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TRIBUNALES

Primeros acuerdos judiciales para impedir las corruptelas en los juzgados

Los jueces civiles y penales de Madrid se han puesto de acuerdo, tras largos meses de deliberaciones, sobre la erradicación de las corruptelas económicas en las oficinas judiciales. De acuerdo con el primer bloque de medidas adoptadas para impedir que los funcionarios judiciales perciban dinero de los ciudadanos, queda ya sin justificación cobrar cantidades por "reintegros y suplidos". Asimismo, la ejecución de los embargos se realizará por riguroso orden cronológico. También se prohibirá a las compañías de seguros que abonen cantidades al presentar denuncias sobre hechos relacionados con la circulación de vehículos.

Hasta ahora, los funcionarios de los juzgados civiles permitían la presentación de documentos sin los timbres exigibles y expedían luego unos recibos por suplidos y reintegros, que muchas veces excedían del importe legal. Uno de los acuerdos, adoptado por unanimidad por la Junta de Jueces, elimina los pagos en dinero por suplidos y reintegros. Los Juzgados de Primera Instancia sólo admitirán escritos presentados por los procuradores con el correspondiente reintegro, y rechazarán los que carezcan de este requisito. Para las sucesivas actuaciones, no cuantificables previamente, los juzgados utilizarán papel en blanco "con cargo a la partida de material". Al finalizar el pleito, se requerirá a las partes para que reintegren los timbres que falten o para que abonen su importe equivalente en papel de pagos al Estado.También fue unánime el establecimiento de un orden en el señalamiento y ejecución de los embargos, para evitar tratos de favor. Salvo casos singulares, en los que el juez se reserva la posibilidad de alterar ese orden, de forma motivada, los embargos se efectuarán siguiendo el orden de presentación en el registro general del juzgado respectivo y la fecha que se acuerde se especificará en la resolución que establezca la ejecución del embargo. Para la eficacia de este acuerdo, en todos los juzgados se abrirá un libro oficial, a fin de que el secretario controle el cumplimiento del orden establecido.

Como medida complementaria, la Junta de Jueces aprobó -en este caso sólo por mayoría- la creación de un futuro registro general de escritos de procuradores sobre asuntos en trámite, ubicado en el decanato y debidamente informatizado, que los distribuirá al día siguiente al juzgado civil o penal correspondiente.

También se acordaron medidas contra las disfunciones en los juzgados penales. La Junta de Jueces decidió que se prohiba "cualquier trato de favor para la rápida tramitación de querellas" y, en concreto, la exhibición de procesos y actuaciones para la toma de notas con objeto de conocer su contenido. Para la efectividad de esta prohibición, además del control de jueces y secretarios y de la orden circular del decano a los funcionarios, se colocarán rótulos o carteles en las secretarías, para general conocimiento de la medida.

Asimismo, se acordó hacer saber a las compañías de seguros "la absoluta prohibición" de abonar cantidades con motivo de la presentación en el Juzgado de Guardia de denuncias sobre hechos relativos a la circulación. Se encargó al decano que se dirija a dichas entidades, para recordarles "la responsabilidad criminal" en que pueden incurrir.

El final de una larga lucha

Con estos acuerdos, la larga lucha librada casi en solitario por la magistrada Manuela Carmena, cuyas posiciones quedaban habitualmente en minoría en las reuniones de jueces, fue asumida el lunes pasado por la Junta de Jueces. Su decano, Salvador Domínguez, manifestó ayer su satisfacción por "la buena acogida", dijo, "de los 62 jueces de Madrid a unas inquietudes que yo siempre tuve". Domínguez reconoció la importancia que ha tenido para alcanzar el acuerdo el "estudio interesante", realizado por la comisión integrada por Manuela Carmena, Román García Varela y José María Gómez Castroverde, y la ayuda del Ministerio de Justicia.En relación con la eficacia de los acuerdos adoptados, el decano señaló la conveniencia de que los profesionales que se relacionan con la administración de justicia presten también su colaboración para la erradicación de las disfunciones. Durante la reunión del lunes pasado, el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Epifanio Legido, planteó la conveniencia de que todos los jueces se vinculen a los acuerdos de la junta. La adopción de un acuerdo formal en este sentido quedó para una futura reunión. La próxima sobre el problema de las disfunciones está convocada para el lunes, 20 de mayo.

En la reunión de la Junta de Jueces del lunes último estuvieron ausentes 12 jueces civiles, entre los que figuran los más reacios al establecimiento de, medidas contra las corruptelas económicas (en la terminología del decano, disfunciones). En cambio, tanto el decano como los miembros de la comisión de magistrados destacaron la colaboración de los representantes de los secretarios y de los procuradores. También coincidieron en el efecto ejemplarizador de los acuerdos adoptados por la Junta de Jueces de Madrid para su extensión al resto de España.

Según cálculos realizados por algunos procuradores, un 80% de los funcionarios de los juzgados viene percibiendo cantidades irregulares, en algunos casos de hasta 500.000 pesetas, en relación con determinados embargos o suspensiones de pagos. Por otra parte, desde la entrada en vigor del decreto del Ministerio de Justicia que impide percibir cantidades por salidas, se han producido situaciones de boicoteo en algunos juzgados. En Canarias existen juzgados en los que se están señalando embargos para 1987.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 16 de mayo de 1985