El Gobierno argentino adopta severas medidas de austeridad tras el acuerdo con el FMI

El cambio oficial del peso argentino respecto al dólar ha sido aumentado en un 18% (lo que implica una devaluación real del 15%); las retenciones a las exportaciones aumentaron entre un 7% y un 12%; los gravámenes para la importación se elevaron en un 10%; los reembolsos a la exportación quedaron reducido! a cero; el redescuento por liquidez se redujo en un punto, y los combustibles aumentaron ayer entre un 12% y un 20% (a primeros del mes en curso ya habían aumentado en un 30%). Al tiempo se espera inminentes subidas en los precios en el sector de los transportes.Se trata de un ajuste clásico tendente a mejorar la balanza de pagos del país incrementando las exportaciones y disminuyendo las importaciones, y a reducir el déficit fiscal, pero las medidas ponen el acento mucho más en este último aspecto. En los medios financieros argentinos se especulaba fuertemente anoche con la posibilidad de un próximo congelamiento general de precios y salarios para evitar caer en el modelo israelí.

Preocupa a los empresarios el gravamen a las importaciones, por cuanto retraerá aún más la debilitada industria argentina; en cuanto al aumento de las retenciones sobre las exportaciones, ello permitirá al fisco hacerse a corto plazo con unos 250 millones de dólares adicionales; los embarques de grano aportan anualmente unos 4.000 millones de dólares, pero ya se ha exportado por valor de 2.500 millones en los cinco primeros meses del año.

El aumento de aranceles no supondrá al Estado más de 200 millones de dólares, suponiendo que en la segunda parte del año se importe por 2.000 millones de dólares. Poco dinero, en suma, para afrontar las deudas argentinas. Todo el énfasis se ha puesto en la recaudación fiscal indirecta como compensación a la escasa proclividad ciudadana a pagar sus impuestos.

Satisfacción del FMI

Jacques de Larosiére, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), comunicó el martes al Gobierno argentino su disposición a apoyar el programa de ajuste económico previamente acordado en Washington entre delegados argentinos y el FMI. Ello supone que Buenos Aires queda en libertad de retirar los fondos del crédito stand-by (de disposición inmediata) otorgado en diciembre y congelado por los incumplimientos argentinos de sus anteriores acuerdos económicos con el Fondo Monetario Internacional.En la ciudad de Nueva York, William Rhodes, presidente del comité bancario acreedor de Argentina, se congratuló de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín y declaró que ellas permitirán completar el crédito de 4.200 millones de dólares al país; al tiempo se espera que la actitud colaboradora argentina permita disipar las dudas de algunos países europeos convocados para un crédito de salvamento por 450 millones de dólares.

La clase política y sindical, con excepción del radicalismo ha puesto el grito en el cielo en el entendimiento unánime de que el ajuste económico de Alfonsín reduce a mínimos las posibilidades de una concertación social con los sindicatos, reduce las expectativas de aumento de los puestos de trabajo y castiga a los asalariados con una mayor presión fiscal indirecta.

El Gobierno ha debido albergar sentimientos de mala conciencia, por cuanto el anuncio de las nuevas medidas económicas se efectuó solapadamente, mediante comunicados oficiales, sin una conferencia de prensa explicatoria.

A título individual, portavoces del partido en el Gobierno aducen que la contrapartida a estas medidas hay que buscarla en la negativa de Raul Alfonsín a reducir drásticamente el gasto público, privatizar las grandes empresas estatales deficitarias y amputar la gigantesca burocracia del Estado que sirve de amortiguador contra el paro.