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Reportaje:El tráfico clandestino de los recién nacidos

El precio de un niño

La mitad de los bebés adoptados se legitima al margen de la ley

Las disposiciones legales para la adopción de niños en España facilitan que ésta se curse dentro del mercado negro. La fuerte demanda de recién nacidos y la complejidad legal que los adoptantes deben superar hasta conseguir un adoptado conducen a que muchos matrimonios sorteen esta vía u opten por otras menos complicadas y más rápidas: la del confesonario o la de la simple compraventa, a través de médicos cómplices e intermediarios sin escrúpulos.

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Ángeles Vidales y Victoria Mendoza, tía abuela de la niña nacida en la clínica de Santa Cristina de Madrid, lo hicieron muy mal. Su ignorancia, su falta de conocimiento del mundo y su incredulidad religiosa les han conducido a la cárcel.Ni Ángeles, ni Victoria, ni Mari Loles -la madre que la trajo al mundo- saben cómo se hacen estas cosas para que todo salga por lo legal, sin que nadie se entere, sin que les denuncien ante un juzgado, sin que la Prensa se eche encima como una marabunta y sin que vayan a parar a la cárcel.

Si hubieran sido creyentes y asistentes a la misa dominical, por lo menos, se habrían enterado, por el párroco de la iglesia que frecuentan, cómo funciona el sistema de adopción. Es el que utiliza la mayoría de los matrimonios sin hijos que ansían adoptar uno ajeno. El procedimiento es muy sencillo. El matrimonio entabla contacto con el párroco o el capellán de la orden religiosa que regenta la iglesia a la que pertenecen como feligreses y le expresa su propósito. El párroco recoge su deseo y le confía la posibilidad de satisfacerles, dado que se trata de un matrimonio de fiar, discreto, con recursos económicos suficientes para mantener y educar a un niño y de una moralidad intachable. Lo único que les recomienda es un poco de paciencia.

El plazo de espera suele oscilar entre los seis meses y el año, aunque últimamente se ha estirado algo más, a causa del control que ejercen algunas instituciones del Estado. Mientras tanto, el sacerdote o religioso traslada la petición a una religiosa amiga -asistente social- que asiste a las embarazadas solteras en una residencia regentada por hermanas de su orden o en la clínica donde dan a luz.

A partir de ahí, el proceso se simplifica. Muchas de las embarazadas acogidas en residencias especiales no desean tener a su hijos, y si tienen dudas, se les convence para que así sea. Su régimen libertino de vida no les capacita para ser madres responsables. En su caso, lo más adecuado es que entreguen sus hijos a un matrimonio que se haga cargo de él con todas las consecuencias y con las máximas garantías para su futura formación cristiana.

De esta manera, cuando se produce el alumbramiento, la madre no ve a su hijo. Se recupera físicamente y sale de la clínica como entró: con las manos vacias y un vientre menos pronunciado. Entre tanto, el matrimonio adoptante es avisado sigilosamente para que se presente en la clínica, donde se le entrega el bebé sin ninguna clase de filiación, como si hubiera caído del cielo.

A continuación, la religiosa le conduce hasta la residencia donde se hospedó la embarazada. Allí se le pone en evidencia lo que ha costado su mantenimiento, así como los gastos de las atenciones sanitarias en la maternidad: ¿200.000,400.000 pesetas? A esto hay que añadir la voluntad y los gastos del abogado que tramitará el asunto ante el registro, como si el niño hubiera nacido de las entrañas del matrimonio.

En estas condiciones, nadie probará jamás que ese niño no es hijo legítimo y biológico de la pareja que lo ha registrado como tal,

aunque no haya intervenido para nada en su concepción. Ni sus padres adoptivos, ni la monja y el sacerdote que han actuado como intermediarios, ni el abogado que les ha asesorado dirán jamás la verdad de lo sucedido, cómo cada uno de ellos ha intervenido en un encadenado de actuaciones completamente al margen de la ley.

