El PCE solicita al juez que investigue los archivos y fondos de la Brigada de Interior

El Partido Comunista de España (PCE) ha pedido al juez que inve stigue los archivos y fondos documentales de la Brigada de Interior con el fin de esclarecer las denuncias sobre espionaje policial a éste y otros partidos políticos. Esta es una de las averiguaciones que solicitan los comunistas en la querella que presentaron ayer en el juzgado de guardia de Madrid.La denuncia se dirige contra las personas que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores, de este espionaje policial, supuestamente realizado por el llamado Grupo 2º de la Brigada de Interior. Entre otras cosas, el PCE pide que se convoque para testificar a los integrantes de ese grupo policial, al jefe de la Brigada de Interior, Alberto Elías; a Jesús Martínez Torres, comisario general de Información -del que depende orgánicamente la brigada-, y al director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal.

El PCE considera que se han violado varios artículos del Código Penal, que se refieren al libre ejercicio del derecho de asociación, el registro ilegal de documentos, la revelación de secretos, las escuchas telefónicas y la malversación de fondos públicos. En primer lugar, se apela al artículo 172 del código, que castiga la perturbación de las actividades de cualquier asociación lícita con la pena de arresto mayor, en su grado máximo si atenta contra el pluralismo político o sindical. Asimismo se denuncia violación del artículo 195, que castiga de la misma forma al funcionario público que emplee amenazas o coacciones contra el derecho de asociación.

También se pide la aplicación del artículo 191.2, sobre registro, por parte de funcionario público de papeles privados, y del 497, que castiga con arresto mayor a quien se apodere de papeles privados para divulgar secretos.

Finalmente, el Partido Comunista de España pide la aplicación de los artículos 397, sobre empleo de los fondos públicos para fines distintos a los que estuvieran destinados, y del 192 bis y 479 bis, que castigan las escuchas telefónicas realizadas ilegalmente.

Por otra parte, cinco miembros de la Brigada de Interior fueron interrogados ayer por el juez que entiende la querella presentada por Alianza Popular por el mismo motivo, según informa Efe.