El ministerio inicia sanciones contra 16 policías nacionales y retira el permiso a seis dirigentes del sindicato

La Dirección General de la Policía comunicó anoche en una nota, en relación con el conflicto que la enfrenta con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que pide la desmilitarización del Cuerpo, que ha notificado pliegos de cargos contra 16 policías nacionales, y que "ha dejado sin efecto el permiso concedido a seis miembros de la Junta Nacional del SUP, por así exigirlo las necesidades del servicio". La nota anunciaba que "estos funcionarios habrán de incorporarse mañana día 9 a su servicio habitual". En León, 80 mujeres, casi todas esposas de los policías nacionales trasladados a Cataluña, anunciaron ayer que iniciarán una huelga de hambre si Interior no ordena el regreso a casa de sus esposos.Las sanciones anunciadas por la Dirección General de la Policía, se producen, según la nota, "como consecuencia de los expedientes de separación del servicio que se siguen a miembros del Cuerpo de Policía Nacional implicados en la reciente situación conflictiva y a tenor de lo dispuesto en el reglamento orgánico de la policía gubernativa". Ante ello, "se ha procedido por el instructor de dichos expedientes a notificar el correspondiente pliego de cargos a 16 policías nacionales con destino en Basauri, tres de Vitoria y dos de Madrid".

En todos los acuartelamiento s de la Policía Nacional del país continuaban ayer las asambleas de agentes francos de servicio. Los policías que ya se han unido a la protesta encabezada por el SUP alcanzan la cifra de 25.000 (el 50% de la plantilla), según fuentes del Comité Ejecutivo Nacional de ese sindicato. Seis de los siete miembros de este comité son los afectados por la orden de la dirección general de reincorporarse al servicio.

El comité provincial del SUP en Valencia ha amenazado con mantener la concentración del día 15 que ha sufrido la prohibición gubernamental firmada por el Delegado del Gobierno en esta comunidad autónoma, Eugenio Burriel, y que se suma a las prohibiciones de los gobernadores civiles de Lugo y Ciudad Real anunciadas el pasado martes.

En cuanto tuvo conocimiento de la prohibición, el comité provincial de ese sindicato presentó un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Territorial contra la prohibición de concentrarse, y se halla a la espera de obtener una resolución favorable, según informa desde Valencia Fúlvia Nicolás.

En el caso de que la Audiencia Provincial confirmara la prohibición, la manifestaciones y concentraciones seguirán estando convocadas, puesto que en una votación celebrada a mano alzada en el transcurso de la asamblea extraordinaria de ayer, los afiliados del SUP decidieron llevar adelante la concentración "con o sin autorización y bajo la consigna No al Código de Justicia Militar. Por una policía civil y democrática al servicio del pueblo".

Por otra parte, el sindicato provincial UGT de Valencia difundió ayer un comunicado de solidaridad con las reivindicaciones policiales.

El encierro de las esposas de los agentes trasladados a Cataluña se desarrolla en el salón de actos de la antigua AISS de León, donde en la actualidad tiene su sede la UGT. Una de esas mujeres explicó ayer: "Hemos recibido muestras de solidaridad de esposas de policías de toda España".

Las mujeres que están llevando a cabo esta protesta están acompañadas de sus hijos, y para con seguir que el encierro no afecte a los más pequeños se ha organizado un movimiento de solidaridad entre parientes y vecinos para atenderlos. Los niños que se hallan encerrados y que están en edad escolar están desarrollando trabajos escolares con textos alusivos a la situación de sus familias y solicitando la vuelta de los trasladados, según informa desde León Gonzalo Rodríguez.

Según manifestó Belarmino García Fernández, portavoz provincial del SUP en León, y trasladado forzosamente también a Cataluña, Interior les ha esparcido "por acuartelamientos de Tortosa, Reus, Tarragona, Gerona, Figueras y Lérida", para evitar que sigan juntos. Este policía señala: "Si no hubiera sido por el buen recibimiento que nos han dispensado nuestros compañeros y jefes y oficiales, no habríamos podido resistir separarnos de nuestras familias de una forma tan rápida e irregular".

Belarmino García, casado, con dos hijos, de 27 años de edad, destinado actualmente en Lérida, explicó ayer a los representantes del SUP en Cataluña su situación de sus compañeros y la de sus familias. Ese portavoz de los policías trasladados declaró: "La situación es muy grave, porque hemos resultado moral y económicamente muy afectados". García afirma "Nuestras quejan se basan en que ninguno de nosotros ha sido expe dientado y en cambio, hemos sido trasladados como si hubiéramos cometido alguna falta grave".