El Consejo del Poder Judicial acuerda plantear ante el Tribunal Constitucional su conflicto contra el Congreso

BONIFACIO DE LA CUADRA, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados, por entender que ha invadido competencias que le son propias. El conflicto materializa el rechazo de la mayoría conservadora de la judicatura a la introducción por la mayoría socialista del Congreso, en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la elección parlamentaria de los 12 vocales del consejo que hasta ahora elegían los propios jueces y, magistrados. Fuentes jurídicas creen muy improbable que el alto tribunal anule el acuerdo del Congreso.

El poder judicial ya había enviado el pasado abril al Congreso un requerimiento donde exponía su posición sobre la invasión de atribuciones. La Cámara contestó negando tal hecho, lo que ha dado pie a que ahora el consejo general. presente formalmente el conflicto.El acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial fue adoptado después de una reunión de una hora, al término de la cual se emitió un lacónico comunicado en el que se aplazaba una información más completa sobre la materia hasta tanto se formalizara el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, este periódico ha podido saber que el documento, preparado por el jefe del gabinete de estudios del consejo, Fernando Lorente, y revisado personalmente por el presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, considera vulnerados por el Congreso, entre otros, los artículos 122 y 66 de la Constitución.

El CGPJ estima que el artículo 122 atribuye implícitamente al cuerpo judicial, representado por el consejo, la elección de sus 12 vocales de procedencia judicial, al establecer que serán nombrados "entre jueces y magistrados", y que el propio artículo, al configurar al consejo como órgano de gobierno M poder judicial, le asigna la potestad reglamentaria sobre el estatuto judicial. Como consecuencia de estas premisas, el consejo considera que la elección parlamentaria de los 12 vocales citados y la asignación al Gobierno de la potestad reglamentaria sobre el estatuto de la magistratura son atribuciones que deben excluirse de lo preceptuado por el artículo 66, cuando confiere a las Cortes Generales, integradas por el Congreso y el Senado, entre otras, Ias demás competencias que les atribuya la Constitución".

Frente a este planteamiento, fuentes jurídicas estimaron muy improbable que el Tribunal Constitucional anule el acuerdo legislativo del Congreso sobre ambas materias. ' A este respecto, recordaron la doctrina sentada por el alto tribunal en su reciente sentencia sobre el recurso previo, a propósito de la presunción de legitimidad de los actos o normas que emanan de poderes legítimos, "que obliga", dice, "a considerar como excepcional la posibilidad de suspender su vigencia o ejecutoriedad"

La sentencia añade que tal presunción de legitimidad es "tanto más enérgica cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular, y llega por eso a sugrado máximo en el caso del legislador, que lo es precisamente por ser el representante de tal voluntad". En tales fuentes se resalta el hecho de que esta sentencia se ha dictado cuando ya se conocía la voluntad del consejo de plantear el conflicto.

El comunicado oficial difundido ayer por el consejo daba cuenta, contra lo usual, de que el acuerdo fue adoptado "por mayoría". Según fuentes oficiosas, este dato refleja "con palidez" la tensión registrada entre los consejeros. En cuanto a la mayoría que respalda el acuerdo adoptado, aunque el portavoz oficial del consejo, Gonzalo Casado, se negó a ampliar el escueto comunicado, se ha podido saber que los consejeros se mantuvieron en sus posiciones del 27 de marzo último, cuando Sainz de Robles propuso plantear el conflicto: 12 vocales se manifestaron a favor de la propuesta y los otros ocho -Eduardo Jauralde, Fernando García Mon, Jaime Cortezo, Juan García Barbón, Gonzalo Casado, Perfecto Andrés, Manuel García Miguel y Adolfo Carretero- se pronunciaron en contra.

Reacciones al conflicto

El 30 de abril, el Congreso contestó al requerimiento del órgano judicial con un extenso escrito donde afirmaba que no había existido invasión de competencias y que el Congreso había actuado en todo caso "en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones". El presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba, manifestó sobre el conflicto que no le produce "una gran preocupación". La opinión del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, como jurista, es que este conflicto "no tiene fundamento", dijo, porque "el poder legislativo lo tienen las Cámaras y otro poder no puede sustraerles ese derecho".

En cambio, la alegría con que el Grupo Popular recibió la noticia fue grande, a pocos días de que el Tribunal Constitucionaldiera vía libre a la supresión del recurso previo, e hiciera imposible su planteamiento por esa vía contra el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. El diputado conservador especializado en temas jurídicos José María Ruiz Gallardón explicó que las tesis de su grupo coinciden con las del consejo general, y expresó su esperanza en que el Tribunal Constitucional dictamine pronto sobre este conflicto, "dada la personalidad del recurrente".