Algo sigue oliendo a podrido en Palomares

El pueblo español desconocía por completo el hecho de que aviones B-52 del Strategic Air Command, de EE UU, cargados con bombas termonucleares, surcaban regularmente nuestro cielo. Los habitantes de Palomares y Villaricos no podían ni soñar que cuatro de esas bombas iban a caer en su entorno, marcando gravemente sus vidas. A los 20 años de aquel peligrosísimo accidente nuclear todavía quedan muchas cosas por aclarar, y sigue en pie el fantasma de la contaminación radiactiva.

Todo parece normal cuando se llega a Palomares, pedanía de Cuevas, de Almanzora (Almería), un pueblo de poco más de 800 habitantes, no muy diferente de los demás esparcidos por el semidesértico noreste de la provincia de Almería, que vive principalmente del cultivo del tomate. Sólo quedan de cuando se produjo la catástrofe algunos de los mojones que delimitaban la zona que se declaró contaminada nuclearmente y el socavón que produjo la bomba que cayó en el mismo Palomares.Pero dos casetillas enrejadas de la firma General Metal Works Incorporated, de Ohio (EE UU), similares por fuera a las que se emplean en las estaciones meteorológicas, y un chalé cercado y cerrado que ostenta un cartel en el que se lee: "Junta de Energía Nuclear", y del que sale el potente zumbido de un motor, muestran que el problema de la radiactividad no se ha dado totalmente por concluido.

Nadie en el pueblo, salvo el topógrafo Francisco Moreno Navarro, un empleado a sueldo que tiene allí la Junta de Energía Nuclear (JEN) desde que se produjo el accidente, ha visto el interior del chalé.

"Tengo prohibido enseñar las instalaciones y hacer declaración alguna. Yo soy sólo un empleado", dice Francisco Moreno. Pero todos saben en Palomares que periódica y sistemáticarnente sigue enviando a Madrid muestras de aire, tierra y hojas de planta de tomate para ser examinadas en la JEN.

Y también ha continuado el examen médico de la población de Palomares. Hasta el pasado julio, dos taxis han llevado a Madrid todos los domingos durante estos años a 10 personas por turno para ser sometidas a revisión bajo la dirección del doctor Iranzo, en el Área de Protección Radiológica de la JEN.

"Se nos hacen análisis de sangre y de orina, radiografía pulmonar y cardiograma. Al final se nos mete uno a uno en una extraña cámara, en donde, completamente aislados, se nos hace estar inmóviles durante media horá", relata Antonia Flores, alcaldesa de Palomares.

Estas medidas indican que se está haciendo un seguimiento de la evolución de la radiactividad y de sus efectos en el medio ambiente y en las personas. Pero ni los directamente afectados ni la opinión pública conocen con exactitud los resultados. Y es que en este tema, desde el momento mismo (le producirse el accidente hasta hoy, se ha impuesto una fuerte censura informativa.

El accidente nuclear

Aquel 17 de enero de 1966 hacía mal tiempo en la costa de Almería. Llovía, soplaba el viento y la mar estaba agitada. A las 10.22 hirió el cielo un fuerte resplandor, seguido de una tremenda explosión. Sobre el área de Palomares y Villarico llovieron los restos incandescentes del B-52 y el KC- 135 que tenía que aprovisionarlo de combustible. Pero también cayeron cuatro bombas de hidrógeno, de 25 megatones cada una, tres en tierra y una en el mar. Dos de las bombas se abrieron y liberaron Uranio 235 y Plutonio 239, altamente radiactivos.

"Aunque sólo tenía entonces seis años, lo recuerdo perfectamente. Asustados por el ruido, corrimos mi hermano y yo a refugiarnos en casa. Cuando vimos que no pasaba nada más, salimos a la calle y recorrimos los lugares en donde habían caído los objetos y los tocamos sin ninguna preocupación, incluida la bomba que había producido un gran socavón a pocós metros de nuestra vivienda", cuenta Antonia Flores.

Los norteamericanos desencadenaron el supuesto Flecha Rota, previsto para graves accidentes nucleares. Enviaron a la zona 10 buques de guerra y un equipo de militares y científicos, que hizo y deshizo a su antojo. Se desentendieron totalmente de la población y emprendieron la operación descontaminación en tierra y la búsqueda de la cuarta bomba en el mar.

Delimitaron como contaminada por la nube de uranio y plutonio una extensión rectangular de unas 260 hectáreas, negociando a la baja en Madrid la necesidad de someter a excavación de 23 centímetros de profundidad unas 150, y arrancar una capa de 4,6 centímetros, sustituyéndola por tierra de fuera, en una extensión de algo más de dos hectáreas en torno a las dos bombas abiertas.

