Los arquitectos acusan a la autonomía de invadir competencias municipales

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acusó ayer a la Comunidad de Madrid de invadir competencias urbanísticas de los ayuntamientos y de los particulares, con procedimientos que "no parecen propios de un Estado democrático", con el pretexto de la necesidad de controlar y atajar el fenómeno de las urbanizaciones ilegales. El propio COAM reconoce, por otra parte, que el fenómeno "es gravísimo, ya que existen 107 urbanizaciones piratas, que ocupan 7.500 hectáreas de terreno, en las que se han construido 5.000 viviendas", según afirmó su presidente, Vicente Sánchez de León.

El COAM criticó duramente el Programa de Actuación elaborado por el Gobierno regional y aprobado por la Asamblea de Madrid el 12 de diciembre de 1984, dirigido a dotar a la Comunidad de una ley de carácter excepcional con la que poder tomar medidas drásticas contra las urbanizaciones ilegales existentes en Madrid.El Programa de Actuación, así como el Catálogo de Urbanizaciones Ilegales de Madrid, son documentos que la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente confeccionó por mandato de la Asamblea de Madrid, que el 7 de marzo de 1984 aprobó por unanimidad una proposición no de ley en este sentido. El catálogo especifica una por una las 107 urbanizaciones ¡legales de la región madrileña. El Programa de Actuación analiza los orígenes del fenómeno y su desarrollo, y, para atajarlo, reclama a la Asamblea que permita a la Comunidad adoptar medidas de actuación de carácter extraordinario, lo que la Asamblea aprobó en la fecha citada del 12 de diciembre de 1984.

Entre esas medidas, al margen de las puramente sancionadoras, figuran la posibilidad de que la comunidad "pueda ordenar y permitir el establecimiento de núcleos de población en suelo no urbanizable", así como elaborar planes de ordenación -a los que tendrían que acomodarse las normas urbanísticas de los Ayuntamientos- y "asignar a la comunidad la competencia de modificar los planes y normas" de dichos Ayuntamientos.

Según las palabras de Sánchez de León, la Comunidad de Madrid ha incumplido el propio mandato de la Asamblea, puesto que dicho mandato establecía que el Programa de Actuación, una vez aprobado, sería comunicado a los Ayuntamientos para que éstos pusieran en marcha las medidas, y sólo en el caso de incumplimiento municipal sería la propia comunidad la que se haría cargo de las actuaciones. El COAM entiende que, al margen de la invasión por parte de la comunidad de competencias municipales, el propio Programa de Actuación contempla la posibilidad de emplear procedimientos "excepcionales y autoritarios", que, si bien pueden ser "más eficaces y expeditivos, no parecen propios de un Estado democrático".

"El problema es gravísimo", afirmó Sánchez de León, "y estamos totalmente de acuerdo en que hay que acabar con él, pero en lo que no estamos de acuerdo, en absoluto, es en el método de aplicación que, a priori, nos parece un tanto arbitrario". El COAM se decantó por que "se dé un plazo no inferior a los seis meses para que los particulares o los Ayuntamientos puedan formular los instrumentos de planeamiento necesarios para la regulación de las urbanizaciones ilegales, de acuerdo con la normativa general que se determine, y controlada a través de una unidad de seguimiento de la Consejería de Ordenación Territorial".

Asimismo, "y con independencia de la regularización o legalización urbanística, sería necesaria la realización de los oportunos expedientes de legalizacíón de las edificaciones existentes", trabajos para los que el colegio ofrece su colaboración.