El terrorismo de los GAL

EL ASESINATO de Javier Galdeano, corresponsal del diario Egin en el País Vasco francés, ha prolongado la sangrienta estela de crímenes perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en suelo francés. La apresurada atribución al fallecido -realizada por medios policiales españoles- de un elevado cargo de dirección en ETA Militar, de la que supuestamente habría sido responsable de finanzas, ha sido desmentida por portavoces de Herri Batasuna y por el director de Egin. La hipótesis policial tropezaba de antemano con la dificultad de explicar cómo un alto dirigente de la organización terrorista podía alternar sus trabajos clandestinos con la corresponsalía a plena luz de un diario donostiarra, labor que le obligaba a dejarse ver en lugares frecuentados y a cubrir informaciones y noticias en plena calle. Igualmente preocupante resulta, como muestra de la escasa sensibilidad moral de sectores de nuestra Administración frente al crimen, la tendencia a discriminar a las víctimas de los atentados terroristas de acuerdo con su historial.No es fácil olvidar sin sonrojo las polémicas producidas en torno a la identidad de algunas personas asesinadas por ETA, acusadas por los terroristas de colaborar con los servicios de información estatales. Los intentos de demostrar que la imputación era falsa parecían a veces llevar como corolario la idea de que el crimen perdería total o parcialmente su monstruosa condición si la víctima hubiese colaborado efectivamente con la policía. ¿Habría ahora que exonerar de responsabilidad a los terroristas de los GAL si Javier Galdeano hubiera sido miembro de la dirección de ETA? La conjetura de que el asesinato ha querido servir de amenaza al diario Egin puede no ser gratuita. El terrorismo es una de las formas más vulgares y alevosas de amordazar, mediante el amedrentamiento y la censura, la libertad de expresión. En cualquier caso, no es probable que la familia de Galdeano haga uso de la ley de Protección Civil al Honor para demandar a José Barrionuevo por la apresurada información facilitada por sus servicios de propaganda. Digamos como resumen que la tendencia a distinguir entre dos clases de ciudadanos, dos clases de terroristas y dos clases de víctimas por encima y al margen de la ley es definitivamente la más peligrosa perversión moral a la que la lucha antiterrorista no sometida a derecho puede llevarnos. Y estamos seguros de que a la luz de estas reflexiones cobra perfiles más definidos la decisión del Defensor del Pueblo de no recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma antiterrorista.

Este nuevo crimen de los GAL, cercano en el tiempo y semejante en la crueldad al perpetrado hace escasos días en Bayona, obliga a reflexionar sobre las razones de relanzamiento de esa espiral sangrienta y fríamente planificada tras un período de calma. Tal vez los responsables del que con tan poca fortuna calificó Felipe González de terrorismo de respuesta hayan comenzado a inquietarse ante las perspectivas de una salida a corto plazo de la dolorosa situación del País Vasco y deseen animar la hoguera de los cruzados de la causa con acciones de venganza y de represalia. El asesinato del superintendente Díaz Arcocha marcó un giro decisivo en las actitudes del Gobierno vasco y del PNV frente a la violencia. Pero la desaparición del terrorismo de ETA, en tanto que fenómeno diferenciado del mero bandolerismo asocial, no haría felices a quienes han encontrado en el terrorismo de los GAL una saneada fuente de ingresos y un arsenal de eventuales chantajes, económicos o políticos.

Mientras estas cosas suceden, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, que ha aceptado el recurso de apelación de la acusación particular sobre el asesinato de Santiago Brouard, ha ordenado que se tome declaración al fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín, relevado del caso a comienzos del pasado mes de enero, y que se incluyan en el sumario sus afirmaciones públicas -hechas a través de una radio Ide Bilbao- de que el asesinato se podía haber evitado y de que determinadas personas podían tener conocimiento del atentado. También ha resuelto que el comisario de policía que dirige las investigaciones del asesinato del dirigente abertzale rinda cuenta de las mismas ante el juez. (No olvidemos que un informe policial incluido en el sumario reconoce que un infiltrado en la extrema derecha tenía datos sobre el atentado.) Y ha resuelto no sólo que la Comisaría General de Información amplíe su informe sobre el caso, sino que investigue también "el origen, naturaleza, ámbito, objetivo, actuaciones, medios subversivos, organización interna, subvención, relación con otros organismos terroristas, elementos detenidos y acciones más importantes" de los GAL. La hipótesis según la cual los crímenes perpetrados en el País Vasco francés contra militantes o simpatizantes de ETA pudieran tener la misma naturaleza que el asesinato de Brouard merece ser estudiada y seguida con detalle. De esta forma, el Ministerio del Interior tendrá ocasión de demostrar su eficacia, no para detener a los criminales que operan en suelo francés (fuera de su alcance), sino para descubrir a los autores del asesinato de Santiago Brouard en territorio español. Y para sacar a la luz las eventuales conexiones, protecciones y coberturas que esa banda terrorista pudiera tener a este lado de la frontera.