Cuando el 24 de marzo quedaron embarcadas las 1.750 toneladas de tierra y vegetación para ser enterradas en el cementerio nuclear de Aiken (EE UU), los norteamericanos dieron por concluida la operación. Fraga y el embajador Duke, con aquel baño del 6 de marzo cuya imagen recorrió el mundo, habían ya demostrado que no había peligro alguno.

En marzo mismo les fueron devueltas las parcelas a sus propietarios, entregándoles dos certificados. En uno de ellos se decía que "la contaminación puede considerarse eliminada a partir de la fecha de este documento, comprobada la misma por la JEN y los técnicos norteamericanos. ( ... ) El instrumento empleado fue el PAC-1S, fabricado en Eberline Instrument Company, Santa Fe (Nuevo México, EE UU), y la medición fue hecha por contacto directo con la superficie del terreno".

Algunos científicos norteamericanos vieron confirmado el éxito de la operación de descontaminación en el hecho de que "la cosecha siguiente -comprobada rigurosamente- fue completamente normal". Pero no dieron nunca los datos exactos del nivel de radiación que se produjo. Ni tampoco hablan de que las investigaciones más recientes muestran la peligrosidad de las radiaciones alfa, que incluso a baja intensidad pueden producir efectos graves a largo plazo.

'Descontaminación humana'

A las tres horas de producirse el accidente, la Guardia Civil puso a Palomares en cuarentena. Provistos de trajes protectores, los militares norteamericanos iban y venían por la zona, ante los ojos atónitos de la población, que sólo al cabo de tres días se enteró por Radio España Independiente de lo que pasaba. Las fuerzas armadas de EE UU distribuyeron pocas horas después un comunicado en el que, tras reconocer que se había producido el accidente, se decía que "no existe ningún peligro para la salud y la seguridad públicas". Pero las tropas norteamericanas eran reemplazadas cada 15 días y se las sometía a un riguroso examen en instalaciones especializadas de Ohio.

El examen de la población española lo realizó el personal de la JEN, encabezado por los doctores Ramos e Iranzo. Consistió simplemente en pasarles por la ropa y el cuerpo un oscilador alfa, en un bar al principio y luego, por la aglomeración de gente, en el cine Capri. Se comprobó que la mayoría estaban contaminados. A los que se consideró más afectados se les hizo análisis de orina. Se orientó a todos para que se ducharan bien e hirvieran o quemaran la ropa que llevaban en el momento del accidente. Posteriormente se continuó el examen en la JEN, en Madrid. Primero se fletó un autocar con 70 personas; luego, los dos taxis con 10 cada domingo.

Algunas casas tuvieron que ser evacuadas por sus inquilinos hasta 11 días para ser sometidas a lavado y blanqueado.

Es evidente que el seguimiento médico no ha sido lo riguroso y sistemático que el caso exigía, y que nunca, ni a los propios afectados, se ha dado a conocer el resultado concreto del mismo. Oficialmente se ha tratado siempre de trivializar el asunto y restarle importancia. El entonces director de la J EN, doctor Otero Navascués, llegó a decir que no había habido ni un solo caso de contaminación que pudiera considerarse como tal.

En enero de 1984, el alcalde de Cuevas y la alcaldesa de Palomares invitaron a una mesa redonda al doctor Iranzo para hablar del tema. Después de haber aceptado la invitación, el doctor Iranzo no acudió.

No se conocen con exactitud los efectos que las radiaciones están produciendo. En algunos sectores médicos sc habla de una incidencia inusualmente alta de defunciones por leucemia. En cualquier caso, las últimas investigaciones realizadas con plutonio sobre seres vivos indican que la salud de no pocos de los habitantes de esa zona tuvo que verse afectada. Recientes estudios parecen mostrar la posibilidad de que contaminaciones de baja intensidad por rayos alfa produzcan efectos claros en seres con vida al cabo de 30 años.

"Yo no quiero ni pensar en la contaminación, porque si no, me volvería loca", comenta Antonia Flores, expresando lo que siente la mayoría de sus convecinos.

Desde julio del año pasado y sin notificación alguna a los afectados, la JEN ya no realiza los controles médicos. El Ayuntamiento de Cuevas se ha dirigido en abril al gobernador de Almería solicitando una explicación.

