28 compradores acusan a una inmobiliaria de apropiación indebida

MadridLos 28 compradores de otras tantas viviendas de los bloques I y II de la urbanización San Luis, en la avenida. de Aragón, 396, de Madrid, han presentado querella por un supuesto delito de apropiación indebida contra el presidente de la inmobiliaria San Luis, Joaquín Rivero, y contra Luis Yáñez de la Rosa, administrador único de Cedinsa. Esta empresa, relacionada con la anterior, fue constituida para promocionar la construcción y posterior venta de las viviendas. Otros 55 compradores de pisos en la segunda fase de la urbanización anunciaron ayer que se sumarán a la querella, por iguales motivos.

Según la exposición de hechos entregada por los querellantes al titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, la inmobiliaria San Luis promovió, en 1979, la construcción de la urbanización del mismo nombre, dividida en cinco bloques, de los cuales cuatro gozan del régimen de protección oficial. Inmobiliaria San Luis obtuvo del Ministerio de Obras Públicas y, Urbanismo la autorización para recaudar entre los compradores 15 millones de pesetas, cantidad que debe ser avalada por la inmobiliaria, y así se hizo.

Cambio de sociedad

Para poder recoger mayores cantidades de dinero, burlando la normativa ministerial sobre viviendas de protección oficial, se traspasó a una sociedad recién constituida, Cedinsa, desconocida para el ministerio, la promoción de la urbanización, que se denominó desde entonces Conjunto Residencial Cinco Estrellas. Joaquín Rivero, uno de los dos querellados, preside el Consejo de Administración de inmobiliaria San Luis y la junta de dirección de Cedinsa.Cedinsa se encargó de cobrar a los compradores el valor total de los pisos, y de comenzar la construcción. Se desconoce cuál ha sido el destino de los aproximadamente 100 millones pagados en total. Los compradores sólo saben que la constructora contratada para levantar los edificios paralizó las obras por falta de pago de algo más de 100 millones de pesetas, deuda reconocida tanto por Cedinsa como por inmobiliaria San Luis. Simultáneamente, los compradores averiguan que la inmobiliaria solicitó un préstamo hipotecario a la Caja de Ahorros de mayor cuantía de la que se establecía en sus contratos, y que además pesan sobre las viviendas dos órdenes de embargo, por un valor total de 43 millones de pesetas, más otros cinco millones en concepto de intereses, costas y gastos.