El Parlamento regional solicita a Sevillana de Electricidad que devuelva los excesos cobrados

CARLOS FUNCIA La Comisión de Economía del Parlamento andaluz acordó instar a la Compañía Sevillana de Electricidad a la devolución de las cantidades irregularmente cobradas a los usuarios, y al Gobierno autónomo a realizar las "acciones necesarias" para el cumplimiento de este acuerdo parlamentario, que será ratificado con toda seguridad en el Pleno del próximo martes. Un informe de la Consejería de Economía comprobó la existencia de cinco tipos de irregularidades generalizadas.

La propuesta de resolución aprobada en la Comisión de Economía del Parlamento de Andalucía señala la "inadecuación de determinadas actuaciones de la Compañía" y reconoce la comisión generalizada de cinco tipos de irregularidades: percepción de derechos de enganche una vez abonados los de acometida; cobro del doble de la fianza autorizada; cobro indebido de alquiler de contadores especiales, aumento unilateral de potencia contratada, y aplicación indebida del ITE a la tasa municipal.El acuerdo alcanzado, que será ratificado con toda seguridad por el Pleno de la Cámara, insta a la Compañía Sevillana de Electricidad a "determinar con carácter singularizado y devolver" las cantidades indebidmente cobradas por derechos de enganche, las cobradas en concepto de fianza por el doble de su valor y las relativas a las cobradas por alquiler de contadores especiales. Respecto a las otras dos irregularidades, se insta a la compañía a que informe a los usuarios sobre sus derechos para modificar la potencia de contratación y a que devuelva las cantidades que, por aumento unilateral, le sean reclamadas por usuarios. Al Gobierno andaluz se le insta a la realización de acciones necesarias para que la compañía "cumpla las exigencias establecidas por el Parlamento".

20.000 millones de pesetas

Las irregularidades cometidas por Sevillana de Electricidad fueron denunciadas en el Parlamento de Andalucía por los diputados socialistas por Jaén Jesús Lechuga y Juan Carmona, que cifraban la cantidad presuntamente defraudada en 20.000 millones de pesetas. En mayo de 1984 se aprobó una proposición no de ley que obligaba a la Consejería de Economía a realizar un informe sobre las, por entonces presuntas, irregularidades. Ambos diputados manifestaron posteriormente que "se quería echar tierra sobre el asunto". Una vez finalizado el informe, comenzó su estudio en la Comisión de Economía, que solicitó las comparecencias de los consejeros de Economía y Salud y Consumo, José Miguel Salinas y Pablo Recio, respectivamente; del director general de Sevillana, Enrique Navarrete, y de representantes de consumidores y usuarios.

Los debates, por espacio de dos meses, fueron farragosos y reiterativos. En el seno de la comisión salió a relucir la práctica simultaneidad de un convenio suscrito entre la Consejería de Salud y Sevillana de Electricidad, por el que ésta subvencionaba con 17 millones de pesetas la instalación de centros de información al consumidor, y de un contrato de imagen por nueve millones de pesetas firmado entre la empresa eléctrica y Frontera 2000, donde prestaba sus servicios el ex presidente de la Junta, Rafael Escuredo.