Los campesinos de Palomares perdieron la cosecha entera del año 1966. Los comerciantes, durante bastante tiempo, no pudieron vender sus productos. Los pescadores de Villaricos tuvieron prohibido pescar por espacio de tres meses. Los habitantes de la zona vieron sus vidas y haciendas perjudicadas, y su salud, trastornada.

De acuerdo a la ley de Reclamaciones Extranjeras y los acuerdos hispano-norteamericanos vigentes en 1966, Estados Unidos tuvo que indemnizar a los damnificados. Pero lo hizo con un criterio enormemente restrictivo. Por daños en la salud, actuales o potenciales, y perturbación en sus vidas, no recibió nadie nada. Los pescadores de Villaricos no percibieron indemnización alguna. Los campesinos de Palomares, sólo por daños materiales inmediatos, de manera muy desigual entre unos y otros y, en general, muy insuficiente.

Un caso patético

El caso de Francisco Flores Serrano es bien ilustrativo. Cuando ocurrió el accidente vivía, con su mujer y dos hijos pequeños, de una modesta explotación ganadera. "Tengo constantemente dos vacas en producción, de las que venía vendiendo 25 litros de leche diarios en Garrucha y Palomares; el resto de la producción, hierbas que recojo y piensos que compro, los dedico a la recría de terneros, de los que hoy poseo cuatro, y otra vaca en gestación", decía Francisco Flores en uno de sus muchos escritos, parte de la patética correspondencia que mantuvo durante más de cinco años con el Departamento de Defensa de EE UU. Incapacitado para el trabajo físico, él repartía la leche en una motocicleta, y su mujer le ayudaba en las tareas mecánicas.

Como consecuencia de la contaminación, se hunde su negocio. Pide una indemnización de 1.200.000 pesetas, y la comisión de reclamaciones accede a liquidarle 28.672 pesetas. Exige, reclama, suplica, aporta pruebas, avaladas incluso por el entonces alcalde de Palomares, y llega a dirigirse hasta al mismo presidente Nixon. Pero todo es en vano. Al cabo de más de seis años se ve obligado a aceptar el ultimátum de los norteamericanos de aceptar las 28.672 pesetas o no cobrar nada.

Entre tanto, Francisco Flores hubo de marcharse a Barcelona con su familia. Su mal estado físico le impidió abrirse camino, y no tuvo otro remedio, después de tres años, que volver a Palomares a rehacer como pudo su vida.

El acuerdo de liquidación que se hizo firmar a todos los indemniza dos, "en concepto de indemnización y liquidación final de mi reclamación contra el Gobierno de Estados Unidos", incluía una cláusula de renuncia "al ejercicio de cualesquiera acciones que me puedan corresponder contra dicho Gobierno en relación con los hechos indicados".

Sin embargo, contradictoriamente, en unas "aclaraciones oficiales" españolas, dirigidas a todos los afectados y firmadas por el general jefe de la zona, se había dicho que "los daños o lesiones, aun cuando surjan del mismo incidente, que aumenten posteriormente o fueran desconocidos en el momento de cumplimentar la primera reclamación, pueden servir de fundamento para una nueva reclamación". Y que "en el caso de que se produzcan cualesquiera reclamaciones futuras ( ... ), serán tramitadas por vía diplomática, conforme a los acuerdos existentes entre nuestros dos Gobiernos, que reconocen el artículo 67 de la ley de Energía Nuclear española 25/ 1964, de 29 de abril de 1964, el cual, a su vez, prevé una norma de limitaciones de 10 y 20 años, en el caso de daño inmediato o posterior, respectivamente".

Ante la evidente insuficiencia de las indemnizaciones y el hecho de que no haya finalizado todavía el plazo de los 20 años, se está estudiando en determinados medios jurídicos la posibilidad de- nuevas reclamaciones. Algunos habitantes de Palomares, al calor del nuevo Ayuntamiento, están dispuestos a llevarlas adelante.

Ya en 1984, el pleno extraordinario del Ayuntamiento solicitó del Gobierno que declarase "el territorio municipal de Cuevas de Almanzora zona no nuclearizable".

Pero no puede decirse que todo lo ocurrido fuera malo. Los norteamericanos decidieron hacer un regalo a los habitantes de Palomares, dotando de agua corriente al pueblo. Montaron en la playa una minúscula e ineficaz estación desalinizadora, que llevó el agua a Palomares tan sólo el día en que las autoridades la inauguraron oficialmente. Allí siguen los cinco caños secos de una escuálida fuente en una polvorienta explanada del pueblo. Y aún se yerguen en medio de un camping, como inútil producto de aquel accidente nuclear que conmovió al mundo, los restos oxidados de la estación desalinizadora.