El Fondo Monetario advierte a Portugal sobre su deterioro económico

Cuando Portugal vive una crisis política de consecuencias aún imprevisibles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado una voz de alerta sobre la delicada cuestión económica del país. La luz roja ha sido emitida por una delegación del FMI que visitó Lisboa la semana pasada y apunta hacia la política económica del moribundo Gobierno Soares, que puede malograr los objetivos de la carta de intenciones firmada en Washington por ambas partes el pasado otoño.

El informe del FMI, que supone una descalificación parcial de esta política, respalda las críticas lanzadas contra Mario Soares y su Gabinete por el líder socialdemócrata Aníbal Cavaco Silva, artífice de la ruptura de la coalición gubernamental socialista- socialdemócrata que provocó la crisis actual.

Cavaco Silva ha venido atacando duramente desde hace tres meses la política de Lopes, y ayer insistió ante el consejo nacional de su partido en que la situación de la economía del país "es la más grave de las últimas décadas". Según el líder socialdemócrata, la producción y la inversión cayeron un 20% el año pasado, y los salarios reales se degradaron más de un 10% durante el mismo período.

Falta de rigor

El FMI considera que tras la etapa de estabilización de la economía, Lisboa está practicando -o pretende practicar- medidas que pueden destruir lo conseguido en relación al saneamiento de la balanza de pagos, cuyo déficit ya está creciendo. La deuda externa supera los 15.600 millones de dólares, lo que representa el 78% del producto interior bruto (PIB), un nivel sólo comparable al de la deuda chilena o israelí.Por otra parte, el FMI considera que no hay rigor en la elaboración de los presupuestos del Estado y que no hay contención del gasto público. Sólo por el retraso en la entrada en vigor de los presupuestos para este año, el déficit se incrementará en unos 115 millones de dólares como mínimo. Tampoco ha habido contención del crédito al sector público y se ha incrementado para hacer frente a gastos corrientes. En lo que va de año ha aumentado en unos 14.000 el número de funcionarios públicos, que ronda ya los 600.000 en una población activa de 4,5 millones.

La situación ha fustrado dos préstamos del Banco Mundial a diversas empresas públicas. El primero de ellos, destinado a empresas del sector industrial, se malogró porque el Gobierno no decidió su previa reconversión sobre módulos que lo hicieran económicamente viable. Según informó la revista Semanario, esta misma semana el Banco Mundial rechazó un segundo préstamo, esta vez destinado a empresas públicas del sector transporte.

El motivo era el mismo: el Gobierno no había adoptado las medidas de saneamiento acordadas. Han volado así los 250 millones de dólares de Banco Mundial y otros 200 millones que habilitaría la banca internacional.