"No se puede disparar contra el un que huye", dice un juez

J. V. El juez Andrés Martínez Arrieta ha tenido una dura semana. Los problemas comenzaron cuando la policía puso a su disposición a un hombre que el pasado domingo había intentado asaltar a un taxista con sus manos desnudas. El individuo, reducido sin mucha dificultad por el conductor, estuvo a punto de ser linchado por un numeroso grupo de compañeros del asaltado. Los ánimos de los miembros del gremio madrileño de taxistas estaban ese día muy exaltados, después de que uno de los suyos, Fidel Hernández, hubiera sido gravemente herido por un cliente en la calle de Orense.

Y después, el juez se hizo cargo del caso del estanquero Enrique Turégano, que el martes disparó por la espalda contra un joven que le había robado unos cartones de cigarrillos. En ambos casos, según el juez, "reacciones desmesuradas ante pequeños delitos, síntomas claros de que hay una psicosis latente de inseguridad ciudadana, un miedo real en la mayoría de las personas que regentan pequeños negocios". El juez ha reflexionado sobre lo que está ocurriendo en Madrid en los últimos días y ha concluido que la mayoría de la gente es más sensible a la falta de seguridad que a la falta de libertad".

El imperio de la ley ha de sostenerse firme, pese a todo, afirma el juez Martínez Arrieta. El apartado cuarto del artículo 8 del Código Penal y la jurisprudencia sientan algunos principios sólidos acerca de las circunstancias en que es legítima la propia defensa. Padecer una agresión sin haberla provocado; corresponder con un medio semejante al empleado por el agresor, y responder defensivamente sólo en tanto siga persistiendo la agresión son algunas de estas bases. Y si al juez se le pregunta si es legítimo disparar con un arma de fuego contra alguien que ataca con sus manos desnudas, o si se puede abatir por la espalda a alguien que huye, responde con un rotundo "no".

La droga, al fondo

Pero el juez Martínez Arrieta está seriamente preocupado por el hecho de que muchos madrileños se sienten indefensos; y aun le inquieta más el saber que en cierta medida tienen razón. La puesta en libertad de numerosos presos preventivos con motivo de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en el verano de 1983, provocó, según Martínez Arrieta, "un repentino y notable incremento del número de delitos, que angustió y angustia a los ciudadanos". Aunque peor, por más permanente, le parece al titular del Juzgado de Instrucción número 15 el hecho de que entre el 40% y el 60% de los detenidos que pasan por su juzgado son toxicómanos.

"La garantía principal del ciudadano", prosigue el juez, "no es la represión del delito, sino su prevención. La justicia penal valora los hechos, con todas las garantías de acusación y defensa, pero no puede impedir su comisión". La prevención, cree el joven juez, presenta serias deficíencías en ciudades como Madrid, "porque hay que sancionar más duramente las drogas y hay que crear establecimientos públicos para la rehabilitación de los drogodependientes". "Eso sin contar con la necesidad de dar trabajo a: los jóvenes", añade.

El juez remata sus reflexiones con una opinión favorable a que la policía dependa funcionalmente de la autoridad judicial. "La eficacia de sus investigaciones mejoraría de forma notable", dice.