Una victoria de la oposición

LA DECISIÓN del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, de retirar momentáneamente el recargo del 3% sobre el impuesto de la renta puede lo mismo ser considerada como una derrota política que como una lección de realismo. En cualquier caso, es una decisión loable, y es por lo mismo una lástima que se produzca después de tantos forcejeos y protestas de la opinión pública, y que haya tenido que intervenir el propio presidente del Gobierno.La oposición conservadora ha aprovechado, como era lógico, el tema del recargo para hacer una demostración de fuerza, con la recogida de firmas, y de coherencia, con la solicitud del recurso de anticonstitucionalidad. La intervención del Defensor del Pueblo, teñida de un oportunismo notable y no engañoso después de su espantada frente a la inconstitucional Ley Antiterrorista, resulta casi anecdótica después de todo lo que había sucedido ya. En la historia, quedarán además las declaraciones de Leguina, que debería contratar cuanto antes un asesor de imagen o un portavoz que le evite dar esos resbalones morrocotudos. Su amenaza de que iba a procesar -por el ordenador, se entiende- a los 300.000 firmantes para saber quién era cada cual, ha añadido innecesaria leña al fuego. El aplazamiento de la entrada en, vigor del recargo contribuirá a remansar las aguas, pero el presidente de la comunidad habrá dejado tras de sí una estela de hechos y dichos impopulares que le dañarán de forma inevitable en las elecciones.

Lo más criticable del proyecto -ahora rectificado- era la pretensión de aplicarlo sobre la declaración de 1984, cuando durante ese año ya los madrileños habían pagado las tasas municipales a las que pretendía sustituir. Pero, cara al futuro de la norma sigue en pie la confusión teórica existente entre tasas e impuestos; la irregularidad de gravar con el recargo rentas generadas fuera de la comunidad; la injusticia distributiva que supone eliminar del pago de tasas a empresas, comercios y oficinas que serían sustituidas por el recargo contra el Impuesto sobre la renta, y la invasión objetiva que de la autonomía municipal se hace.

Todo ello no quiere decir que las comunidades autónomas, y entre ellas la de Madrid, no tengan y deban tener facultades impositivas y que se puedan ejercer también a través de recargos sobre el impuesto general sobre la renta. Lo que quiere decir, en cambio, es que las exacciones fiscales son siempre algo delicado en política y que antes de aprobar una ley como la que comentamos y de emprender un proyecto como el que hoy se retrasa en su entrada en vigor, conviene madurar su viabilidad. Leguina ha defendido el recargo casi como una cuestión de principios y, desde luego, como un sistema de asumir y concentrar poder. Su tozudez admirable ha sido momentáneamente vencida por la prudencia política. La oposición se ha apuntado un tanto. El gol lo marcaron los socialistas en su propia portería.