El Gobierno proyecta que se practique gratuitamente el aborto en los centros dependientes de la Seguridad Social

El Gobierno y el Grupo Socialista han instado al Ministerio de Sanidad a que desarrolle en breve una normativa que regule las características de los centros hospitalarios en los que podrán practicarse interrupciones del embarazo en los tres supuestos que recoge la ley que lo despenaliza, pendiente ahora de modificación en el Parlamento. Fuentes gubernamentales han asegurado que la gratuidad del aborto en los centros de la Seguridad Social y concertados será un hecho. La existencia de hospitales públicos para este fin no será óbice para que proliferen clínicas privadas que cuenten con las garantías necesarias suficientes.

El Grupo Parlamentario Socialista presentará el próximo martes cuatro enmiendas que darán cumplimiento a las exigencias dictadas por el Tribunal Constitucional, según ha sabido este periódico. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en un centro sanitario público o privado, autorizado y con consentimiento de la mujer embarazada cuando concurran determinadas circunstancias, dice el preámbulo del nuevo texto socialista, que asegura ajustarse en todo a la doctrina emanada del alto tribunal.Dado que la ley hablará de centros públicos o privados autorizados, la interpretación real que realizan medios gubernamentales es que, en todo caso, el aborto correrá a cargo de la Seguridad Social "Es decir, una persona con su cartilla del seguro podrá someterse a la intervención de forma gratuita", dijeron ayer fuentes socialistas. Recuerdan los mismos portavoces que no se está legislando sobre una ley reguladora del aborto, sino que se está modificando el artículo 417 bis del Código Penal. Por ello habrá de regularse al margen, pero de forma simultánea, una normativa, desde el Ministerio de Sanidad, sobre hospitales públicos y privados concertados en los que se podrá abortar con las más estrictas garantías sanitarias.

Una segunda enmienda recogerá las instrucciones del Tribunal Constitucional sobre los informes que habrán de emitir los médicos para autorizar el aborto; uno en el caso del terapéutico y dos en el eugenésico. Como quiera que también se precisará de la aprobación del centro, y al ser éste de la Seguridad Social, la práctica hará que todos los informes emanen de un mismo punto: del hospital público o concertado que se elija.

Es la propia sentencia, al decir que el legislador cuando habla de salud quiere decir física y psíquica, lo que da apoyatura a que se precise en la nueva redacción lo siguiente: "Se podrá producir aborto para evitar un grave peligro para la vida o salud física y psíquica de la embarazada". Éste será el contenido de la tercera enmienda socialista que ha tenido en cuenta en su fundamento la definición que de salud realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde este organismo se entiende que el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos.

Castigo para médicos

En una última enmienda, los socialistas liberan a la madre de persecución penal en el caso de que aborte y no haya cumplido todos los requisitos necesarios. Sí será punible, en cambio, para los médicos o centros que hayan llevado a cabo el aborto sin las garantías exigibles.

Tanto desde el Gobierno como de fuentes socialistas se da como seguro que en breve comenzará "el negocio del aborto", y precisan que la utilización del término negocio se realiza sin ánimo peyorativo "Sabemos que hay muchas personas que están dispuestas a montar clínicas que reúnan todas las condiciones sanitarias precisas para llevar a cabo abortos", afirman cualificados portavoces socialistas. "Habida cuenta de la psicología de la abortante, ésta preferirá, si puede obtener el dinero, ir a una clínica bonita, cómoda y segura, y no a la Seguridad Social", aseguran las mismas fuentes.

El Ministerio de Sanidad hizo entrega esta semana al Grupo Socialista de un informe jurídico-sanitario que recoge un abanico de posibilidades que servirán de base para elaborar las normas que han de seguir los hospitales que procedan a la práctica de abortos.

El próximo sábado se reunirá la Mesa del Congreso para calificar las enmiendas presentadas por los grupos. Las que aporta el Grupo Socialista se ajustan estrictamente a la sentencia del Tribunal Constitucional, según aseguran sus técnicos, por lo que les resulta imposible barajar el supuesto de que el Grupo Popular pueda nuevamente recurrir la ley.