En busca de un modelo de financiación autonómica

ANDREU MISSÉ Galicia, Cataluña, Andalucía y Asturias han tomado la delantera. Desde hace varios meses, equipos de expertos al servicio de estas comunidades trabajan calladamente diseñando nuevos modelos para la financiación de las autonomías. El estudio de una revisión profunda del sistema actual ha sido también objeto de varios trabajos por parte del Partit dels Socialistes de Cataluña (PSC) desde el pasado verano, y se sabe que la Admnistración central ha encargado a más de un gabinete de expertos la elaboración de modelos alternativos. Pero según todos los indicios, los trabajos encargados por la Administración central se encuentran todavía bastante retrasados y ello es debido a que todavía no se ha alcanzado un criterio político definitivo en el seno del propio Gobierno sobre el tema.

Aunque en los últimos días ha trascendido el alcance de algunos de estos modelos, la primera presentación en sociedad se produjo ayer y continúa hoy en Sigüenza (Guadalajara), en el encuentro de consejeros de Economía y Finanzas de las Comunidades Autónomas con altos cargos de la Administración central. Por primera v ez se habrán invertido los papeles. Y en lugar de ser las autonomías las que tomarán nota y presentarán enmiendas a las iniciativas del Gobierno, será éste quien deberá encajar las propuestas presentadas en el marco de la legalidad y recursos disponibles.

La introducción del sistema definitivo en 1986 tropieza, además, con la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido (IVA), tributo cedible a las autonomías en su fase minorista. Todo ello hace que sea extraordinariamente difícil aplicar el sistema definitivo el próximo año en los términos previstos de la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y los respectivos estatutos. Hay que tener en cuenta que tanto el Gobierno central como los autonómicos deben conocer los recursos disponibles antes de octubre para elaborar sus respectivos presupuestos.

Período introductorio

Este panorama de incertidumbres y retrasos ha sido despejado, en parte, por el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, quien ha asegurado que "en 1986 prácticamente todas las comunidades participarán del nuevo sistema, aunque éste no será el modelo definitivo". "Lo más conveniente", señaló Borrell, "será establecer un período introductorio de lo que será el modelo definitivo. Las características de esta etapa intermedia dependerán del objetivo final que se busque y que aún no hemos acordado".

Para el secretario de Estado el conflicto autonómico se plantea mal cuando se quiere reducir a un enfrentamiento entre las distintas administraciones. Según Borrell, "la cuestión de fondo es la de resolver la financiación de la actividad del Estado teniendo en cuenta que existe una especialización de las admnistraciones. Así, hay administraciones especializadas en la enseñanza y la sanidad como las autonómicas, y otras especializadas en defensa como la central. Entonces la verdadera polémica gira en torno a la asignación de recursos a cada una de estas especialidades y, por tanto, será más una polémica entre si gastar más en enseñanza o en defensa, que una polémica entre administraciones".

También en el campo autonómico han arraigado las posiciones pragmáticas. El caso más paradigmático en esta línea es el de Galicia, cuyo conselleiro de Economía y Finanzas, Jaime Trebolle, cuenta con su experiencia pasada de director general de Coodinación con las Haciendas Territoriales y la actual de responasable de finanzas de la Xunta de Galicia. Trebolle está preocupado por la indefinición actual del Gobierno, pero teme todavía más la introducción de excesivos cambios legislativos porque "entonces podemos pasar de la indefinición a la nada". El documento de Trebolle arranca de un trabajo inicial elaborado por ,José Víctor Sevilla, ex secretario de Estado de Hacienda, que posteriomente fue modificado por el conselleiro.

El documento considera muy aprovechable tanto la LOFCA como los estatutos y señala que con mínimas modificaciones de estos textos legales se podría regular perfectamente el período definitivo. Por ello es partidario dejo que el denomina "mantener la paz jurídica", es decir, "minimizar los cambios legislativos ante cualquier alternativa que, se presente". Trebolle donsidera necesario potenciar las tareas de redistribución en el nuevo período.

Quizá este interés especial por los mecanismos de redistribución fue determinante para que la Generalitat de Cataluña perdiese interés por el trabajo de Sevilla que en un principio había encargado conjuntamente con la Xunta de Galicia. Entonces la Generalitat encargó un nuevo trabajo a un equipo de economistas catalanes que han elaborado el denominado LLibre blanc y que, será presentado al Parlamento de Cataluña el próximo día 15.

Las líneas maestras del proyecto catalán fueron expuestas recientemente por el presi dente Jordi Pujol y suponen una ambiciosa reforma legal tanto en la vertiente que se inspira en el modelo de la República Federal de Alemania, que implica la participación en los grandes tributos, como el que supone una versión modernizada de los regímenes de concierto del País Vasco y Navarra. En sus respectivos modelos, el partido de Jordi Pujol coincide con la propuesta gallega en los principios básicos de autonomía, automatismo, estabilidad, generalidad y solidaridad, que en varias ocasiones ya habían sido anunciados por los socialistas catalanes cuando solicitaban la revisión de la LOFCA y del FCI.