La conexión azteca

El Gobierno mexicano exhibe importantes éxitos en su lucha contra el cultivo de drogas, pero casi ninguno en la persecución de los narcotraficantes. En los últimos 27 meses se destruyeron 37.000 hectáreas sembradas de amapola y marihuana, con un valor de 1.800 millones de dólares, sin que la policía lograra detener a uno solo de los que manejan este negocio archimillonario. La última captura relevante fue la de Sicilia Falcón, hace ocho años.

La agencia norteamericana de narcóticos (DEA) sospechó siempre que sólo la corrupción podía explicar tan continuado fracaso. Hace un mes tuvo la prueba, y el jueves pasado, con la detención de cinco agentes, la de la clara implicación de policías mexicanos en el secuestro y posterior asesinato de un agente estadounidense de la lucha contra la droga.Los sabuesos que la DEA tiene estacionados en México informaron a la policía, el pasado 9 de febrero, que Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más buscado del país, se encontraba en el aeropuerto de Guadalajara, a bordo de una avioneta Falcon. Agentes judiciales inspeccionaron el aparato, pero lo dejaron partir. "Aquí no está", dijeron. Los ocupantes les habían mostrado placas de la policía de Jalisco.

El avión debía aterrizar en Mazatlan, según su carta de vuelo, pero modificó la ruta y fue a parar a Caborca (Sonora), donde Caro Quintero tiene, cerca de territorio norteamericano, una finca que le sirve de cuartel general. Sólo el piloto, Marciano Belasteguigoitia, sería capturado poco después, al regresar a Guadalajara. Llevaba, en efecto, carné policial. Uno de los agentes que entraron al avión se justificó diciendo que nunca había visto una fotografía del narcotraficante y -que no tenía por qué dudar de la identificación que le mostró.

La Embajada norteamericana va aún más lejos. Según sus informantes, el comandante de la policía judicial Armando Pabón, jefe del grupo especial Águila, destaca do en Guadalajara para combatir el tráfico de drogas, acudió en persona al aeropuerto para despedir a Caro Quintero, un hombre de 35 años al que se calcula una fórtuna de 500 millones de dólares.

Cinco días después los agentes de la DEA daban otro soplo importante. El número tres en la clasificación del narcotráfico, José Mata Ballesteros, de nacionalidad hondureña, estaba en un piso de México cuya dirección fue detallada a la policía. Manuel Ibarra, jefe de la policía judicial federal, retrasó unas horas la redada. El aviso se recibió por la mañana y la inspección se pospuso hasta la tarde. Mata había desaparecido.

El 'caso Camarena'

En ambos casos la DEA se quedó con las ganas de averiguar la relación de los dos narcotraficantes con el secuestro del agente norteamericano Enrique Camarena. La autopsia realizada tras el hallazgo de su cadáver ha demostrado que aún estaba con vida cuando Caro Quintero y Mata Ballesteros lograron evadir el cerco policial con la ayuda de policías amigos.

A estas evidencias de complicidad se suma una tercera. Camarena fue secuestrado en Guadalajara el 7 de febrero, poco después de las dos de la tarde, cuando salía del consulado norteamericano. A la mañana siguiente se supo con certeza que había sido capturado por hombres armados. Esa misma tarde llegó a la capital de Jalisco el director de la DEA, Francis Mullen, quien, en versión gráfica de la senadora Paula Hawkins, tuvo que pegar puñetazos en varias mesas oficiales para que la maquinaria policial se pusiera finalmente en marcha tres días después.

Esto explica sus airadas manifestaciones contra la policía mexicana, que le valieron una discreta renuncia al cargo. Pero esto no impidió que funcionarios intermedios de la Administración Reagan hicieran severas acusaciones contra el vecino del Sur.

Diplomáticos norteamericanos han reconocido que la operación fronteriza no arrojó ningún resultado para la localización de Camarena, ni para detener el flujo de narcóticos a Estados Unidos, pero creen que sirvió para convencer a las autoridades mexicanas de que debían intensificar sus esfuerzos en ambos sentidos.

