Libertades bajo mínimos
Los escritores Arthur Miller y Harold Pinter visitaron recientemente Turquía enviados por el Pen Club Internacional, del que Miller es presidente, para conocer sobre el terreno la situación de los derechos humanos en el país y especialmente de los intelectuales. Los militares, que administran la ley marcial, prohibieron que la Prensa informara de la reunión en la que dieron cuenta del resultado de su trabajo. Miller y Pinter recogieron numerosos testimonios, entre ellos los de Suleiman Demirel, Bulent Ecevit y Necmetin Erbakan, dirigentes de partidos disueltos tras el golpe de 1980 y que ahora tienen prohibida toda actividad política. Los dos dramaturgos denunciaron el recurso sistemático a la tortura en las prisiones, los largos períodos de detención sin proceso y el hecho de que la expresión de las ideas pueda ser causa de persecución y encarcelamiento.
De hecho, la restauración democrática de 1983 no sólo fue parcial por las limitaciones a las fuerzas políticas que podían concurrir a las urnas, sino por el mantenimiento de situaciones de excepción que pasan por las limitaciones o prohibiciones en la práctica de derechos ciudadanos como el de manifestación, huelga o expresión. La primera manifestación en varios años en Turquía se celebró el pasado 21 de marzo en Estambul. Motivo: protestar contra el hostigamiento búlgaro a la minoría turca.
Aunque el primer ministro, Turgut Ozal, lo niegue, hay presos políticos, y no todos ellos lo son por haber cometido actos violentos. Aún hay en marcha varios procesos masivos -a cientos de vecinos de la localidad de Fatsa y a dirigentes de la central sindical izquierdista Disk, por ejemplo con centenares de peticiones de pena de muerte. Pero la amnistía está excluida. Ozal no la pretende y, si lo hiciera, necesitaría 300 de los 400 escaños del Parlamento además de algo más importante y difícil de conseguir: el visto bueno de los militares.
Los dos procesos más espectaculares son los que afectan a grupos de intelectuales cuyos delitos son de opinión. Docenas de miembros del Comité Turco de Paz han sido condenados ya en primera instancia a penas de entre cinco y ocho años de prisión por propaganda comunista (el comunismo es ilegal en Turquía). Más de 50 intelectuales están sometidos a lo que Ozal llama "una investigación" como redactores y promotores de una petición dirigida al presidente, general Kenan Evren, en la que se denunciaba la ausencia de libertades en el país. La investigación puede terminar con penas de prisión de hasta un año.
Las delegaciones de organismos internacionales siguen denuncian do torturas y malos tratos en las prisiones. En muchos casos, el resultado es la muerte del detenido. El Gobierno presenta su contraprueba: la condena de unas docenas de policías y guardianes. Pero los 1.260 firmantes de la petición a Evren denuncian la falta de garantías legales.
