Sólo Bandrés y el CDS votaron con los socialistas a favor de la ley del Poder Judicial

ELPIeno del Congreso de los Diputados aprobó anoche, en una votación global de conjunto, el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por 188 votos favorables, 65 en contra y 3 abstenciones. Sólo el Centro Democrático y Social (CDS) y Juan María Bandrés (Euskadiko Ezkerra) votaron afirmativamente, junto a los socialistas. El resto de los grupos minoritarios -Grupo Popular, Centrista, Minoría Catalana y PNV- lo hicieron en contra. Los diputados comunistas se abstuvieron.

Marcos Vizcaya explicó la decisión final del PNV de votar en contra por el "poco respeto" del texto aprobado a las competencias del Estatuto de Guernica, que podrá dar origen a un recurso de inconstitucionalidad de la comunidad vasca contra la ley.El PNV había apoyado durante la tramitación del proyecto al Grupo Socialista, pero condicionaba su decisión final a la admisión de una enmienda, que Vizcaya consideraba como "fórmula necesaria" para que la LOPJ pueda ser aceptada en Euskadi. En el último tramo de la sesión plenaria de ayer, el socialista catalán Eduardo Martín Toval realizó incesantes negociaciones con el PNV, que finalmente no dieron resultado. El propio ministro de Justicia, Fernando Ledesma, conversó en el banco azul con Marcos Vizcaya.

En la tribuna de oradores, Marcos Vizcaya expresó la necesidad de que fuera admitida su enmienda, para asegurar el respeto al Estatuto de Guernica. El socialista Antonio Sotillo llegó al límite de las concesiones de su grupo cuando afirmó que el conjunto de la ley orgánica debe interpretarse de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía, "que ni puede ni quiere derogar". Francisco Granados, por su parte, añadió que los socialistas se encontraban abiertos a negociar en sucesivos trámites.

Posible negociación

Esta posibilidad fue contemplada por Marcos Vizcaya al término de la sesión, en los pasillos de la Cámara, como una cuestión de futuro, que no condicionaba el voto de ayer. Anunció que, en caso de mantenerse el texto en el Senado, el Gobierno vasco probablemente presentaría un recurso de inconstitucionalidad. Para el PNV", el artículo 123 del proyecto de LOPJ, en el que se establece la posibilidad de atribuir a las comunidades autónomas la gestión de todo tipo de recursos correspondientes a las competencias atribuidas al Gobierno, equivale a "una mera descentralización del gasto", que infringe, en opinión de Vizcaya, los artículos 35 y 13 del Estatuto de Guernica sobre competencias de la comunidad autónoma vasca en relación con la Administración de Justicia.

La fórmula propuesta sin éxito por el PNV pretendía introducir una disposición en virtud de la cual las comunidades autónomas, cuando así lo establezcan sus estatutos, "ejercerán en su territorio las facultades que la presente ley reconoce y reserva al Gobierno de la nación" respecto a los medios materiales y económicos necesarios para la Administración de Justicia. También se proponían fórmulas de colaboración.