La policía se puso finalmente en marcha. Como un elefante en una cacharrería, empezó a allanar casas, dando palos de ciego. La operación más sangrienta se realizó el 5 de marzo en el rancho El Mareño, Estado de Michoacan. Cien agentes', judiciales cercaron la propiedad de Manuel Bravo Cervantes, un ex diputado del partido oficial con fama de pistolero. En el tiroteo murió el dueño de la finca, su esposa, dos hijos y un policía. La versión inicial culpó a la familia del secuestro de Carnarena, pero los sobrevivientes quedaron luego en libertad sin cargos.

Una carta anónima, escrita en inglés y, remitida desde Los Ángeles, había dado la pista del rancho. La policía peinó la zona sin resultados. Un día después, un campesino, Antonio Navarro, descubrió los cadáveres de Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zabala. Estaban a. flor de tierra, metidos en bolsas de plástico, a sólo 300 metros de la casa. De haber estado allí el día anterior, habrían sido descubiertos por la policía, ya que despedían un olor detectable a gran distancia.

La autopsia reveló que habían sido castrados, empalados y enterrados vivos, ya que se encontraron muestras de tierra en sus pulmones. La horrible muerte de Camarena, primer agente de narcóticos asesinado en México, encendió aún más los ánimos en Estados Unidos. El sustituto de Mullen al frente de la DEA, John Lawn, declaró que la inercia inicial de la policía mexicana no podía explicarse sin corrupción.

En medio de la polémica, el embajador norteamericano en México, John Gavin, entregaba al Gobierno de este país las escrituras de propiedad de 47 helicópteros y 23 avionetas que Estados Unidos facilitó en su día para la lucha contra los estupefacientes, como parte de una ayuda que en los últimos 10 años ascendió a 115 millones de dólares.

La actual Administración norteamericana no está satisfecha en absoluto con los resultados obtenidos. No pone en duda los datos de destrucción de plantaciones que hacen públicos el Ejército y la procuraduría, pero cree que es aún mucho más lo que resta por hacer. La mejor prueba es que México se ha convertido en el primer suministrador de heroína (38% del total que se consume en Estados Unidos) y estimulantes farmacéuticos, el segundo de cocaína (detrás de Colombia) y el tercero de marihuana (después de Colombia y Jamaica). En el caso de la cocaína, México ni siquiera es productor, pero un 30% de la que llega a Estados Unidos pasa por este país, debido a las facilidades que ofrece una incontrolable frontera terrestre de 3.000 kilómetros.

Bajo este clima, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda, ha realizado esta semana tal vez su más dificil viaje a Washington. Contadora, tema preferido en otras ocasiones, ha sido suplantado esta vez por la droga. Al canciller, que no tiene ninguna jurisdicción sobre los cuerpos de seguridad, le tocó dar la cara por una policía que ni siquiera es fiable para los mexicanos.

Demasiadas pruebas

Sepúlveda aseguró que las acusaciones de corrupción e ineficacia en el caso de Camarena habían sido irresponsables y dijo que nadie le había dado pruebas serias. Mientras declaraba esto en Washington, cinco agentes de la policía judicial de Jalisco, encabezados por el comandante Víctor Manuel López, eran apresados como supuestos cómplices en el asesinato. Un informe oficial señaló que han reconocido su participación en el hecho. Otros 35 agentes están siendo interrogados.

El canciller declaró también que el caso Camarena no debía convertirse en un asunto de política exterior entre los dos países y que era preciso manejarlo dentro de la esfera policial. El subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos, John llomas, le rectificó al manifestar que el tráfico de drogas es un tema mayor en la agenda bilateral. El único aliento le vino paradójicamente del embajador Gavin, quien reconoció en Durango que el principal problema de estupefacientes está en Estados Unidos -principal consumidor-, aunque agregó que son abominables las pruebas de protección que se otorgan en México a los narcotraficantes.