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Editorial:

El honor de Barrionuevo

EL MINISTRO del Interior acaba de demandar por la vía civil, y amparándose en la ley de Protección al Honor y la Intimidad, al director de EL PAIS y a la empresa editora del diario. Pretende la demanda que este periódico ha dañado ilegítimamente la imagen y el prestigio del ministro, sobre todo con ocasión de las informaciones sobre el asesinato del líder nacionalista vasco Santiago Brouard. Ni en el fondo de la cuestión -que sea ilegítimo criticar la imagen y la actividad de un ministro democrático que a nuestro juicio hace mal su trabajo- ni en la forma -que una ley destinada a proteger la intimidad de las personas se utilice para tratar de emboscar las responsabilidades políticas- podemos estar de acuerdo.Una demanda de este género, desde el poder político contra un medio de comunicación, es una agresión directa a la libertad de expresión. Si quien la hace es nada menos que el ministro de quien dependen la policía y la Guardia Civil -que Barrionuevo escogió en su día como símbolo del orden público socialista-, la actitud es doblemente insólita. Es éste el primer ministro de la democracia, que sepamos, que lleva a los tribunales a un periódico sin utilizar los servicios del fiscal del Estado por informaciones y críticas sobre su gestión. Pero la suposición de que estaríamos ante una actitud particular del señor Barrionuevo frente a los abusos de un diario es verdaderamente cándida. Nunca hemos dicho nada que afecte personalmente al señor Barrionuevo fuera del desempeño del ejercicio de sus cargos políticos. Es claro el porqué: el señor Barrionuevo no merece personalmente la más mínima atención de la opinión pública. Y lo mismo que este diario ha elogiado y elogia su reciente dureza contra los mandos militares de la policía que se le insubordinaron, seguirá criticando y critica su solidaridad con los policías procesados por el homicidio del grapo Martín Luna; su peinado abusivo del barrio del Pilar de Madrid; el mantenimiento de un connotado represor de la izquierda democrática como jefe de los servicios antiterroristas, y la fracasada política policial de todo su departamento. Pero a la postre, lo único que interesa de todo esto es quién asesinó a Santiago Brouard y por qué. Y también por qué el fiscal Valerio quería investigar a los servicios españoles de inteligencia en relación con el caso. Preguntas que para nada afectan al honor del señor Barrionuevo, sino a la credibilidad del Gobierno de Felipe González.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de marzo de 1985