Estas operaciones perfectas se rompen cuando algún eslabón quiebra el pacto de silencio. Son los casos cuyas rupturas parecen truenos, de lacerantes y crueles que parecen. Por ejemplo, el del matrimonio levantino -la región que más adopciones demanda- que devolvía a la antigua Inclusa de la Diputación de Madrid un niño de nueve meses que padecía politraumatismo cerebral congénito. Estos modestos labradores de secano habían adoptado, por el procedimiento descrito, a este niño cuando apenas había cumplido los tres meses. Pese a su inexperiencia, la pareja observaba que con el paso del tiempo el niño apenas registraba progreso alguno. Con el niño a cuestas, de clínica en clínica, los labradores acabaron con un diagnóstico de incurable en sus manos y su escasa fortuna en números rojos, arruinados. "Venimos a devolverlo; no podemos más", es todo lo que dijeron a la puerta de la Inclusa.

Un bebé en el frigorífico

Fue un caso excepcional. Los más frecuentes son los contrarios, los de aquellos niños que una vez adoptados son reclamados por sus auténticas madres o porque alguien no ha satisfecho el precio convenido por efectuar la operación. Una madre de Cieza (Murcia) presentó denuncia porque las 500.000 pesetas que le habían abonado por vender al hijo que había engendrado resultaron ser sólo un guarismo en un cheque sin fondos."Cualquier maternidad es un centro potencial para ser tentado por los cazadores de recién nacidos", dice la responsable de un centro oficial de adopción. Pero sólo en casos excepcionales se ha logrado probar que han cazado. En Zaragoza, la madre Asunción Vivas fue condenada por la Audiencia a cuatro meses de arresto mayor por el delito de sustracción de menores. La hermana de la Caridad María Gómez Valbuena, asistente social de la clínica Santa Cristina de Madrid -donde se efectuó el secuestro de la hija de Mari Loles-, se vio envuelta en tres denuncias presentadas por otras tantas madres, quienes la acusaban de haberle arrebatado a sus hijos para entregarles en adopción. Ninguno de los tres casos pudo ser probado, pero los hechos eran tan verosímiles que provocaron el traslado de la religiosa.

Otro tanto sucedió con Pura, una religiosa encargada de dirigir una residencia de madres solteras en Carabanchel. Muchos matrimonios felizmente padres adoptivos de criaturas nacidas en la clínica del Rosario, de la calle de Velázquez, en Madrid, y entregadas por la religiosa podrían dar fe de su intervención. Muchos de ellos se sienten tan agradecidos por sus nuevos hijos que por nada del mundo denunciarían la ilegalidad de su adopción. Sin que haya mediado denuncia pública alguna, el papel de sor Pura debió de alcanzar tal volumen de actividad que tanto los directivos del Consejo Superior de Menores como la Diputación de Madrid, bajo control socialista, mediaron para apartar a la orden de sor Pura de la dirección del centro de Carabanchel y encomendársela, bajo control, a la orden de las oblatas.

A esta decisión contribuyeron numerosas denuncias de madres solteras que acusaban a sor Pura de coaccionarlas para que se decidieran a entregar a sus futuros hijos. "A unas les decían que tenían la pelvis estrecha y que su hijo iba a salir malformado, y a otras, que, por sus condiciones morales o económicas, no eran dignas de sostener a un hijo como Dios manda".

Medio millón

En las clínicas de San Ramón (Madrid) y Benisalem (Mallorca), dirigidas, respectivamente, por el doctor Vela y la comadrona Margarita Campins, llegaron a métodos más sofisticados. En ambas maternidades tenían en depósito un bebé muerto congelado, que en algunos casos mostraban como suyo a la madre que acababa de dar a luz. Mientras el bebé muerto era reintegrado a su depósito refrigerado para seguir supliendo nuevos nacimientos, el auténtico, vivo, era vendido por 200.000 o 500.000 pesetas. El doctor Vela fue denunciado y acusado, además, de negligencia por la muerte de una madre y su hijo en el momento del parto. Cinco años después, los cargos contra Vela han sido archivados, y su caso, sobreseído por la Audiencia de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de marzo de 1985