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La ley del Gobierno socialista para despenalizar el aborto, declarada constitucional

El Tribunal Constitucional falló ayer en contra de la ley del Gobierno socialista que despenalizaba tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo (violación, malformación del feto y peligro de la vida de la madre), por entender que la misma no contiene las garantías suficientes que exige el artículo 15 de la Constitución, que protege el derecho de "todos" a la vida. La sentencia contraria a la ley fue decidida en último extremo por el voto de calidad del presidente del tribunal, Manuel García Pelayo, como ya ocurriera en la sentencia sobre la expropiación de Rumasa. Con él votaron Gloria Begué, Rafael Gómez-Ferrer, Ángel Escudero, Francisco Pera y Antonio Truyol. A favor de la ley votaron los otros seis magistrados, Jerónimo Arozamena, Francisco Tomás, Francisco Rubio, Luis Díez-Picazo, Manuel Díez de Velasco y Ángel Latorre. Estos magistrados incorporarán a la sentencia, que será hecha pública probablemente el próximo lunes, sus votos particulares. El Grupo Popular celebró esta sentencia como una gran victoria.

Las reformas que sugiere el Tribunal Constitucional a las Cortes para que la ley sea viable están encaminadas a evitar que se produzca otro tipo de abortos enmascarados en estos supuestos, y, consiguientemente, garantizar en lo posible las vidas de los fetos que no se encuentren en los supuestos despenalizados por la ley.Toda la ley ha sido declarada inconstitucional, debido a que consta de un solo artículo, aunque, de los tres supuestos estipulados en la misma, el aborto ético (cuando la madre ha sido violada) se considera con garantías jurídicas suficientes. En los otros dos casos se pide que se establezcan garantías médicas, tanto en la comprobación del caso como en la realización del aborto. En concreto, pide la intervención de otro médico especialista y la determinación de centros hospitalarios específicos.

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se mostró ayer animado y optimista en una conferencia de prensa improvisada tres horas después de haber conocido el fallo de la sentencia sobre la despenalización del aborto. Según el ministro, el tribunal considera plenamente constitucional la interrupción del embarazo debida a violación (conocida como aborto ético), y tan sólo exige unos requisitos "que, aunque no expresamente formulados, sí estaban en el espíritu de la ley", en los casos de aborto por malformación del feto o por peligro de la vida de la madre.

José María Ruiz Gallardón, diputado del Grupo Popular, primer firmante del recurso ante el Tribunal Constitucional, tras valorar la sentencia como una victoria de la oposición, pidió la dimisión del ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Éste replicó que no tiene ninguna intención de dimitir. El presidente del Gobierno, Felipe González, pese a la derrota política que supone la sentencia, no ha convocado todavía una reunión extraordinaria del Gabinete para debatir el tema y sus posibles salidas jurídicas. En medios socia listas se apuntaba ayer, como una de las posibles soluciones, la presentación por parte del Grupo Parlamentario del PSOE de una proposición de ley sobre interrupción del embarazo que recoja las exigencias del Tribunal Constitucional.

Páginas 11 a 16 Editorial en la página 8

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de abril de 1985

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