20.000 en lista de espera

Jacinta Fernández tiene 34 años y lleva 13 de casada. La mayor ilusión de su vida es tener un niño. No trabaja fuera de casa. Quizá por eso le sobra tiempo para pensar en la suerte que no ha tenido de ver satisfecho su deseo. El calvario que eso le ha costado es una cadena de obstáculos sin fin. Empezó con un ginecólogo y ya ha perdido la cuenta de los consultados, por ver si aún puede ser madre. Que si las trompas obstruidas..., que si la microcirugía para ver si se dilatan..., y muy pocas esperanzas.Jacinta y su marido, Andrés, han decidido adoptar un niño, y para ello han escogido la vía legal. Creen que así evitan problemas. "Fuimos a la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA). Allí, un psicólogo y una asistente social nos entrevistaron para preguntarnos de todo; desde lo que ganábamos hasta nuestras actividades, los hobbies que tenemos, qué es lo que más nos ha gustado de la familia que hemos heredado y qué nos gustaría transmitir; en fin, un cuestionario completísimo".

Esto sucedió nada más cursar la petición de adopción, hace año y medio. Las noticias que acaban de recibir de la AEPA son estimulantes; les han dicho que están preseleccionados. Eso significa que el turno de recibir un niño les corresponderá dentro de un año, dado el ritmo de concesiones que cubren actualmente, unas 100 anuales, entre Madrid y provincias.

La AEPA, una institución de utilidad pública, surgió en los años sesenta como una necesidad para canalizar las adopciones ante los abusos que se cometían en el tráfico de los recién nacidos. Un tráfico potenciado por un vacío legal en las normas que regulan la adopción. Según éstas, el juez puede reconocer una adopción sin que medie la comparecencia de la madre biológica, aunque no conste su renuncia. La falta de medios de los juzgados españoles impide a sus titulares localizar a la madre y comprobar la legitimidad de la adopción. Una incomparecencia de la madre -porque haya vendido a su hijo o porque se lo hayan arrebatado sin su consentimiento- permite que el hijo sea registrado por sus padres adoptivos como hijo legítimo biológico.

Por el contrario, una madre que no haya formulado voluntariamente ese consentimiento se puede permitir chantajear -y de hecho ha ocurrido- a los padres adoptivos en los dos años siguientes a la adopción, con la amenaza de arrebatarles el niño si no pagan, ya que la ley ampara su potestad si alega que no se contó con ella.

Miret Magdalena, presidente del Consejo que tutela a los menores, comparte la denuncia que los organismos dedicados a la adopción formulan contra la actual legislación que prima la potestad de los padres biológicos -aunque tengan a sus hijos abandonados frente a quienes ejercen una paternidad deseada. En este sentido, invocan la aprobación del nuevo proyecto de ley que deposita en una sola institución pública la responsabilidad de ejecutar los expedientes de adopción. El proyecto también concibe la figura legal de acogidos para aquellos niños abandonados de hecho -más de 20.000 en España-, cuya custodia sería entregada a las familia que lo deseen.