La frustrada persecución de los delitos bancarios por el banco de España
Una docena de causas con 42 procesamientos no ha conseguido ni una sola condena en siete años de querellas contra banqueros
La crisis de los sectores industriales e inmobiliarios que azotó a la economía española a finales de la década de los setenta alcanzó también seriamente al sector bancario.Alrededor de medio centenar de entidades resultó afectado. Peto mientras en la mayoría de los casos los percances obedecían a estrictos reveses en los negocios o a inversiones arriesgadas, en otros a las causas objetivas se sumaron las actuaciones delictivas. Sin embargo, a pesar de su elevado coste social y público, resulta paradójico el contraste entre la magnitud de los daños causados y la incapacidad del Estado para defenderse de las consecuencias de este tipo de irregularidades.
ANDREU MISSÉ Desde el inicio de la crisis bancaria en 1978, el Banco de España, ya sea directamente o a través del Fondo de Garantía de Depósitos, ha remitido al Fiscal general del Estado 12 querellas que afectan a nueve bancos (Navarra, Pirineos, Meridional, Valladolid, Descuento, Cantábrico -sobreseída-, Occidental, Levante y Banca Catalana). En los casos de los bancos Meridional, Pirineos y Banca Catalana se interpusieron dos querellas a cada entidad o grupo bancario. A este total hay que añadir la causa abierta por el caso de Rumasa.
Aunque la crisis bancaria ha alcanzado a unas 50 entidades, sólo las citadas se han visto envueltas de una u otra forma en responsabilidades criminales. A pesar de todas las baterías empleadas por la fiscalía, la maquinaria de la Justicia no ha conseguido todavía ni una sola condena en estos largos siete años de ' procesos. Todo lo más, 42 procesamientos que afectan a ocho bancos o grupos bancarios y la incertidumbre que pesa sobre otros 31 querellados (23 de Banca Catalana, entre los que se encuentra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y 8 del Banco de Levante, incluido su ex presidente José Miguel Garrigues Walker).
La extrema complejidad que se supone a la operativa bancaria dibuja una cierta imagen de impunidad en el sector. Da la sensación de que bajo la cobertura de indescifrables operaciones mercantiles nunca se puede acabar de discernir la legalidad o no de ciertos negocios bancarios y, por tanto, mucho menos imputar a sus autores posibles irregularidades.
Sin embargo, la realidad que aparece en los relatos sumariales es bien distinta. En lugar de las ingeniosas o inextricables jugadas esperadas del While collar criminality (delincuente de cuello blanco), aparecen, las más de las veces, simples delitos de burdas falsificaciones o vulgares desfalcos. Por tanto, la causa de la inoperancia penal en este campo quizá habría que buscarla más bien en el anacronismo de las leyes y en la inercia de hábitos marcados por Poderosas influencias.
Juan Palomeras Bigas, el ex presidente del Banco de Navarra, fue el pionero de la última ola de heterodoxia en el sector bancario. Se puede decir que es el único que ha pagado con cárcel, casi dos años, sus veleidades financieras. Aunque también fue el primero en conseguir la absolución en una de sus causas. En cambio, para el resto de procesados, la prisión- sigue siendo desconocida y en todo caso sus estancias se cuentan por días.
El 14 de septiembre de 1983, Palomeras se sentó en el banquillo de la Audiencia de Barcelona para responder de una estafa frustrada relacionada con su banco y por la que le pidieron tres años de prisión. Se le acusaba de unas prácticcas que luego han sido repetidas y perfeccionadas por otros banqueros procesados. Se trataba de simular compras de inmuebles por cuantías muy superiores a los precios reales. Era la forma más sencilla de sangrar el banco.
En aquella ocasión, la acusación sostuvo que el entonces presidente del Banco de Navarra compró, en 1976, una finca Veléz-Málaga que significó un desembolso para la entidad de 483 millones de pesetas, pero que peritajes posteriores redujeron a 40 millones. La diferencia debía repartirse entre las contratantes, pero la operación no llegó a consumarse por la intervención judicial del Banco.
