Justicia reiteró el día 10 las normas para evitar ataques a los funcionarios de prisiones

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia, envió el pasado día 10 una circular a todos los directores de centros penitenciarios en la que se da cuenta de las deficiencias que, en ocasiones, se producen en las prisiones y que dan lugar a agresiones, fugas y secuestros de funcionarios. La circular es anterior a los últimos sucesos en la prisión de Málaga, donde el pasado jueves cinco presos retuvieron a unos rehenes y se amotinaron por espacio de 19 horas, tras un intento de fuga en el que murió un policía nacional.La circular, firmada por el director general de Instituciones Penitenciarias, Juan José Martínez Zato, hace especial hincapié sobre la importancia de cumplir la ley general penitenciaria y las normas dictadas al efecto, en el caso de agresiones a funcionarios y secuestros, e incluye una serie de sucesos acaecidos en las prisiones en los que el personal penitenciario ha incumplido tales normas.

"En ocasiones", afirma la circular, "no se hacen bien las cosas y, cuando tal sucede, en no pocos casos se producen situaciones como las señaladas y que luego nos lamentamos".

En cuanto a las críticas sobre la falta de medidas al respecto, la dirección general señala que no hay "nada más lejano a la realidad". "Para que las circulares e instrucciones sean eficaces", señala la circular, "han de darse dos circunstancias, nada insalvables por lo demás: leerlas primero y cumplirlas después". Se recuerda, asimismo, el cumplimiento preciso de las normas por parte del funcionariado, que los registros y cacheos se hagan periódicamente, con asiduidad y con el mayor rigor, "en una palabra, que se cumpla lo ordenado en otras circulares".

La circular establece una serie de normas para los casos en los que se produzcan secuestros en el interior de las cárceles. En la circular se prohíbe "tajantemente la entrada a los medios de comunicación al lugar del secuestro y aunque ello sea una exigencia de los secuestradores". También se prohíbe el suministro de droga, fármacos u otras sustancias "que contribuyan a alterar el estado normal de las personas". Solamente, y por prescripción del médico del establecimiento, se autorizará el suministro de algún calmante.

Según la circular, la primera reacción de los directivos del centro donde haya algún secuestro será avisar a la dirección general y a la autoridad gubernativa "para que envíe a las fuerzas de orden público que estime oportuno". La circular acaba expresando la preocupación por que se achaque la conflictividad al "gran número de derechos que los internos tienen reconocidos".

A este respecto, señala la nota que "es de suponer que eso sólo está en la mente de unos cuantos que añoran el volver a una época felizmente superada" y que los internos tienen los derechos que legalmente les corresponden, "ni uno más, ni uno menos".