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Declaran ante la juez las siete mujeres agredidas por la Guardia Civil

Siete de las 22 mujeres que fueron desalojadas por 30 guardias civiles de la línea de Villablino y Caboalles de las oficinas de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) el pasado 28 de mayo, y que poseen partes médicos de las lesiones causadas por la intervención de las fuerzas del orden público, han declarado el pasado fin de semana ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada y la médico forense como consecuencia de una citación judicial "por alteración del orden" y para el esclarecimiento de los hechos.

Los trámites judiciales derivados de la orden gubernativa han dado comienzo con la explicación de estas siete mujeres sobre el desalojo efectuado por la Guardia Civil, elcual, según el gobierno civil, se llevó a cabo "sin daño para las personas".

Esta opinión contrasta con la de las afectadas, quienes señalaron a este periódico en fechas recientes "la violencia de la intervención". Según las testigos, las preguntas de la juez versaron sobre la actitud tomada: ante la entrada de la Guardia Civil en las dependencias de la MSP y la presunta agresión de que fueron objeto por parte de aquélla.

Las 22 mujeres iniciaron la reclusión voluntaria en demanda de la mediación del gobierno civil en el conflicto, así como para manifestar su oposición y temor al inicio de las explotaciones a cielo abierto en el valle de Laciana, que según estas fuentes supondría una reducción importante en los puestos de trabajo en el sector minero.

Firmas de oposición

Por otra parte, un total de 4.453 firmas manifestando su oposición a este tipo de explotaciones mineras han sido enviadas al presidente del Gobierno autónomo, Demetrio Madrid, y al gobernador civil de la provincia, Antonio Hernández. Hasta el momento, la empresa concesionaria del destierre en la explotación de hulla de MSP, Percasa, no ha dado comienzo a las obras. Fuentes empresariales aseguran que durante la paralización de los trabajos la maquinaria ha sufrido daños considerables, como cortes en las ruedas, pérdida de combustible y lubricante almacenados en la zona, valorados en más de cuatro millones de pesetas.El responsable de la empresa, José Antonio Pérez Canedo, manifestó a EL PAIS su voluntad de presentar a la corporación municipal de Villablino un documento firmado comprometiéndose personalmente "a realizar las mejoras necesarias una vez concluidas las obras de explotación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de junio de 1985

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