Tres años después, el Banco de Descuento perfeccionó esta mecánica en una operación esencialmente idéntica pero introduciendo sociedades intermediarias. El sumario abierto por el Juzgado de instrucción número 8 de Madrid por el que se procesó a los administradores del banco Diego Prado y Colón de Carvajal (presidente) Angel Peradejordi Romero (vicepresidente), a los consejeros Enrique García-Ramal y Lópcz de Haro, Jorge Pérez Dóriga y Tovar, y al directivo Vicente: de Miguel Lasanta, presenta varias pruebas de ello. Según el relato judicial, directivos del Descuento compraron la totalidad de las acciones de la sociedad Isapahan Tapis d'Orient por 200 millones de pesetas, lo que equivalía a la compra de un inmueble en la calle Serrano, que era el único bien de la compañía. Las acciones fueron compradas en la misma fecha por Guadiario, otra sociedad vinculada al banco, y un año después el propio banco compró directamente el inmueble por 530 millones de pesetas.
Abundantes créditos
La autoconcesión de créditos y avales por los propios consejeros o a sus empresas, superando los límites de riesgo e infringiendo las normas legales, ha sido otra de las prácticas extendidas. Los 20 directivos procesados del Banco de los Pirineos, cuyo presidente, Higinio Torras Majem, se encuentra huido, saben de estos asuntos. El banco, actualmente ya liquidado, concedió el 75% de los créditos, sin garantías reales, a empresas del grupo Fomine y del Grupo Industrial Pirineo, en las que ostentaba una participación mayoritaria.
El estilo de funcionamiento queda patente con la facilidad que algunos consejeros conseguían préstamos con simples reconocimentos de deuda "para resolver cuestiones personales".
El descontrol en la autoconcesión de créditos fue otro de los deportes preferidos de estos banqueros. Así, por este y otros despropósitos el Banco de Valladolid fue a parar en 1978, a la Corporación Bancaria, hospital de bancos creado a principios e aquel año. Tres años después y tras una querella del Fondo de Garantía de Depósitos fue procesado el que fuera su presidente, Domingo López Monso, junto a otros dos directivos. Al parecer, el grupo de empresas de Domingo López disfrutaba créditos por un valor de 6.000 millones de pesetas, lo que suponía el 30% de los depósitos.
Pero en la carrera de la concen-
La frustrada persecución de los delitos bancarios por el Banco de España
tración del riesgo fue el Banco Occidental el que más destacó, hasta el punto de que el 80% de los créditos se canalizaban hacia el centenar de empresas participadas o controladas por el propio banco. En 1984, su presidente, Gregorio de Diego Jiménez fue procesado a consecuencia de una querella del Fondo de Garantía.Crecer a cualquier precio
Sin embargo, la característica más significativa de la nueva heterodoxia bancaria fue la de crecer a cualquier precio. Para lograr la máxima expansión se recurrió a todo. Primero a lo más elemental. Dar duros a cuatro pesetas. Es decir, a pagar el dinero a un precio muy por encima del de mercado. Occidental, Valladolid, Pirineos, como otros tantos, ofrecían y pagaban a finales de la década de los setenta intereses anuales superiores al 18%. Algunos banqueros descubrieron que aún era mejor abrir cuentas en su propio banco y cobrar elevados extratipos.
Pero todo ello era todavía insuficiente. Hacía, falta dotarse rápidamente de una mayor infraestructura .La compra de cajas cooperativas obreras, que además de aportar un gran volumen de recursos contaban ya con una propia red de oficinas, cayó como agua de mayo.
Gregorio de Diego, presidente del Occidental, adquirió por 2.500 millones la Central de Ahorro Popular, entidad que se nutría de cuotas de los trabajadores. Por su parte, el Banco de Navarra absorbió en poco tiempo la Caja Continental (siete oficinas y 400 millones de recursos) la Caja de Crédito y Ahorro de Barcelona (11 oficinas y 240 millones) y la Caja de Crédito para la Vivienda (17 oficinas y 1.300 millones). Las consecuencias de esta última adquisición aún colean en un Juzgado de Instrucción a raíz de una querella de los afectados, principalmente payeses, que sostienen que en la absorción desaparecieron de 500 millones de pesetas.
Con todo, el sistema más audaz de recabar fondos consistió en la emisión de bonos por parte de los bancos industriales que eran facilmente colocados en las cajas de ahorros, aprovechando relaciones personales. El Industrial del Mediterráneo y el Occidental conocieron bien estos sistemas.
Cuatro procesamientos en 1981 por las irregularidades del Banco Meridional y los ocho recientes en el caso Rumasa completan un primer balance de 42 procesados por todas las actuaciones penales en la crisis bancaria.
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