La reforma de nunca acabar

Los trabajadores que tengan ahora menos de 60 años y piensen tener acceso en su momento a una pensión de jubilación tendrán que haber cotizado como mínimo durante 15 años a la Seguridad Social, si se aprueba la reforma planteada por el Ministerio de Trabajo a Unión General de Trabajadores (UGT) y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El último proyecto presentado por el ministerio se ha visto sometido, sin embargo, a fuertes críticas por parte del sindicato, por lo que el Gobierno ha ofrecido la posibilidad de modificarlo en algunos de sus puntos.

La revisión del sistema de pensiones se incluía, en principio, en un amplio programa para la reforma de la Seguridad Social que debería debatirse en una comisión creada al efecto en el Acuerdo Económico y Social (AES), en la que, además del Gobierno, están presentes la Unión General de Trabajadores y la organización empresarial CEOE. El Gobierno, tras varias reuniones infructuosas con los agentes sociales, decidió plantear de manera rápida y urgente la nueva normativa de pensiones, lo que provocó, además de las iras de su sindicato hermano, que el resto de la reforma del sistema quedara en el aire para ir a centrarla sólo en las prestaciones de jubilación e invalidez, quizá las de mayor significado social, por afectar a las capas más débiles de la sociedad.Condiciones más duras

De momento, el proyecto del Gobierno endurece los requisitos para tener acceso a las pensiones, rebaja la cuantía inicial de las mismas, elimina algunas de las prestaciones existentes hasta ahora y suprime varios regímenes especiales de la Seguridad Social.

Si la reforma de las pensiones se aprobara finalmente según los planes gubernamentales, los trabajadores que quieran cobrar la pensión tanto de invalidez como de jubilación deberán haber cotizado durante 15 años como mínimo, pero, además, dos años deberán estar comprendidos dentro de los ocho inmediatamente anteriores al momento en que se acceda a la jubilación. Ello supone un endurecimiento en los requisitos exigidos hasta el momento. Sin embargo, si se confirmase una última propuesta efectuada, por el Gobierno, no harían falta estos dos años de cotización.

Hoy, cualquier trabajador que esté afiliado a la Seguridad Social, ya sea en activo o en período de desempleo, tiene derecho al cumplir los 65 años como norma general a cobrar una pensión de jubilación siempre que haya cotizado durante 10 años y que, de ellos, dos (700 días) estén comprendidos en los siete años inmediatamente anteriores al momento de jubilarse.

Junto al aumento exigido en el período de cotización, la reforma propuesta por el Gobierno va a suponer, en principio, una rebaja en la cuantía inicial de la pensión. Según la normativa ahora en vigor, la cuantía de la pensión de jubilación se determina en función de las cotizaciones aportadas por el trabajador en los dos años que él elija, siempre dentro de los siete últimos, y que suelen coincidir con aquellos en que ha pagado más a la Seguridad Social.

Evitar el fraude

Ello ha llevado a una práctica que en ocasiones roza el fraude o al menos distorsiona en gran medida el cálculo para el pago de pensiones. Empresas y trabajadores acordaban un considerable aumento de las cotizaciones en los dos últimos años de vida activa. Con lo que se conseguía una pensión de jubilación más cuantiosa, que, por otra parte, refleja únicamente la aportación efectuada durante un corto período de tiempo a la Seguridad Social.

Amparándose en ello, el Gobierno pretende ahora que la cuantía se determine en función de las cotizaciones de los últimos ocho años cotizados. Evidentemente, al considerarse un período mayor, el promedio que resulta para fijar la base reguladora de la pensión resulta inferior.

La pensión de los futuros jubilados será, pues, menor que la de los actuales pensionistas, pero irá manteniendo capacidad adquisitiva con el transcurso del tiempo, al establecerse la revalorización automática anual en el mismo porcentaje en que haya subido la inflación, con lo que la revisión se hará sobre años vencidos. Esta posibilidad de revalorización automática es la última oferta realizada por el Gobierno a UGT en su intento de llegar a un acuerdo. De esta manera, la subida de los precios no irá socavando el poder de compra de la pensión y se evitará uno de los mayores problemas actuales.

Ahora, el período de carencia cualificada permite una pensión de jubilación aproximada al salario en activo, pero la inexistencia de revalorización anual automática hace que la prestación valga cada vez menos, si el Gobierno no decide aumentarla en un porcentaje igual al del IPC. El sistema actual deja exclusivamente a criterios del Gobierno la subida de las pensiones y el porcentaje de incremento.

