Inusitado auge de los 'chamizos' asturianos

La muerte accidental de cuatro trabajadores durante los tres primeros meses del año ha agudizado en Asturias la controversia sobre la explotación de las pequeñas minas de montaña (chamizos). La revalorización del carbón como fuente energética y el desempleo son las causas que más han contribuido al inusitado auge de esta actividad, cuya reorganización será acometida muy pronto por la Consejería de Industria del Principado, una vez que asuma los servicios correspondientes. La explotación, en algunos casos ilegal, ha provocado una agria polémica entre los sindicatos y la Delegación del Gobierno

Oviedo.La polémica sobre los chamizos, en la que han terciado durante los últimos días empresarios, sindicatos y la Delegación del Gobierno en Asturias, alcanzó su punto más caliente hace una semana, cuando los propietarios de la mina La Buena (Oviedo) -puestos en libertad por el juez el pasado sábado- fueron acusados de intentar ocultar la muerte de un picador (véase EL PAIS del día 11 de marzo).

Comisiones Obreras pidió la dimisión del delegado del Gobierno, Obdulio Fernández, y el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA-UGT) recordó que lleva un año reclamando a la Administración "un reordenamiento serio y riguroso del sector", según afirma José Ángel Fernández Villa, secretario general de esta organización.

En la actualidad existen en Asturias 50 pequeñas minas clasificadas como chamizos legales, que emplean a unos 800 trabajadores y arrojan una producción conjunta de 400.000 toneladas de mineral al año. Pero ésta es sólo una cara de la moneda. Fuentes sindicales aseguraron que el 50% de los mineros que sacan carbón de estos chamizos carece de seguro de accidente y nadie cotiza por ellos a la Seguridad Social: jubilados de la empresa pública Hunosa, silicóticos, parados, jóvenes en busca de primer empleo y hasta pensionistas con incapacidades laborales engrosan una mano de obra barata e incontrolada que podría aproximarse al millar de personas. "En muchas ocasiones los chamizos presentan unas condiciones de seguridad realmente tercermundistas", afirma José Ángel Fernández Villa.

La norma general de contratación de estos mineros clandestinos es el ajuste de un precio por tonelada de carbón extraída (un vagón), que oscila entre las 1.000 y las 1.500 pesetas. Una persona que trabaje siete horas diarias puede lograr de seis a ocho vagones, con lo que su sueldo estaría entre las 6.000 y las 10.000 pesetas, según los casos. Las cuentas les salen mejor, sin embargo, a los titulares de la explotación, que venden después cada tonelada de mineral a los almacenistas entre las 6.000 y las 8.000 pesetas.

Las plantillas oficiales de los chamizos legalizados -en los ilegales y clandestinos resulta prácticamente imposible calcularlas- tienen una media de 15 a 20 empleados.

Durante los fines de semana es frecuente que desaparezca de las explotaciones de Hunosa todo tipo de materiales -vagones, mangueras, martillos, cascos...- con destino a los chamizos.

La vinculación a esta empresa pública de muchos de los mineros que realizan trabajos extra en las explotaciones de montaña facilita considerablemente la operación.

El difícil acceso a estas explotaciones y la escasa dotación de la policía minera -cuerpo dependiente del Ministerio de Industria que sólo cuenta en Asturias con 14 miembros, incluido su responsable- hace necesario recurrir a otros apoyos en la vigilancia, como la Guardia Civil o los guardas forestales de Icona.

La Delegación del Gobierno, acusada por los sindicatos de no actuar con la suficiente energía, replicaba recientemente que "este grave problema encontraría más fácil solución en el momento en que desaparezca el incomprensible clima de tolerancia social" con que cuenta actualmente.