Texto íntegro de los fundamentos jurídicos de la sentencia

La sentencia del Tribunal Constitucional responde a cada una de las alegaciones aducidas por los recurrentes y no acepta ninguna de ellas. La línea central de los fundamentos jurídicos de la sentencia es la legitimidad de las Cortes Generales para suprimir un recurso previo creado por las propias Cámaras en la anterior legislatura. En algunos casos, como cuando los diputados del Grupo Parlamentario Popular consideran excesiva la ley recurrida para la finalidad perseguida por la misma -impedir el obstruccionismo parlamentario-, los magistrados se muestran contundentes: "la argumentación con la que el recurrente intenta hacer derivar de tal finalidad la inconstitucionalidad del proyecto impugnado, dista mucho de ser convincente". Los fundamentos jurídicos de la sentencia se recogen seguidamente.Primero. El presente recurso se apoya en cinco motivos distintos, aunque conexos entre sí, que resumimos en el punto segundo de los Antecedentes, y a los cuales el abogado del Estado ha dado respuesta también separada (punto sexto de los Antecedentes). Respetando esta estructura, analizaremos en este punto el primero de los motivos aducidos para sostener la inconstitucionalidad de la ley, consagrando a continuación uno a cada uno de los restantes.

El primero de los motivos, el de que el proyecto de ley implica una violación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 CE, se apoya en la idea fundamental de que la interdicción de la arbitrariedad, que obliga también al legislador, se produce no sólo cuando se viola el principio de igualdad, sino también aun sin violación de ese principio ni de ningún otro precepto concreto de la Constitución, cuando el fin perseguido por la ley es constitucionalmente ilícito, o constitucionalmente inadecuado, o cuando hay una desproporción entre el fin que se persigue y los medios establecidos para alcanzarlo.

A partir de esta idea se postula la inconstitucionalidad del proyecto por entender que el fin que con él se persigue es constitucionalmente inadecuado, ilícito y servido además con medios desproporcionados.

Este razonamiento no puede ser aceptado ni en su punto de partida ni en su consecuencia.

Como es evidente, la noción de la arbitrariedad no puede ser utilizada por la jurisdicción constitucional sin introducir muchas correcciones y matizaciones en la construcción que de ella ha hecho la doctrina del Derecho Administrativo, pues no es la misma la situación en la que el legislador se encuentra respecto de la Constitución que aquella en la que se halla el Gobierno, como titular del, poder reglamentario, en relación con la ley. No es necesario, sin embargo, entrar aquí en el análisis de este problema, pues aun aceptando, a meros efectos dialécticos, que la arbitrariedad sea predicable de las leyes cuando se dan en éstas las circunstancias que el recurrente señala, el proyecto aquí impugnado sólo sería constitucionalmente ilegítimo por su arbitrariedad si su finalidad y los medios con los que la sirve adoleciesen realmente de los defectos que el recurrente les imputa. Nos limitaremos, por tanto, al análisis de estas imputaciones.

El fin perseguido por el proyecto es, según el recurrente, que apoya su aserto en párrafos de la exposición de motivos de la proposición de ley que lo originó y en manifestaciones hechas en el curso de los debates parlamentarios, el de Impedir el obstruccionismo parlamentario que, según la mayoría, práctica la minoría". Es éste el fin del que se predica la inadecuación constitucional y la ilicitud (o ausencia de licitud).

Prescindiendo de analizar la compleja cuestión de si la finalidad de las leyes que el juez constitucional ha de tomar en consideración para apreciar su validez es la finalidad mediata (la que el recurrente, con alguna imprecisión en el empleo de los conceptos, define en los términos antes referidos) o sólo la inmediata (en este caso, la supresión de un determinado instrumento procesal), y sin cuestionar tampoco la exactitud de su afirmación en cuanto a cuál sea, en este caso, la finalidad mediatamente perseguida por la ley, la verdad es que la argumentación con la que el recurrente intenta hacer derivar de tal finalidad la inconstitucionalidad del proyecto impugnado dista mucho de ser convincente.

Reprocha, en efecto, a esta finalidad, en primer lugar, su falta de adecuación constitucional. Es claro, sin embargo, que tal falta de adecuación sólo puede ser la conclusión del silogismo, nunca su premisa. El recurrente, que no la hace derivar de la vulneración de ningún precepto concreto del texto constitucional, la defiende con el argumento de que aunque el legislador pudo no haber creado nunca el recurso previo, una vez introducida tal figura en nuestro ordenamiento se ha incorporado al bloque de la constitucionalidad y sólo puede ser afectada por medidas que resulten adecuadas al texto constitucional, "y es claro que tal adecuación no existe cuando la razón de la supresión del recurso previo es para evitar un pretendido obstruccionismo parlamentario". Prescindiendo, una vez más, del análisis de una noción compleja, la de "bloque de la constitucionalídad", que hace referencia a un conjunto de disposiciones utilizables como parámetro de la legitimidad constitucional de las leyes, pero no a contenidos normativos concretos que no puedan ser modificados de acuerdo con el procedimiento previsto según la naturaleza de cada disposición, es evidente que el razonamiento se hace aquí circular, y carente, por tanto, de poder suasorio, pues la afirmación a demostrar (la de la llamada "inadecuación constitucional" de la finalidad perseguida por la ley) le ofrece como consecuencia lógica de esa afirmación.

La ilicitud constitucional de la finalidad legal es, en opinión del recurrente, consecuencia de la desproporción existente entre la misma y los medios arbitrados para conseguirla, que, en su opinión, se hubiera conseguido también, con menor sacrificio de las garantías constitucionales que el recurso previo implica, si al suprimirlo se hubiera otorgado a este Tribunal la posibilidad de suspender la vigencia de las leyes impugnadas o, manteniéndolo, se le hubiera atribuido carácter sumario. Es evidente, sin embargo, que esta desproporción de los medios empleados por el legislador para alcanzar el fin que se le atribuye es, en los términos en que el recurrente la ofrece, resultado de un juicio político, en cuyo mérito este Tribunal no puede entrar. La desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo sólo puede dar lugar a un enjuiciamiento por este Tribunal cuando esa falta de proporción implica un sacrificio excesivo e innecesario de derechos que la Constitución garantiza. Como ello no es así, el argumento no permite sostener ni la ilicitud del proyecto ni, como también el recurrente pretende, su falta de "adecuación constitucional".

El obstruccionismo parlamentario

La desproporción de los medios utilizados para lograr la supuesta finalidad de "impedir el obstruccionismo parlarnentario" da lugar a un último argumento dentro de este primer motivo: el de que al eliminar el recurso previo se lesiona un "bien constitucionalmente protegido", noción que en el contexto parece hacer referencia al conjunto de garantías con que la Constitución rodea a los derechos fundamentales. Como este argumento es también el núcleo del segundo de los motivos de la impugnación, lo analizaremos en el siguiente fundamento.

Segundo. El segundo motivo con el que se pretende argumentar la inconstitucionalidad del proyecto de ley es el de que, siendo "la existencia de un recurso previo con efectos suspensivos contra proyectos o proposiciones de leyes orgánicas una exigencia implícita de la necesaria garantía de constitucionalidad de las materias propias de las leyes orgánicas", su supresión es una "violación indirecta de la Constitución". La exigencia implícita" de la que todo el argumento pende sería, a su vez, una implicación necesaria del mayor valor que la Constitución atribuye a los derechos fundamentales.

El punto de partida del razonamiento, el "mayor valor" de los derechos