La Xunta nombra funcionarios interinos a 63 personas suspendidas en un examen

La denuncia de un sindicato ha sacado a la luz el nombramiento por la Xunta de Galicia como funcionarios interinos de 63 personas que habían suspendido el examen correspondiente el pasado mes de marzo. El PSOE gallego, principal grupo de oposición en la comunidad autónoma, ha pedido una explicación de urgencia ante el Parlamento, y el director general de la Función Pública del Gobierno regional presentó su dimisión verbalmente. Un portavoz socialista calificó el asunto como "pucherazo intolerable".

El vicepresidente de la Xunta, habitual portavoz del Gobierno autónomo y titular de la Consejería de la Presidencia, Xosé Luis Barreiro, ha justificado, por razones operativas, la designación directa como funcionarios de carácter interino de 63 personas que no habían superado el examen convocado al efecto, añadiendo que su actuación en este caso se ajusta a la ley.Este asunto, denunciado en duros términos por colectivos sindicales y por la oposición, ha abierto una intensa polémica sobre la política funcionarial y de contratación de personal de la Xunta, gobernada por Alianza Popular.

Dimite un director general

El caso ha motivado la dimisión -presentada verbalmente y todavía no tomada en consideración- del director general de la Función Pública de la Administración autónoma, José Enrique Herrero, que había presidido el tribunal examinador.Por vía de urgencia, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de Barreiro en el pleno del Parlamento del próximo martes. Según el diputado socialista Fernando Martínez, "lo sucedido tiene las características de un pucherazo intolerable".

La prueba para cubrir 93 plazas de funcionarios interinos fue convocada por la Consejería de la Presidencia el pasado 11 de marzo y se celebró el 30 del mismo mes en La Coruña. Se presentaron al examen más de 2.000 aspirantes.

El tribunal, presidido por Herrero e integrado por otros funcionarios, aprobó a 79 candidatos, considerando que el resto no reunía los mínimos exigidos. Entre los suspendidos figuraban antiguos contratados, principalmente de la Consejería de Educación y Cultura.

Pese a la resolución del tribunal, el Diario Oficial de Galicia publicó el 13 de abril el nombramiento de 142 funcionarios interinos. La lista de aprobados se amplió con una relación decidida directamente por responsables políticos de la Xunta. Según Fernando Martínez, "lo peor es esta apariencia engañosa de igualdad de oportunidades para luego nombrar personas de confianza, y no se puede jugar así con la gente".

El primer colectivo en denunciar los hechos fue la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que calificó el asunto de "arbitrariedad manifiesta".

Los cargos de "caciquismo y nepotismo" fueron subrayados públicamente por otros colectivos, como el Sindicato Gallego de la Administración Pública y la CNT.

Un comunicado oficial insistía ayer en que "el consejero de la Presidencia, al proceder al nombramiento de funcionarios interinos en un número superior al de las plazas convocadas, no invade en modo alguno las facultades del tribunal de las pruebas selectivas, ya que, por tratarse de puestos de trabajo creados por la comunidad, entra dentro de sus atribuciones el nombramiento de interinos en atención a lo establecido por la ley de Proceso Autonómico".

No obstante, los sindicatos denunciantes siguen considerando ilegal la actuación que ha tenido la Xunta de Galicia en este caso.