La reforma plantea además problemas a aquellas personas que están próximas a la jubilación, pero que no llegan a cumplir los nuevos períodos de cotización. Para ellas, el proyecto contempla un período transitorio que flexibiliza las condiciones a quienes tengan en el momento de la entrada en vigor de la nueva normativa 60 o más años. Estas personas, para acceder al cobro de la pensión, tendrán que acreditarlos 10 años de cotización exigidos hasta ahora y el lapso de tiempo que les quede para cumplir los 65 años. En este aspecto, también el Gobierno ha ofrecido una nueva alternativa, ampliando a 10 años el período transitorio, con lo que la reforma no afectaría en el período de carencia a los trabajadores que en el momento de su puesta en vigor tuvieran 55 años.

Por otra parte, quienes cumplan todas las condiciones para cobrar la pensión, pero no hayan ejercitado su derecho, tendrán opción a elegir entre la nueva o la antigua legislación.

Pero no es sólo en el acceso a la pensión de iubilación en donde el Gobierno endurece las condiciones, sino también en el de la invalidez permanente, y muy especial mente si la causa de la misma es accidente no laboral.

Actualmente, se exige haber cubierto un período de 1.800 días de cotización dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a pasar a esta situación, y ninguno si la causa de la invalidez es un accidente, laboral o no, o una enferme dad profesional.

Con la reforma, los menores de 26 años tendrán que acreditar una carencia igual a la mitad del tiempo transcurrido entre los 16 años y el momento causante de la pensión. Si se tiene más de 26 años, el período mínimo de cotización será el equivalente a tres octavos del tiempo transcurrido entre los 20 años y el momento de la invalidez, con un mínimo de cinco años y un máximo de 10, y si la causa de la pensión es accidente no laboral, se exigirán cinco años de cotización, salvo que se sea menor de 26 años. Este requisito, no obstante, podría suprimirse, ya que el Gobierno así lo ha expresado para el caso en que la reforma sea objeto de negociación. El proyecto recoge tam bien que al menos tres años de cotización deberán estar comprendidos dentro de los 10 inmediata mente anteriores al hecho causante de la pensión.

Asignaciones familiares

Aunque la norma presentada por la Administración a los agentes sociales se refiere fundamental mente a las pensiones hasta ahora señaladas, introduce también la eliminación de algunas prestaciones actualmente vigentes.

Este es el caso del pago por matrimonio o nacimiento de hijos y la asignación mensual por esposa. El Gobierno anuncia que los fondos previstos para estos conceptos se destinarán a aumentar las asignaciones mensuales por hijos a cargo (los puntos). El aumento se destinará a los colectivos de menores ingresos, como parados con subsidio o pensionistas o trabajadores en activo que no estén obligados a hacer la declaración sobre la renta.

También se eliminarán las indemnizaciones a tanto alzado para lesiones permanentes no invalidantes por accidente de trabajo o enfermedad profesional, y las prestaciones correspondientes por invalidez permanente en el grado de incapacidad permanente parcial para el ejercicio de la profesión habitual.

Por último, la reforma incidirá regímenes especiales de la Seguridad Social. Concretamente, se suprimirán los correspondientes a los trabajadores ferroviarios, los artistas, toreros, representantes de comercio, escritores de libros y futbolistas, para quienes se dictarán nuevas normas de integración en el sistema de Seguridad Social.

Todas estas nuevas normas, que el Gobierno recogió en un proyecto final de "Medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social", están sujetas ahora a revisiones parciales ante la presión ejercida por UGT.

El Ejecutivo ha ofrecido al sindicato una mayor flexibilización de diversas condiciones, pero mantiene la necesidad de actuar sobre la cuantía inicial de las futuras pensiones de jubilación, argumentando la necesidad de reequilibrar los ingresos y gastos del sistema.

Reducir el gasto

Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, la reforma propuesta por última vez a los interlocutores sociales supondría un ahorro de 40.000 millones el próximo año, para el que hay una previsión de más de 2,4 billones de pesetas para gasto en pensiones.

El volumen de pagos de pensiones, sin duda el más amplio, se ha quintuplicado entre 1977 y 1984. En 1985, el total de los gastos de la Seguridad Social ascenderá a más de 3,9 billones de pesetas. Para compensar la diferencia entre las cotizaciones (2,8 billones), y otros ingresos (76.564 millones), el Estado deberá aportar más de un billón de pesetas.