente a la tortura, siempre degradante, no cabe el truco de justificarla contra el terrorista o el delincuente, porque es imposible establecer una frontera entre seres humanos y personas torturables. El profesor Javier Sádaba destacó, entre los millones de razones posibles para constituir la nueva asociación, la degradación suprema que significa la tortura, la importancia de descubrir a los torturadores y la capacidad de arrastre de la lucha contra la tortura respecto a otros valores democráticos.

Miedo a denunciar

El sacerdote Enrique de Castro recordó que los 800 a 1.000 muchachos de barrio con los que mantiene contacto han sido maltratados o torturados alguna vez en la Comisaría y en los centros de menores o cárceles en los que han estado ingresados. Acusó de negligencia a muchos médicos forenses, fiscales y jueces ante los indicios de tortura y resaltó el miedo de los jóvenes a denunciar estos hechos, por temor a las represalias. Aseguró que su experiencia indica que no existe nivel de lucha contra la tortura en otras asociaciones defensoras de derechos humanos ni en el Defensor del Pueblo. Otros promotores de la ACT puntualizaron que la multiplicidad de objetivos de esas asociaciones e instituciones les impide concentrarse contra la tortura.El vicepresidente de la ACT, Luis María Figueroa, explicó que la nueva asociación tratará de apoyarse en los sectores profesionales de alguna forma relacionados con la lacra de la tortura.

En concreto, establecerá contactos con la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública para recabar la actuación directa de sus miembros en los casos de torturas. "Se trata de obtener un compromiso de intervención inmediata, tanto por parte de equipos médicos o jurídicos y de colectivos ciudadanos", dijo, "dispuestos al ejercicio de la acción popular". Junto a ello señaló el instrumento de la denuncia pública de aquellos profesionales -en especial fiscales, forenses y jueces- obligados a actuar con diligencia contra la tortura y que, en cambio, se muestren pasivos.

Otra de las finalidades de la ACT será promover una modificación del delito de torturas para evitar que los jueces desvíen hacia la figura de las lesiones los casos de malos tratos y para aumentar su penalización. Sin embargo, tras la derrota en el Parlamento de la propuesta del diputado de Euskadiko Ezquerra, Juan María Bandrés, en este sentido, anunciaron que será objetivo difícil de conseguir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de junio de 1985