El Gobierno no elaborará un nuevo proyecto de ley de despenalización del aborto

El Gobierno renunció ayer, en contra de la opinión de numerosos parlamentarios socialistas, a elaborar un nuevo proyecto de ley sobre despenalización del aborto, y se negó también a introducir, entre los supuestos que permitirían interrumpir legalmente el embarazo, la llamada indicación social. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, manifestó ayer que la vía jurídica para hacer aprobar el aborto consistirá en modificar el proyecto de ley ya existente, e incorporar al mismo las exigencias planteadas por el Tribunal Constitucional. También aseguró que no se incluirá el cuarto supuesto de legitimación del aborto y que se mantendrán tan sólo los tres supuestos tradicionales, recogidos en la ley recurrida: aborto terapéutico, eugenésico y ético.

Numerosos diputados y senadores socialistas habían solicitado, en la última reunión de su grupo parlamentario, la elaboración de un nuevo proyecto de ley, a la vista de la declaración de inconstitucionalidad del ahora existente, que ampliase los casos en los que sería permitido abortar. En concreto, los parlamentarios socialistas, entre los que se encontraba el presidente del grupo en el Senado, Juan José Laborda, pretendían la introducción del llamado cuarto supuesto, es decir, la legitimación del aborto en casos razonables de presión social contra la embarazada.Sin embargo, la propuesta fue finalmente derrotada en el seno del grupo, por estimarse que "no es este el momento apropiado", cuando incluso el tímido proyecto socialista encontró dificultades ante el Tribunal Constitucional y en numerosos medios de comunicación. La marcha atrás respecto de algunos planteamientos iniciales socialistas se produjo aun cuando, examinada con atención, la sentencia del Tribunal Constitucional permite introducir en el proyecto la cuarta indicación, según admitió ayer el propio Ledesma.

El examen del texto completo de la sentencia del tribunal -que Ledesma aseguró haber conocido tan sólo ayer al mediodía, cuando se encontraba en plena reunión del Consejo de Ministros- aconsejó igualmente al Ejecutivo decantarse por el llamado método Peces-Barba. Éste consiste, en síntesis, en modificar el proyecto de ley ya existente en lugar de, como habrían preferido diversos miembros del Gabinete y del Grupo Socialista, elaborar un nuevo proyecto de ley.

El presidente del Grupo Socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, quien se había pronunciado públicamente en favor de un nuevo proyecto de ley, admitió ayer que, a la vista de que el texto completo de la sentencia es más favorable de lo previsto, el sistema recomendado por Peces-Barba sería el más acertado.

Pasos a seguir

Así, el proyecto recurrido por el Grupo Popular y declarado inconstitucional será devuelto a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, y se abrirá un plazo de enmiendas para su debate. Posteriormente, el proyecto enmendado pasará a ser debatido en el Pleno de la Cámara, y de ahí, al Senado. El método es combatido por el Grupo Popular, que lo considera "ilegítimo": José María Ruiz Gallardón advirtió ayer de la posibilidad de que su grupo, presente, en su caso, un recurso de inconstitucionalidad contra este sistema de tramitación.

Esta posición del Grupo Popular -que también llegó a amenazar, por medio de su portavoz, Miguel Herrero, con no asistir a los debates de la Comisión de Justicia si se adoptaba el método preconizado por Peces-Barba- parece, no obstante, inquietar muy poco a los socialistas, que ayer se mostraban eufáticos con el contenido de la sentencia. El texto íntegro dado a conocer por el Tribunal Constitucional "declara constitucional, en lo sustancial" el proyecto de ley elaborado por los socialistas, de acuerdo con la opinión expresada ayer por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma.

"No tiene fundamento que quienes recurrieron el proyecto puedan echar las campanas al vuelo a la vista de la sentencia", recalcó el ministro, que, sin embargo, se lamentó de que el Tribunal Constitucional no hubiese fallado a la inversa, es decir, declarando la constitucionalidad del texto socialista y recomendando a la vez el reforzamiento de determinadas garantías.

Por su parte, Alianza Popular se aferró ayer a la declaración formal de inconstitucionalidad contenida en el fallo de la sentencia para proclamar que había registrado una victoria jurídica. Ambas partes se declaraban, pues, públicamente victoriosas, aunque privadamente preocupadas: los socialistas, porque consideran aún abierta la brecha de las divergencias con el conjunto del poder judicial; los aliancistas, porque temen que la ambigua sentencia sobre el aborto abra la compuerta a una sentencia del Tribunal Constitucional absolutamente contraria a sus tesis en otros temas planteados, como el recurso previo contra la suspensión del recurso previo de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional fallará en breve acerca de este último tema. El Grupo Popular teme que los propios magistrados del Tribunal Constitucional admitan la suspensión del recurso previo de inconstitucionalidad, dejando de ser así una tercera Cámara de hecho, con poderes suspensorios sobre cruciales decisiones del Ejecutivo que han sido también refrendadas por el Parlamento.