La objeción de conciencia de un policía

Me parece oportuno señalar, por si nadie lo ha hecho todavía, que la actitud del comisario Manuel Ballesteros, al negarse a cumplir una ley que él considera injusta y al acatar, no obstante, respetuosamente una sanción de la que en su fuero interno discrepa, encaja perfectamente en el marco de lo que los moralistas llaman objeción de conciencia, en el sentido más amplio de esta expresión. "He cumplido con la ética profesional y estoy en paz con mi conciencia", ha dicho Ballesteros.Para los que durante largos años hemos apoyado con palabras y con hechos a los objetores de conciencia al servicio militar sería una incongruencia no reconocer a un comisario de policía el derecho a objetar en conciencia a cualquier ley. Por mi parte, felicito a Manuel Ballesteros, sin dudar de la sinceridad de sus motivaciones, por su gesto de gallardía al preferir la ética profesional interpretada por su conciencia a la ética y al derecho interpretados por las autoridades judiciales, a sabiendas de que tendrá que pagar un precio por esa independencia de criterio. No hay ironía alguna en mi felicitación. Hasta aquí, la primera parte del problema.

Pero hay una segunda parte, que se plantea cuando constatamos que los criterios éticos profesados por un policía y por todos los policías que le han apoyado difieren radicalmente de los criterios oficialmente adoptados en la legislación de un Estado de derecho que no justifica la comisión de crimenes por la llamada razón de Estado, legislación que se supone emanada, en último término, de la voluntad popular. Dicho de otro modo: el señor Ballesteros cree que su deber profesional, en un determinado momento, es obstaculizar la acción de la justicia, mientras que el legislador, los jueces, los fiscales y el pueblo en general creen que el deber de un policía es ayudar siempre a la justicia.

Ante esta contradicción, ¿es normal que el Estado, como representante del pueblo, siga confiando a ese señor una misión para la que está incapacitado por su propia conciencia? Evidentemente, no; de la misma manera que no parecería normal (en los tiempos que corren y para la mayoría de los ciudadanos) confiar la organización de la defensa del país a los objetores de conciencia al servicio militar. Mientras el país no comparta los criterios de los objetores sobre las posibilidades de una defensa sin ejército (cosa que puede ir para largo), no podemos pedir que se nombre ministro de Defensa a un objetor.

Análogamente, mientras el país no comparta los criterios de Manuel Ballesteros y sus compañeros sobre la moral profesional de un policía, me parece lamentable que se les permita seguir desempeñando sus funciones. Con muchísimo respeto a su conciencia, yo no les impondría multa ni sanción alguna; pero con muchísimo respeto, y no como sanción, sino como constatación de una incompatibilidad profunda, les impediría continuar en el cuerpo de policía no ya tres años, sino indefinidamente.-