El fracaso de la política policial

LOS GRAVES incidentes ocurridos en la 3ª Compañía, de Policía Nacional de León, concluidos con la renuncia (y simultáneo reingreso en el Ejército de Tierra) del capitán que ostentaba su jefatura, muestran la urgencia, de que el Ministerio del Interior se enfrente con los problemas que la indefinida naturaleza de las fuerzas de seguridad -a medio camino entre la Administración militar y la civil- plantea a quienes las integran. En León, y también en otros lugares, el empeño de algunos mandos en tratar como reclutas a unos policías profesionales, ha dado origen a unos conflictos cuyas potencialidades desestabilizadoras a nadie se le escapan.Pero la responsabilidad última de ese deterioro de las relaciones jerárquicas dentro de la Policía Nacional corresponde al Ministerio del Interior, que ha dejado pudrir la situación con su política de espera, metiendo en un cajón la anunciada ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aplazando la legalización de los sindicatos de la Policía Nacional y manteniendo intactas las estructuras recibidas del pasado. A finales del último mes de octubre el director de la Seguridad del Estado anunció el propósito de llevar a cabo la paulatina integración del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional y la creación de una policía civil unificada, pero los meses transcurridos desmienten esa declaración.

,La Constitución distingue nítidamente entre la estructura y el papel de las Fuerzas Armadas (regulados por el artículo 8) y las características y las misiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad (definidas por el artículo 104). Ese principio diferenciador, de alcance general, debería servir de criterio de orientación al poder legislativo a la hora de dar cumplimiento al mandato constitucional según el cual corresponde a una ley orgánica la determinación de "las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad". Mientras esa norma no se promulgue, sin embargo, seguirá vigente la ley de la Policía de 4 de diciembre de 1978, cuyo articulado se inspira todavía en un modelo militarizado.

Pero, más allá de los aspectos jurídicos, existe un amplio consenso político y doctrinal a la hora de afirmar que la militarización de la administración policial es incongruente con el diseño de un Estado democrático basado en la soberanía popular y en el ejercicio de las libertades. Si bien la jerarquía y la disciplina resultan imprescindibles en la estructura de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la copia para este fin de las pautas militares resulta incongruente en una organización de carácter civil que reconoce el derecho a la libre sindicación. El problema no es tanto de personas como de reglas. Para la futura desmilitarización de la Policía Nacional, el hecho de que los actuales mandos procedentes del Ejército se vean obligados a elegir entre el reingreso en las Fuerzas Armadas o la definitiva incorporación a las fuerzas de seguridad es un aspecto meramente coyuntural. El dato decisivo serán las reformas jurídico-administrativas que permitan la unificación de los cuerpos de seguridad, aseguren su carácter civil y delimiten las competencias y las atribuciones de sus mandos.

La modernización de la administración policial es una de las metas de cambio que el Gobierno no puede dejar para otra eventual legislatura. Según el programa electoral del las causas que explicaban el escaso rendimiento de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un policía por cada 240 habitantes), eran la infrautilización de la policía, la dispersión de sus medios y la desorganización. Entre las reformas propuestas por los socialistas figuraban la racionalización de las estructuras policiales, mediante la subordinación de los intereses particulares de los cuerpos al interés general de la sociedad; la especialización de las diferentes policías (reservando la investigación a los policías de paisano y la prevención y la presencia en la calle a los policías uniformados); el reforzamiento de la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior y el estudio de su reforma para adecuarla a las realidades espaciales; la coordinación de la policía del Estado y de la Guardia Civil con las policías autonómicas y municipales; nuevos sistemas de selección y formación del personal; el amparo del derecho de sindicación; la potenciación de las policías municipales y locales.

Hasta el momento, ninguno de esos objetivos ha sido realizado. No se puede decir, en verdad, que el Ministerio del Interior haya sido fiel a las promesas que se hicieron a los votantes socialistas. El resultado es aleccionador: los policías antidisturbios se dedican a provocarlos y el jefe de la lucha antiterrorista es un conocido ex fabricante de terror entre los sindicalistas de izquierda.