El conflicto con el Congreso carece de motivaciones políticas, afirma Sainz de Robles

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPS), Federico Carlos Sainz de Robles, descartó ayer razones políticas en el conflicto constitucional con el Congreso de los Diputados, cuyo motivo es "aclarar una zona que, al parecer, está en sombra en la joven Constitución española" en relación con la elección de los 20 vocales del consejo. Sainz de Robles manifestó también a los periodistas que si Alfonso Guerra reprocha al cuerpo judicial no haber asumido la postura ideológica del vicepresidente del Gobierno, ello "es el mayor elogio que se ha hecho a la carrera judicial" desde que él entró en ella en 1952.

Preguntado sobre la afirmación del vicepresidente Guerra según la cual "el poder judicial es más difícil de asimilar al cambio que el poder militar", Sainz de Robles expresó su pseocupación, "si la afirmación es auténtica"."Si lo que se quiere decir es que los jueces no han asimilado la ,Constitución", agregó, "la desmiento; pero si lo que se ha querido decir es que el cuerpo judicial no asume la ideología del vicepresidente del Gobierno, ése es el mayor elogio que se ha hecho a la carrera judicial desde que entré en ella, en 1952".

Integración en Europa

El presidente del consejo general advirtió contra los peligros de politización de los jueces, con vistas incluso a la integración en Europa y a los criterios del Tribunal de Luxemburgo. En cambio, se negó a admitir que, en estos momentos, la mayoría del colectivo judicial se encuentre politizada en sentido conservador. Pidió que no se juzgue a los jueces, "por lo que dicen, sino por lo que hacen" y aseguró que todos ellos son muy respetuosos con el ordenamiento jurídico, uno de cuyos valores supremos", recordó, "es el pluralismo".

El presidente del consejo aseguró que el acuerdo adoptado por el pleno de ese organismo

[presentar conflicto de competencias por considerar que el Parlamento ha invadido las suyas] se había hecho por "una convicción de fondo" de que el Congreso de los Diputados, al introducir en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la elección por las Cortes de los 12 vocales del CGPJ que hasta ahora son elegidos por los jueces y magistrados, y al atribuir al Gobierno la potestad reglamentaria conferida al consejo, ha hecho "algo más que legislar". Sainz de Robles explicó que son las dudas que suscita este acuerdo de la Cámara legislativa las que han impulsado al consejo general a plantear un conflicto "que el Consejo no quiere ganar ni perder", dijo, "sino aclarar, en interés de la seguridad jurídica de los ciudadanos".

La visita al Rey

Sainz de Robles afirmó que la decisión es totalmente ajena, "en el fondo, en la forma y en la oportunidad", a la iniciativa "adoptada libérrimamente por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de acudir al Rey, en uso de un mecanismo que está en las leyes, pero con independencia del Consejo, aunque se me solicitó una venia, que no era necesaria". Negó que tuviera intención "en absoluto" de encabezar la visita a don Juan Carlos solicitada por la asociación de magistrados, iniciativa "que yo no asumo", dijo, "pero no porque la descalifique". Anticipó su propósito de no dimitir en estos momentos y desmintió "cualquier noticia, rumor o susurro" sobre dimisiones de algunos consejeros. En definitiva, Sainz de Robles -que no consideró procedente la propuesta de un informador de que interviniera también un consejero de la minoría del CGPJ- insistió en la inexistencia de trasfondo político en el acuerdo, que sólo tiene el alcance de utilizar los mecanismos legales existentes para que el máximo árbitro constitucional decida a quién corresponde la competencia discutida. Recordó que gran parte de los asuntos que resuelve el Tribunal Constitucional son cotiflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, para clarificar las atribuciones de uno y otras, y destacó que el propio presidente del Gobierno, Felipe González, a quien anunció la medida durante la entrevista del pasado miércoles, aunque expresó su discreparicia, estimó legítimo el plan tearniento del conflicto.

Sainz de Robles anticipó que el conflicto se fundamentará, entre otros argumentos, en que el artículo 122 de la Constitución atribuye implícitamente al cuerpo judicial, al que representa el consejo general, la elección de los 12 vocales de procedencia judicial, que pretende elegir el Parlamento.

Finalmente, resaltó que el artículo 66 confiere a las Cortes Generales la potestad de legislar "las demás competencias que les atribuya la Constitución", entre las que no pueden figurar las atribuidas a otro poder del Estado.