Coalición Popular quiere paralizar la ley del 3% hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional

Coalición Popular de Madrid colocará desde hoy en las calles mesas para recoger firmas contra la aplicación de la ley que creó el impuesto regional del 3%. La coalición conservadora presentará a la firma de los contribuyentes madrileños dos pliegos. En uno de ellos, dirigido al presidente de la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar, se pide la suspensión de la aplicación de la ley hasta que se pronuncie sobre su contenido el Tribunal Constitucional. En el segundo se solicita al Defensor del Pueblo que presente ante la más alta magistratura recurso de inconstitucionalidad.

La iniciativa de esta operación, según informaron ayer dirigentes de Coalición Popular en la Comunidad de Madrid, se debe a la Liga de Contribuyentes, que se ha pronunciado en varias ocasiones contra el recargo regional del 3% sobre la cuota líquida del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF). La semana pasada, el comité ejecutivo del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid decidió movilizar a sus afiliados para colocar mesas en las calles, con el fin de "permitir a los ciudadanos que expresen su opinión en tanto presentamos el recurso de inconstitucionalidad ya anunciado".José María Álvarez del Manzano, portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y dirigente del Partido Demócrata Popular, declaró ayer que la intención de la coalición a la que pertenece no es promover la desobediencia civil o el impago del recargo. "Lo único que hacemos es ejercer el derecho de petición para instar de la comisión correspondiente de la asamblea de Madrid que paralice la aplicación de la ley del recargo. Por una parte, pedimos que no se aplique hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, ante el cual Coalición Popular va a recurrir. Y por otra", añade Álvarez del Manzano, "nos dirigimos al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz Giménez, para que ejercite sus competencias y presente a su vez, si lo juzga conveniente, recurso ante la más alta magistratura".

"Perjuicios irreparables"

"Hay que tener en cuenta", añade Alvarez del Manzano, "que algunos de los más importantes ayuntamientos madrileños que gobiernan los socialistas han anunciado que no eliminarán las tasas de basuras y alcantarillado hasta que no comprueben la aplicación efectiva de la ley y las cantidades que van a recibir de la Comunidad de Madrid por el Fondo de Solidaridad Municipal. Eso quiere decir que también desconfían y que no las tienen todas consigo".

Los dos pliegos, dirigidos al presidente de la Asamblea de Madrid y al Defensor del Pueblo, dicen que los firmantes han tenido conocimiento de la próxima presentación de un recurso de insconstitucionalidad contra la ley del recargo del 3% y de que la Comisión de Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones de la Asamblea de Madrid es competente para estudiar y resolver sobre las demandas que le dirijan los ciudadanos de la región.

El texto argumenta que, en opinión de los firmantes, la ley del recargo del 3% puede infringir derechos fundamentales de los ciudadanos, contemplados en el título primero de la Constitución Española, por lo que se pide la suspensión transitoria de la vigencia de la ley en lo que se refiere al cobro en el año 1985 del recargo sobre la cuota líquida del IRPF. La aplicación de la ley antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, señala también el texto de la petición, y la exigencia del pago del recargo junto a la declaración de la Renta que debe presentarse en 1985 causarían perjuicios irreparables, porque la Comunidad de Madrid no tiene prevista una dotación presupuestaria para hacer frente a una hipotética devolución de las cantidades recaudadas por el nuevo impuesto autonómico.

El segundo pliego, que reclama del Defensor del Pueblo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, además del que redactará Coalición Popular, abunda en la misma argumentación.

Álvarez del Manzano afirmó que existe la idea extendida de que la obligación de pagar el 3% junto a la próxima declaración de la Renta es particularmente injusta. "Se pagaría sobre las rentas del trabajo generadas en 1984", explica, "cuando los ayuntamientos ya han percibido las tasas de alcantarillado y basuras correspondientes a ese año".