El Gobierno amplía la liberalización económica anunciada por Boyer y aprueba la baja de retenciones fiscales

La primera parte del paquete de medidas para animar el consumo y la Inversión aprobada ayer por el Consejo de Ministros se orienta a una liberalización económica mayor que la anunciada por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Junto a la baja de retenciones en los ingresos de los trabajadores para que sus ingresos aumenten durante lo que resta de año en 107.000 millones de pesetas, el Ejecutivo decidió conceder libertad casi total para las inversiones extranjeras, comprometer más inversiones estatales de lo previsto y estimular la actividad y el empleo privados con la extensión de facilidades fiscales y bonificaciones en la Seguridad Social.

Las modificaciones introducidas ayer por el Gobierno en el paquete anunciado hace varias semanas por Boyer responden, según fuentes gubernamentales, a peticiones de la patronal CEOE y sugerencias de diversos ministros y del PSOE. Las primeras, rechazadas durante la negociación del Acuerdo Económico y Social (AES), han sido admitidas ahora.El ministro de Economía y Hacienda, quien anunció las decisiones del Gobierno en conferencia de prensa, declaró posteriormente a este periódico que la motivación de los cambios ha sido simplemente anticipar la libertad de inversiones unos meses (debía extenderse al entrar en la Comunidad Económica Europea) y en atender las observaciones del ministro de Trabajo (para ampliar las bonificaciones).

La apertura legal a la inversión extranjera, sin embargo, se ha extendido sensiblemente Boyer había anunciado que se elevarían de 25 a 500 millones de pesetas las cantidades que necesitarían autorización del Consejo de Ministros, además de simplificar trámites en todos los casos y de subir a 100 millones las dedicadas a inmuebles. Pero el Gobierno ha quitado cualquier tope, tanto si proceden del Mercado Común como de otros países; el inversor simplemente deberá comunicar sus propósitos y superar un breve período de silencio administrativo. Sólo se mantendrá el requisito de autorización en diversos sectores especiales (empresas de refino, emisoras locales de radio y sociedades farmacéuticas).

Mayor trascendencia tendrán las facilidades fiscales a las empresas que inviertan o creen empleo, en línea con lo solicitado por CEOE. Boyer había anunciado la libertad de amortización (lo que disminuye el impuesto de sociedades, en la medida que el exceso de amortización hace descender en la misma cantidad los beneficios contables) para las inversiones iniciadas en 1985 y 1986,siempre que se realizaran efectivamente durante ambos años en más de un 20%. El Ejecutivo ha disminuido el mínimo de 1985 al 10% y ha extendido el plazo a cuatro años.

Asimismo, además de suprimir a tope para que las empresas descuenten de su impuesto sobre beneficios 500.000 pesetas por cada nuevo empleado (era el 30% de la cuota), habrá desgravaciones del 17% para los trabajadores que inviertan en su empresa, aunque las acciones de esta no coticen en Bolsa. Las empresas debían pagar al constituirse el 3% de su capital desembolsado; desde ahora, queda en el 1%, como anticipo al impuesto sobre el valor añadido.

Decreto-ley

Todas estas medidas, por modificar leyes en vigor, serán dictadas por decreto-ley, tal y como se esperaba. Esta disposición -justificada en la urgencia de "estimular el consumo y la inversión, flexibilizar la economía, crear empleo y apoyar a la construcción", según reiteró ayer Boyer en conferencia de prensa- incluirá algunas de las otras actuaciones anunciadas.En síntesis, se trata de la libertad de horarios de apertura y cierre de locales comerciales, la supresión de restricciones para transformar viviendas en negocios y dos medidas de apoyo indirecto a la construcción: la nueva desgravación del 17% "al poner en funcionamiento o vender una vivienda" (hasta ahora sólo desgravaba en renta la primera vivienda utilizada por el contribuyente y el cambio anunciado parecía limitarse a la segunda), la supresión de la prórroga forzosa en los nuevos contratos de arrendamiento. El ministro de Economía resaltó que serán respetadas en todo caso las normativas de comunidades de vecinos, ayuntamientos o autonomías, para impedir que la libertad de horarios o la transformación de viviendas en locales perjudique derechos adquiridos o afecte a la ley de propiedad horizontal.

Otra novedad introducida respecto a lo anunciado, situada ya fuera del decreto-ley por no requerir este rango, radica en las bonificaciones en la Seguridad Social por nuevas contrataciones. Boyer había dicho que beneficiarían (por reducir un 50% las cotizaciones de los empresarios) a las empresas que contraten jóvenes menores de 25 años. Aunque el decreto necesario todavía no ha sido informado por el Consejo de Estado, será ampliado a los 26 años y a los parados con más de 45 años. El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia., indicó que el beneficio se mantendrá por el tiempo que dure el contrato (aunque sea indefinido) y ha sido concebido como complemento a las ayudas existentes, si bien con tres limitaciones: no haber reducido plantillas más de un 10%, estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social y no recibir ayudas por planes de jubilación anticipada o reconversión. Paralelamente, el Gobierno. aprobó planes de formación profesional e inserción social, fundamentalmente dirigidos a los jóvenes, para unas 440.000 personas durante los próximos doce meses; el coste programado asciende a 37.500 millones.

La reducción de retenciones fiscales será consolidada en parte por una ley que bajará las tarifas del impuesto, aumentará las deducciones e intentará suprimir la discriminación sufrida por la acumulación de rentas cuando trabajan los dos cónyuges. El Ejecutivo estudiará esta disposición con calma. Tampoco entró ayer en otras medidas anunciadas por Boyer, como la liberalización de importaciones de productos que presionan sobre los precios (sólo se acordaron en principio facilidades para la entrada de huevos extranjeros), la reforma del mercado de valores, la mayor liberalización del mercado financiero y la reducción de compras militares y transferencias a empresas públicas para compensar la disminución de ingresos y la disminución de gastos que entrañará este paquete para el Estado. Pero Boyer afirmó, sin pronunciarse sobre el coste neto resultante, que la disminución de gasto público por el retraso en las compras militares y el fraccionamiento de transferencias a empresas estatales podrá llegar a unos 70.000 millones de pesetas.