Sorpresa y discrepancias en el seno del Gobierno ante las medidas anunciadas por el ministro de Economía

El anuncio por parte del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, del paquete de medidas tendentes a reactivar la economía española supuso una cierta sorpresa para buena parte de los miembros del Gobierno, que conocieron las importantes novedades cuando éstas estaban ya decididas. El Consejo de Ministros deliberante de la semana pasada y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presididos ambos por el presidente Felipe González, tuvieron momentos de tensión cuando el titular de Economía anunció un cambio en la política económica, desconocido y apenas comprendido por varios miembros del Ejecutivo.

Los ministros del Gobierno conocieron por boca de Miguel Boyer en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos celebrada el lunes, el alcance real del paquete de medidas, fiscales y de otro tipo, con el que se pretende reactivar la economía española y alcanzar los nuevos objetivos de crecimiento fijados para 1985 (un 2,5% de incremento del producto interior bruto frente al 3% previsto con anterioridad).La primera reacción, según fuentes próximas a la propia comisión delegada, fue de estupor por lo que significaba de cambio real en el programa económico defendido hasta entonces con ahínco por el ministro de Economía.

Para algunos miembros del Gobierno las propuestas realizadas por Boyer, que cuentan con el apoyo explícito del presidente Felipe González, suponen un giro de 180 grados en los planteamientos iniciales. La explicación a este cambio, según algunos ministros, se encontraría en la autocrítica realizada por Miguel Boyer en el último Consejo de Ministros deliberante -celebrado la semana pasada- en el sentido de que no se estaban alcanzando los objetivos previstos y que consideraba necesario propiciar un cambio importante en la política económica.

A raíz de esta autocrítica -la primera realizada durante el tiempo en que está al frente de Economía y Hacienda-, Miguel Boyer propuso un paquete de medidas que, en opinión de altos cargos de la Administración socialista, suponía el reconocimiento del fracaso de lo hecho hasta ahora y la puesta en marcha de un programa alternativo que supusiera un salto hacia adelante. La estupefacción de algunos miembros del Gobierno surgió cuando el ministro de Economía, sin haber discutido con los directamente interesados en la aplicación de las medidas propuestas, empezo a dibujar lo que sería la actuación prioritaria del Gobierno en los próximos meses.

Resultados dudosos

En este sentido se señala que las medidas de recuperación del sector de la construcción dibujadas por Miguel Boyer en su intervención en el Congreso de los Diputados se concretan en medidas fiscales de cuya efectividad se tardará un cierto tiempo en ver los resultados y que, en cualquier caso, según los responsables del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, no tendrán repercusiones reales hasta bien entrado el próximo año. Eso en el caso de que no se produzca un conflicto de intereses claramente delimitado como puede ser en el proyecto de modificación parcial de la Ley de Arrendamientos Urbanos.Medios de la Administración precisaron a este respecto que, desde hace un año, se encuentra paralizado un proyecto de ley de arrendamientos urbanos elabora do por los ministerios de Justicia y de Obras Públicas y Urbanismo, y que sorprende que ahora, sin contar con ese proyecto, Economía y Hacienda decida modificar parcialmente la actual ley en vigor suprimiendo la prórroga forzosa de arrendamiento para los contratos vencidos.

La decisión del ministro de Economía y Hacienda de proceder a una modificación importante de los objetivos de política económica defendidos hasta ahora por el Gobierno habría que enmarcarlas, según estas fuentes, en el contexto de la intervención de Miguel Boyer en el Consejo de Ministros deliberante celebrado la semana pasada y en las manifestaciones realizadas anteriormente por el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio,en el sentido de que, dada la desviación de los objetivbs previstos durante los primeros meses del año, había que introducir cambios para tratar de alcanzar las metas establecidas inicialmente.

Un ministro del Gobierno señaló que Miguel Boyer, ante la petición del presidente González de que cada uno de los miembros del Ejecutivo hiciera un balance de la situación de su área, tuvo una intervención muy pesimista, sobre todo en lo que se refería a niveles de precios y de empleo, señalando que a pesar de lo hecho hasta ahora no se producía el tirón esperado de la inversión y se mantenía el descenso en el consumo privado.

También ha sorprendido en diversos organismos públicos el anuncio de que la modificación a invertir en obras públicas la baja de los impuestos directos, especialmente el de la renta de las personas fisicas, irá acompañada de reducción en el gasto público y recortes en en las transferencias a empresas públicas. Con esta medida se trata de evitar que la minoración de los ingresos de la Hacienda pública en 100.000 millones suponga un mayor déficit para el Estado durante el presente ejercicio.

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, concretó que esta medida tendrá especial incidencia en el Instituto Nacional de Industria, el Instituto de Crédito Oficial, las empresas públicas no dependientes del INI, y en las compras previstas de armanento en el exterior. Los responsables de estas áreas declararon no haber sido consultados sobre estas medidas de contención del gasto público e incluso llegaron a considerar como difícil que se pudiera llevar a cabo dados los compromisos, como los contratos programas con algunas empresas públicas, existentes en buena parte de ellas. Estos compromisos tienen una repercusión social y económica importante y han justificado la firma de convenios colectivos o los planes de saneamiento y recuperación financiera de estas empresas públicas.