El Congreso aprueba los nuevos órganos de gobierno de las cajas

Entre sugerencias de presunta inconstitucionalidad y acusaciones de politizar las cajas de ahorro, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer tarde la nueva estructura representativa propuesta por el Gobierno para las asambleas y consejos de administración de las entidades que forman este tercio del sistema financiero: un 40% los ayuntamientos, un 44% los impositores o depositantes, un 11% las entidades fundadoras y un 5% los empleados. El debate del articulado del proyecto de ley continuará el martes, para su posterior remisión al Senado.El futuro esquema representativo, que aumenta en todas las cajas la presencia de las corporaciones locales y asegura su mayoría absoluta cuando éstas son entidades fundadoras, fue contestado por la Minoría Catalana, el grupo centrista, el Grupo Popular y la Minoría Vasca. Todos ellos intentaron sin éxito cambiar dichos porcentajes y la mayoría coincidieron en elevar la representación de los empleados, reducida por el Gobierno desde la opinión de que es aprovechada por los aparatos de las cajas para perpetuar su mandato.

Sin llegar a anunciar recurso de inconstitucionalidad, la Minoría Catalana y el Grupo Popular dijeron que la ley tendría problemas en el Tribunal Constitucional, por aplicar a las nuevas representaciones un denominador común normativo en asuntos que invaden competencias de las comunidades autónomas o no son básicos para el Estado. El grupo Socialista replicó que el proyecto es "perfectamente constitucional".

Carlos Gasóliba (Minoría Catalana) tachó al proyecto de anti autonómico, »e stati sta y centralista. Fernando Suárez (Grupo Popular) dijo que se pretende un "endeudamiento de los ayuntamientos en las cajas" aún a riesgo de que la politización suscite la salida de depósitos "cuando trascienda de verdad a los ciudadanos que las cajas van a cambiar cada cuatro años de gobernantes". El primero defendía que los porcentajes fueran fijados a nivel de comunidad autónoma y el segundo que ningún grupo pueda llegar a obtener la mayoría.

El portavoz centrista, García Agudín, pidió la segunda reelección por. cuatro años para algunos consejeros. El vasco, Olarte, reclamó que los miembros del comité de empresa sean inelegibles. El conservador Fernando Suárez se manifestó contra la escasa presencia de los empleados, que en la asamblea disminuirán Su representación de tres a ocho miembros y en el consejo de cuatro a uno, pretensión que atribuyó a que, de los 1.000 representantes actuales, 180 pertenecen a UGT, 280 a CC OO y 526 a un sindicato "que no controla el Gobierno".

Al criticar estos argumentos y en defensa del texto del Gobierno, el socialista Martínez Noval, dijo que "en las cajas hace tiempo que se hace política".