Los colegios profesionales no se pronuncian

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, presidido por Ramiro Rivera, no quiso ayer pronunciarse sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley del aborto por parte del Tribunal Constitucional, mientras no se conozca el texto íntegro de la sentencia. La mayor parte de los colectivos profesionales relacionados más directamente con la ley declinaron, igualmente, pronunciarse. Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de la Abogacía, de la Unión Profesional (que agrupa a todos los consejos generales de colegios profesionales) y decano del Colegio de Abogados de Madrid, estuvo ilocalizable, y en su despacho y su domicilio afirmaron que se encontraba "fuera de Madrid".Para Ramon Martínez Callen, vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona y dirigente de Unió Democrática de Cataluña, la sentencia del Tribunal Constitucional es positiva porque la "ley del aborto era muy conflictiva y existía la posibilidad de que fuese aplicada de forma abusiva". En opinión del presidente de la Asociación de Médicos Cristianos, Josep María Massons, "estaba muy claro que la ley del aborto atenta contra la Constitución".

Cristina de la Cámara, en representación de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, señaló que la sentencia coloca a un sector de mujeres con problemas de salud importantes en una situación muy comprometida. "No es comprensible que se produzca esta situación en un país europeo", afirmó. El aborto, añadió, es un grave problema de la sanidad pública española, especialmente el aborto terapéutico, del que se ha manifestado partidario más del 50% de los médicos. "Situar hipotéticos problemas legales por encima de consideraciones de racionalidad, humanidad y perspectiva ética nos preocupa mucho".

Una ofensa a un colectivo

Teresa Nevado, responsable estatal de la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, considera que "esta sentencia es una ofensa contra un amplio colectivo de la sociedad española, que ve así negado uno de los derechos elementales de un Estado democrático. El aborto clandestino es una realidad innegable en nuestro país, que afecta a decenas de miles de mujeres. Son los mismos sectores que combaten cínicamente el derecho al aborto los que pueden practicarlo en el extranjero, o incluso dentro del país, con todas las garantías", señala Nevado.

El Tribunal Constitucional, según ella, "ha cedido a las presiones de la derecha más conservadora, haciendo una interpretación absolutamente reaccionaria y, a nuestro entender, con una nula base jurídica, del artículo 15 de la Constitución, y pone de manifiesto el divorcio que existe entre una parte de la judicatura y la realidad democrática de nuestro país". Igualmente, subraya Nevado, "la posición defensiva y tímida del Gobierno, que no se atrevió a plantear y defender una verdadera ley del aborto, sólo ha servido para dar más cancha a los sectores reaccionarios".